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Póngase en contacto con la sede del FBI

Cuartel General del FBI
935 Pennsylvania Avenue, NW
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Nota: En este momento no tenemos un nacional de e-mail para preguntas o comentarios públicos. Algunas de nuestras oficinas locales del FBI , sin embargo, tienen sus propias direcciones de correo electrónico.

Nuestra sede se encuentra entre las calles 9 y 10 en el noroeste de Washington, DC Las paradas de metro más cercanas de metro son Federal Triangle en las líneas Naranja / Azul, Gallery Place / Chinatown y el Centro de Metro en la línea Roja y Archivos / Navy Memorial en el amarillo y el líneas verdes.

Otras Localidades

A medida que el FBI ha crecido, algunas de las funciones de la Sede se han trasladado a otros lugares. La Información de Justicia Criminal División de Servicios se encuentra en Clarksburg, West Virginia. La División de Laboratorio de la División de Tecnología Operativa, y la Academia del FBI se encuentran en Quantico, Virginia. Otros servicios especializados, tales como alta tecnología, centros de informática forense, se encuentran en diversos lugares de todo el país.

Estructura Organizacional

Vea el gráfico de la organización del FBI , la lista de los ejecutivos , y los divisiones y oficinas de la Sede .

El trabajo de la Sede

Los ejecutivos, agentes especiales, y el personal profesional que trabajan en nuestra sede nacional en Washington directa, organizar y coordinar las actividades del FBI en todo el mundo. Eso incluye:

• Establecer las prioridades y políticas de la Mesa;
• Garantizar la centralización y coordinación al más alto nivel;
• Ayudar a liderar la lucha contra el terrorismo, al servir como un centro de inteligencia e información;
• Proporcionar apoyo operativo y administrativo a las divisiones de campo y oficinas en el extranjero, y
• Tomando la delantera en el FBI en tiempos de crisis o emergencia nacional, dirigiendo caso importante y las operaciones.

Historia de la sede del FBI

Nuestra sede ha sido en este lugar desde mediados de 1970. Más información en nuestra historia de la página web de la sede del FBI . También leer sobre los f rezagos y pancartas fuera de la sede del FBI .

Piden al juez que el CNI averigüe quién cobró 7,8 millones de CAM en Suiza

La división hotelera Valfensal utilizó una sociedad con sede en las Antillas Holandesas para pagar una comisión por la compra de terrenos en Punta Cana

El abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), ha solicitado oficialmente al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que requiera la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para averiguar quién cobró una comisión de 10,3 millones de dólares -alrededor 7,8 millones de euros- abonada en Suiza por Valfensal, el grupo hotelero participado por la caja de ahorros alicantina.



Tal como consta en nuestra informaciones,  el pasado 2 de mayo, el informe encargado por el FROB a la auditora Deloitte acreditó este pago, que se hizo efectivo en marzo de 2005 mediante dos transferencias bancarias: una de un millón de dólares en la cuenta número CH0408661395025010000 del Rothschind Bank AG de Zurich (Suiza) y otro de 9,3 millones de dólares en la cuenta CH0408661395025090000 de la misma entidad.



Siempre según el informe de Deloitte, la titular de ambas cuentas es la empresa Caribbean Holiday Investment Corp, con sede en Panamá, si bien se desconocen quiénes fueron los beneficiarios finales de la transacción.



Caja Mediterráneo, dirigida en aquellos momentos por Roberto López Abad, aprobó en septiembre de 2004 la concesión de un crédito de 16,5 millones de dólares a Valfensal -grupo en el que poseía una participación del 30% de su accionariado- para construir un complejo turístico de 5 estrellas, con 700 habitaciones, en Playa Bávaro, en Punta Cana (República Dominicana).



El solar valía la mitad

Valfensal formalizó la compra de los terrenos cinco meses después, el 30 de marzo de 2005, por un precio de 5,2 millones de dólares. Pero tan sólo 24 horas antes, una de las filiales de Valfensal, JacksonPort Corporation, con sede en las Antillas Holandesas, había abonado otros 10,3 millones de dólares en concepto de «opción de compra» sobre los mismos terrenos, a través de las dos cuentas de Suiza.



Aunque este pago se declaró como «opción de compra», Deloitte lo define en su informe como una «comisión por intermediación en la compra de los terrenos». En consecuencia, Valfensal pagó 15,5 millones de dólares por unos terrenos cuyo precio oficial había sido fijado en la tercera parte, 5,2 millones.



Como ha informado este periódico, el apoderado de Valfensal, Juan Ferri, opuso numerosos reparos a la petición de los auditores para llevar al régimen de transparencia fiscal la mercantil JacksonPort Corporation, que fue precisamente la sociedad instrumental utilizada para efectuar el pago en Suiza. En un correo electrónico dirigido el 3 de octubre de 2007 al director general Roberto López Abad, el director de inversiones inmobiliarias de CAM, Daniel Gil afirmaba: «He hablado con Juan Ferri, que está en México, y dice que no puede poner en transparencia la sociedad porque podría hasta ir a la cárcel (han sido sus palabras)». Dicho correo electrónico está recogido en el informe de Deloitte.



En su escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, el abogado Diego de Ramón solicita al magistrado que requiera la colaboración del CNI y de las agencias estatales de Suiza y de Panamá para averiguar para averiguar quien retiró los 10,3 millones ingresados en Rothschind Bank AG de Zurich y para identificar a los responsables legales de la sociedad instrumental Caribbean Holiday Investment Corp, teórica destinataria de esta transacción.



El letrado, que representa los intereses de cerca de 500 inversores que perdieron sus ahorros en las cuotas participativas de la CAM, también solicita al juez Gómez Bermúdez que investigue otras operaciones financiadas por la caja, como los créditos otorgados por valor de 450 millones de euros al constructor Enrique Ortiz -imputado en los casos Brugal y Gürtel- pocas semanas antes de la intervención del Banco de España, o el crédito sindicado por valor de 1.200 millones de euros otorgado al grupo Polaris World.



Diego de Ramón ha dirigido al juez un segundo escrito en el que le pide que compruebe, a través de la Comisaría de Policía Nacional y la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, si los ex directores generales de CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós han cumplido las orden de entregar sus pasaportes, para evitar el riesgo de fuga.
DE nuevo recae sobres las estructuras del CNI la responsavilidad de investigar analizar y resolver, lo mas seguro, lo que otras intituciones de todo tipo no han  solucionado.. Suerte.

“Lío en Benalmádena”: potentes empresarios andaluces, espiados por la trama Pitiusa

Un grupo de potentes empresarios de Andalucía estaba bajo la lupa de los miembros de la red Pitiusa, desarticulada por la Policía barcelonesa el pasado mes de mayo.  Un escueto SMS enviado el pasado 22 de noviembre entre dos miembros de la trama anunciaba: “Lío en Benalmádena”. Y reclamaba datos de diversos empresarios. Al día siguiente, otro SMS redundaba sobre el particular: “Gravísimo. Ruedas urgentes. Fernando Guerrero Ros, con DNI (...), con domicilio en Málaga. Su hermano Pedro Guerrero Ros, con DNI (...). Tienen su domicilio en Benalmádena. Antonio Valdés Cosentino, con DNI (...) y con domicilio en Macael. José María Martín Delgado, con DNI (...) y domicilio en Málaga capital. Manuel Payán Sánchez, con DNi (...) y domicilio en Granada”. En otras palabras, estaba pidiendo los datos confidenciales que hubiese de esos empresarios.
Los mensajes eran enviados por el cántabro Juan Antonio Rama, alias Juanito, uno de los cerebros de la trama, al detective Aitor Gómez, de Bilbao, que tiene excelentes contactos en la Guardia Civil y en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los espiados no eran unos cualquiera. Martín Delgado fue el presidente de Air Andalus, catedrático de Derecho Financiero, consejero de Cultura con Manuel Chaves en los años 90 y posicionado como candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga en las últimas municipales. Antonio Valdés es el Rey del Mármol, propietario de Tino Stone Group, una multinacional andaluza que exporta revestimientos a medio mundo (de sus canteras salió el material para las mansiones de Claudia Schiffer y Fabio Capello, el palacio El Rocío de Marbella, el hotel Ritz de Singapur y los palacetes de jeques del petróleo). Fernando Ros había sido directivo de Air Madrid y luego director general de Andalus. Su hermano Pedro era director de Prisa en Málaga. Y Manuel Payán es copropietario de la cadena Congelados El Veleta, de Granada.
La compañía aérea en la que todos estaban involucrados se fue a pique a pesar delas ayudas públicas que recibió de la Junta de Andalucía. En realidad, José Antonio Griñán quería hacer de la misma la compañía bandera de la Junta e intentó reflotarla hasta el año 2009 con préstamos que iban a parar a un agujero negro sin fondo. Finalmente, Air Andalus dejó de operar en junio del 2010, con pérdidas reconocidas de 5,4 millones de euros.
El mismo día 23 de noviembre, un nuevo SMS se interesaba por otro grupo de empresarios: “Súper grave. Antecedentes penales y policiales. Alejandro Corominas Menéndez. Virgilio Andrés Domenech. Juan María de Mora Narváez. Antonio Rubio Merino”. E incluía los DNI de todos. Antonio Rubio es el director económico financiero de Prosegur, mientras que Juan María Mora es el director de Relaciones Humanas y Alejandro Corominas es director regional de la misma compañía.
Contactos con el CNI
Juanito sabía muy bien a quién enviaba esos mensajes. Y conocía que algunos espías echaban mano de sus contactos en los servicios de información del Estado para obtener datos confidenciales de empresas y ciudadanos. Así se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial durante meses. Los integrantes de la trama se referían al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como la “casa grande” y, cuando fallaban otras fuentes, el intermediario cántabro acudía a los contactos que un detective vasco, Aitor Gómez, tenía en esa institución.
“Este tío es el contacto que tengo ahí en la casa grande y me ha dicho que no tiene antecedentes”, dice Aitor a Juan Antonio Rama (uno de los cerebros de la trama) en una conversación mantenida el pasado 17 de octubre. Ambos hablan sin tapujos delas fuentes que tienen en diversas instituciones, pero evitan dar detalles que puedan identificarlas.
No son los únicos con gargantas profundas en las alcantarillas del Estado. El hacker Matías Bevilacqua, que regenta una empresa de investigación informática en Barcelona, admitió ante la Policía que en el momento de su detención, el pasado mes de mayo, estaba trabajando para “el Ministerio de Defensa”. Un eufemismo, sin duda. En el sector de la investigación, se señala que “es público que Matías ha hecho trabajos para el CNI, lo cual no quiere decir que sea agente, sino que sólo es colaborador puntual”. En su oficina, la Policía incautó más de 143.000 euros en varios sobres que, según manifestó, provenían de Defensa.
Otro intermediario, Javier Chavero, con una empresa de investigación en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat, no tuvo tampoco reparos en declarar a la Policía que manejaba, en ocasiones, información confidencial, pero que es “colaborador habitual de la Unidad de Información Exterior de la Comisaría General de Información de Madrid, en asuntos de extranjería y de islamismo radical de la comunidad pakistaní y Norte de África”. Además, sostuvo que no conocía personalmente a los policías con los que contactaba, sino que los conocía por apodos y las comunicaciones se hacían siempre a través de cabinas telefónicas”. Digno, pues, de una novela del mismísimo Eduardo Mendoza.

Los servicios de inteligencia investigan la existencia de infiltrados de Al Qaeda en el Ejército español. La CIA alerta de posibles soldados radicales en los regimientos de Ceuta y Melilla

Los servicios de inteligencia españoles han intensificado la búsqueda de posibles elementos de corte yihadista en el Ejército de Tierra. El origen de este movimiento es una advertencia de la CIA estadounidense tras detectar contactos de militares norteamericanos con radicales y posibles réplicas en España.

Los regimientos de Ceuta y Melilla se han convertido en el principal objetivo de investigación por parte de los servicios de inteligencia españoles. Fuentes de toda solvencia consultadas, confirman que las pesquisas se mantienen abiertas desde hace un año pero se han intensificado en los últimos meses.
Los analistas buscan un perfil de soldado diferente al “clásico”: individuos que no muestren especial identificación con la cultura islámica y parezcan incluso ‘occidentalizados’: que beban alcohol, que fumen, que coman sin respetar las restricciones impuestas por el Corán y que no participen de actos religiosos de la comunidad musulmana local.
Se trata de una técnica de camuflaje muy utilizada por el terrorismo islámico que opera en Occidente, sobre todo por la rama radical Takfir wal-Hijra, cada vez más presente en España. Durante operaciones de yihad, los combatientes pueden eludir cualquier obligación religiosa, e incluso ‘jurar’ lealtad a un ‘enemigo’ extranjero.
Las fuentes consultadas hablan –con muchas reservas- de la existencia en España de media docena de casos preocupantes, con militares que podrían estar utilizando o participado activamente en algún foro de tendencia islamista, principal medio de intercomunicación y captación de estas redes. Las investigaciones, al menos hasta el momento, “no han sido concluyentes”.
Investigación de FBI y CIA
La alerta inicial, que ha puesto sobre la pista a España, parte de una larga investigación iniciada por el FBI y la CIA tras el asesinato en 2009 de 13 soldados en Fort Hood (Texas). Aquel atentado fue obra de Nidal Hassan, un militar infiltrado por Al Qaeda en las filas norteamericanas.
Las inquietantes conclusiones preliminares de ese informe se filtraron a la prensa estadounidense hace una semana: cerca de un centenar de militares de la U.S. Army y del Cuerpo de Marines habrían mantenido vínculos con extremistas peligrosos, algunos de los cuales podrían estar preparando más ataques. Entre los sospechosos hay también civiles con acceso a instalaciones militares y hasta reservistas.
Durante sus investigaciones, el FBI detectó vínculos con militares de países aliados. Según se ha sabido , estas informaciones fueron trasladadas a través de la CIA y de componentes de la inteligencia militar a aquellos Estados susceptibles de convertirse en objetivo prioritario de islamistas. Entre ellos Reino Unido, Alemania, Francia y, por supuesto, España.
Las fuentes de inteligencia y voces militares consultadas por ECD han constatado que la alerta estadounidense resulta “muy preocupante” sobre todo en el caso de Francia, pero también en nuestro país.
Musulmanes fieles, militares leales
Pese a la existencia de elementos sospechosos en las tropas españolas, las mismas fuentes aseguran que la islamización radical no es la tónica general –“ni mucho menos”- de los musulmanes integrados en el Ejército español.
En Ceuta y Melilla, casi la mitad de la dotación militar es de confesión musulmana. En algunos casos, muy practicantes. Sin embargo, los resultados obtenidos durante años de observación no habían revelado hasta ahora nada preocupante.
Por aquel entonces, fuentes militares recordaron que los militares de confesión musulmana destinados en las dos ciudades autónomas del norte de África combinaban sin problema su faceta castrense con las peculiaridades de su religión.
Los viernes, con permiso especial de sus superiores, los militares musulmanes salen de sus cuarteles dos horas antes del fin de su jornada –entorno a las 12 de la mañana- para dirigirse a las mezquitas y asistir al rezo.
Se han detectado casos de cabos que han llegado incluso a dirigir el rezo cuando no podía ocuparse de la tarea el imam principal de la mezquita. Esta tarea requiere un conocimiento profundo de las escrituras del Corán.

La red de tráfico de datos mantenía estrechos contactos con agentes del CNI

En el sumario consta una operación supervisada por jefes del servicio de espionaje

Varios de los implicados en la red de tráfico de datos desarticulada por la policía el pasado mayo aparecen vinculados con espías del Centro Nacional de Inteligencia, el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno informaciones de interés para el Estado. A lo largo de los más de 16.000 folios del sumario de la Operación Pitiusa se ven contactos con agentes del CNI, a los que un grupo de sospechosos se refiere con el nombre en clave de Los ranas.

Los estrechos lazos que los integrantes de la trama mantenían con agentes del CNI quedaron confirmados también cuando estos últimos contactaron con la policía para interesarse por las acusaciones que pesaban sobre sus amigos detenidos. Lo que no queda claro es qué tipo de relación había entre unos y otros, aunque hay indicios de que los espías del CNI usaban a los detectives y colaboradores que conformaban el inmenso comercio de datos secretos.

Las investigaciones realizadas durante un año por la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona culminaron el pasado mayo. Como consecuencia de la operación hay más de 150 imputados, entre ellos detectives privados, funcionarios de Hacienda, el Inem, el Catastro, la Seguridad Social, guardias civiles y colaboradores de otro tipo. Entre ellos manejaban una "ingente" cantidad de datos secretos que supuestamente vendían a empresas y particulares, además de hacer trabajos por encargo, como penetrar en el ordenador de una persona para robarle todo el contenido de su disco duro.




La conexión del CNI con este entramado es palpable, por ejemplo, en las conversaciones telefónicas grabadas por la policía al detective Aitor Gómez y un tal Tino en relación con una operación destinada a descubrir una red de contrabando de tabaco. Aitor Gómez es el hombre de la agencia Winterman en Bilbao, mientras Tino aparece algo así como un colaborador de este en Ourense.



Al referirse a un infiltrado al que van a usar a tal fin, Tino le dice a su compañero: "Temo que pueda manipularnos a todos. Es un líder". Tino, preocupado porque va a meterse "en un merengue muy gordo", admite que tiene un "problema" por unos antecedentes por intrusismo profesional, y añade que prefiere no pedir "un segundo favor" a su primo, nombre en clave con el que designa a su contacto del CNI en Galicia, según fuentes policiales.



De los pinchazos telefónicos se desprende que Guardia Civil y CNI investigaron el contrabando gracias a sus contactos con detectives, que vigilaban a un tal Songo y a una mujer. Estos importaban 20 contenedores de Marlboro al mes. La mercancía ilícita entraba por el puerto de Valencia. La tabaquera Philip Morris —propietaria de marcas como Marlboro, Chesterfield y L&M— quiso poner fin a esa situación y solicitó, supuestamente, la investigación a una agencia de detectives.



Aitor y Tino se reunieron en un hotel de Madrid a la asistieron mandos de la Guardia Civil (los verdes, como aparecen en el sumario) y miembros del Centro Nacional de Inteligencia en Vigo, a los que apodan Los ranas. Ambos están inquietos y son conscientes de la "importancia" del caso. Aitor discute con un hombre no identificado sobre la fecha de la reunión. "Espérate, déjame verificar si Guardia Civil me dijera que sí seguro, porque no lo sé, tío", dice ese interlocutor anónimo, que en alguna ocasión le llama desde la Comandancia de Vitoria.




Aitor le explica a ese interlocutor, miembro de la Guardia Civil, que es una "operación del CESID" [antiguo nombre del CNI], y que va a ser este servicio el que "decida quién lo va a reventar, si lo revienta la policía nacional, los verdes o nuestra gente". No obstante, Aitor Gómez insiste en que "quien va a llevar la voz cantante" es el CNI. El propio guardia civil reconoce que el cuerpo andaba detrás de este asunto desde hacía año y medio y que se dirigió a Aitor para "tener más datos".



"Si vienen los del centro [de inteligencia] es para dar cobertura al informante, no para organizar ellos nada (...) Es simplemente de protección, porque no se fían de la Guardia Civil, que es lo que me dijiste", apunta el guardia al detective.



Tras la reunión, Aitor y Tino se muestran preocupados por si el caso está judicializado o no. "De eso depende que podamos sacar adelante nosotros el tema con la información que tenemos", recalca Aitor en una conversación.



Otro de los imputados que mantiene contactos con el CNI es Matías Bevilacqua-Brechbuhler, que desempeña un papel fundamental en la trama de tráfico de datos. Bevilacqua, un hacker de 36 años y de origen argentino, hace trabajos para dos de los detectives que cayeron en la redada policial: Sara Dionisio y Juan Manuel Olivera. Todos ellos habían coincidido, junto al policía local Sergio Corcoles en la empresa Cybex.



Al ser detenido, Bevilacqua ya avisó a los policías de Barcelona que hacía trabajos delicados para los servicios de inteligencia españoles. En prueba de ello, facilitó un número de teléfono y el nombre en clave de "don Aquiles", el oficial de enlace del CNI para el que trabajaba. Don Aquiles corroboró después su versión.



En el extenso sumario judicial hay un tercer nexo que revela los contactos de la trama de tráfico de datos con el CNI: la llamada telefónica de José Moraga, de Madrid, a Sergio Corcoles, policía local de Santa Maria de Palautordera (Barcelona), cuya intensa actividad supuestamente ilegal fue el origen de la investigación. Moraga le dice que ha logrado su número de teléfono a través de "un amiguete del CNI". De ahí se deduce que Corcoles tenía contactos con miembros del CNI con los que presuntamente intercambiaba información, según fuentes policiales.

La red que espió a Telma Ortiz grabó al marido de Cospedal

El marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, fue grabado el pasado mes de septiembre en uno de los restaurantes de moda de Madrid por la red de tráfico ilegal de información que encargó el espionaje de Telma Ortiz, como desvelo la revista 'Interviú'.

Según fuentes policiales, un ejecutivo pagó 20.000 euros por la grabación que dos detectives realizaron a Ignacio López del Hierro, esposo de la dirigente popular, mientras almorzaba con dos directivos de la empresa Neoris en el restaurante Ten con Ten, de Madrid, precisamente uno de los locales preferidos de la princesa de Asturias para quedar a comer con sus amigos.




Sin embargo, los investigadores desconocen aún quién pidió la información de la hermana de Letizia con la intención de publicarla en un medio de comunicación. La red, desarticulada el pasado mes de septiembre por la policía de Barcelona, vendía mensualmente información confidencial de 3.000 personas. En la operación fueron detenidas 189 personas, entre ellas, detectives privados, policías y funcionarios.

ESPIONAJE EN MASA

El Estado no puede consentir el tráfico de datos de los ciudadanos ni la cultura de la impunidad

Personas de relevancia pública como Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, o Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han sido espiadas por la red de tráfico ilegal de datos investigada por la policía. Que aparezcan nombres conocidos no es el hecho más llamativo, sino la existencia y funcionamiento de una organización criminal, presuntamente en torno a detectives, dedicada a traficar con datos confidenciales a gran escala: declaraciones de Hacienda, movimientos de cuentas bancarias, historiales médicos (hasta de niños), listados de llamadas telefónicas, controles de conversaciones ajenas. Miles de personas eran espiadas con la ayuda de funcionarios situados en zonas sensibles del Estado (Hacienda, Policía, Guardia Civil, Seguridad Social, Sanidad, Inem, Catastro, Tráfico, registros de la propiedad, juzgados...) y la de empleados de entidades financieras u operadores telefónicos. A la vista de la enorme cantidad de peticiones que los jefes de la red hacían a sus proveedores —a alguno le exigían 150 expedientes diarios—, se comprende que la policía hable de un tráfico “ingente”.




Cuando una red de espionaje privado ha podido funcionar durante muchos años, sin ser molestada, es que un numeroso y heterogéneo conjunto de personas se creían poco menos que impunes. En el sumario aparecen inquietantes indicios de conexiones entre elementos de esa red y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algunos de cuyos controladores de fuentes se interesaron por varios de los implicados a medida que eran detenidos. Es de esperar que las investigaciones, conducidas por un juzgado de Barcelona sirvan también para esclarecer si había algún consumidor particularmente goloso de los datos espiados y en manos de quién han acabado.



No solo los cabecillas y vendedores de información confidencial, sino los funcionarios o empleados que revelan datos ilegalmente deberían sentir todo el peso de la ley. El problema, precisamente, es la relativa levedad de ese peso. El artículo 18 de la Constitución proclama “el secreto de las comunicaciones”, “el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, y plantea limitaciones al “uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Pero resulta difícil encontrar derechos tan largamente violados como los del artículo 18.



La falta de facultades de control y de penas severas explican la extensa difusión social de la cultura de la permisividad sobre las intromisiones en la intimidad. Empresas y ciudadanos no vacilan en cometer delitos con tal de obtener armas con las que luchar contra competidores o mejorar sus posiciones en pleitos o contenciosos privados. No se trata de “corruptelas menores”, sino de un cáncer que los poderes públicos tienen que combatir con toda contundencia.

Bancos, seguros y abogados, principales clientes de la red de tráfico de datos

Los mejores clientes de la trama de venta de datos desarticulada por la policía de Barcelona eran las entidades bancarias, las aseguradoras, las agencias de cobro de morosos, los despachos de abogados y las grandes empresas, según fuentes de la investigación. En las 300 conversaciones transcritas por los investigadores, tras los pinchazos telefónicos autorizados por el juez, se repiten los nombres de este tipo de entidades. No obstante, lo que puede aportar una mejor radiografía de este escándalo son los 80 discos duros informáticos decomisados a los detectives privados e intermediarios detenidos.



Entre las víctimas de esta organización más destacadas están Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, e Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. Pero aparte de ellos hay directivos de empresas, trabajadores y personas muy diversas que eran coaccionadas mediante los datos obtenidos ilegalmente por la trama de espías y los funcionarios corruptos que les facilitaban los expedientes a cambio de dinero.



El volumen de información que manejaba esta auténtica telaraña era ingente. Prueba de ello es una conversación telefónica que un tal Francisco P., un intermediario muy activo, mantuvo en enero pasado con una funcionaria del Inem de Badalona (Barcelona). En la charla, el tal Francisco le dice: “A partir del lunes, vas a tener miles para hacer. Me piden un mínimo de cien o doscientos diarios”. La policía cree que esa cifra corresponde a expedientes laborales que ella debería obtener de forma clandestina.



Otro conseguidor muy destacado es Juan Antonio R., un detective radicado en Cantabria, especializado en captar datos en Hacienda para posteriormente vendérselos a otros detectives o a diferentes entidades.



Los tentáculos de la red disponían también de información tan sensible como historiales clínicos. Para ello, no dudaban en hacerse pasar por médicos, como hizo en una ocasión Jordi A., un detective de la provincia de Barcelona, que consiguió telefónicamente que una doctora de Canarias le diera el historial personal del trabajador de una empresa.



Al margen de la compra de datos a funcionarios corruptos, la organización tenía en su entramado a personas como Matías B., un habilidoso ingeniero informático de Barcelona que ha trabajado mucho para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Por medio de él, lograban penetrar en los discos duros de las personas a las que alguien quería atacar, lo que les permitía tener acceso a sus correos electrónicos y a todo el contenido de sus ordenadores. De esa forma, se apoderaban de información comprometida que más tarde lavaban haciendo que la víctima —generalmente un trabajador al que una empresa quería despedir— accediese voluntariamente a abrir su ordenador en presencia de un notario.



Las investigaciones de los policías de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona han revelado también que alguno de los detenidos se jactaba telefónicamente de estar en posesión del censo actualizado de los habitantes de las principales ciudades de España, pese a que tales datos están protegidos por el secreto.



Alguno de los 150 detenidos en la Operación Pitiusa no tuvo ningún escrúpulo en suplantar la identidad de una persona fallecida para así no dejar rastro de su oscura actividad.



“La redada ha causado una auténtica conmoción. Ahora está todo parado. Es imposible obtener ningún dato”, ha declarado a EL PAÍS un detective madrileño.

2012/06/19La inteligencia alemana, vinculada con una trama de asesinatos neonazis

Durante 13 años, un grupo de neonazis acabó con la vida de una decena de inmigrantes. Un nuevo dictamen pericial contradice la versión de la policía

En realidad, Enver Simsek no debería haber estado en Núremberg aquel 9 de septiembre del 2000. Pero su empleado estaba enfermo y fue por eso que aquel vendedor de flores de 38 años se puso en camino. Unas pocas horas más tarde caía al suelo víctima de ocho balazos. Simsek es la primera víctima de una serie de asesinatos en la que fallecieron nueve emigrantes (ocho turco- alemanes y un griego), así como una joven policía. Esta historia no va sólo de neonazis, los clandestinos nacionalsocialistas (Nationalsozialistischer Untergrund [NSU], en alemán). Es también la cronología de un escándalo. Aunque la policía y los servicios secretos conocían a los dos hombres y a la mujer que cometieron los asesinatos, los tres llevaron una vida cuasinormal

Un final de película

En noviembre de 2011 terminó la huida de los neonazis. Después de asaltar un banco, dos hombres abandonaban la escena del crimen, según un testigo. Según la versión oficial, los dos radicales de derechas se suicidaron poco antes de la posible detención. La cómplice está desde entonces en prisión preventiva y se niega a declarar. Hace unos días, una comisión de investigación a cargo de un juez que formó parte del Constitucional publicó un informe sobre el trabajo de los servicios de inteligencia en relación al caso. El informe, de 273 páginas, documenta la extensión de los fallos de la investigación, que hace difícil creer que solamente se trate de incompetencia.



Echemos una ojeada al pasado. En 1996 se formó la organización neonazi Protectores de la Patria Turingia (TuringischeHeimatschutz, en alemán). Uno de sus líderes es Tino Brandt, que al mismo tiempo trabajó como confidente para el centro nacional de inteligencia. También las tres personas que más tarde constituirían la NSU fueron miembros activos de dicha organización. En enero de 1998, la policía hizo un registro en un garaje alquilado por el trío y encontró material explosivo y bombas de fabricación casera. A pesar de la operación, los neonazis consiguieron huir. Se instalaron a cien kilómetros de su pueblo natal. Según la investigación, el servicio secreto alemán aconsejó a los padres de uno de los neonazis que se comunicasen con su hijo solamente a través de cabinas de teléfono públicas, ya que la policía tenía pinchado su teléfono. Ya en 1999 se podría haber detectado a los tres neonazis. La unidad policial especializada que estaba planeando su detención fue anulada. Los motivos aún no han sido explicados por el ministro responsable.



Para financiar su vida en la ilegalidad, los nazis atracaban bancos. A finales de 2000, tuvo lugar el primer atentado en una estación de tren de Düsseldorf. Diez inmigrantes resultaron heridos. Unas semanas más tarde comenzó la serie de asesinatos. Por qué acabó en 2007 sigue siendo un misterio. Lo que es seguro es que los investigadores ignoraron todas las pruebas que apuntaban a la extrema derecha. En lugar de eso, los criminalistas sospecharon de los asesinados y de sus allegados. La policía supuso que los disparos eran consecuencia de confrontaciones entre bandas turcas de vendedores de drogas. Los medios hablaron de los “asesinos del Döner”, de un “mundo paralelo impenetrable de los turcos” que “protege a los asesinos”. Mientras, en la escena de la derecha no era ningún secreto quién estaba detrás de los asesinatos. “Muchas gracias al NSU que ha dado sus frutos. La lucha continúa”, se podía leer en 2002 en el diario de extrema derecha El Lobo Blanco (Der weisse Wolf). El responsable de la publicación era un neonazi que hoy se sienta en el Parlamento de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con el partido de extrema derecha NPD.



Una mirada al trabajo de los “Guardianes de la Constitución” (así se llama en alemán el servicio de inteligencia) arroja raras incongruencias. Un ejemplo: antes de que la terrorista del NSU Beate Zschäpe se presentase ante la policía, voló por los aires la guarida del trío, una casa en la ciudad de Zwickau. En las ruinas aparecieron varios “papeles ilegales”. “Estos pasaportes los reciben normalmente los informantes encubiertos que trabajan para los servicios de información del Estado”, dijo el diputado del conservador CSU Hans- Peter Uhl.



Otro ejemplo: en el caso jugó un importante papel el por aquel entonces jefe del servicio de inteligencia de Turingia, Helmut Roewer. En 2000 fue despedido después de que se conociese que había pagado 25.000 euros a un conocido neonazi. “Había una gran camaradería entre la inteligencia y la extrema derecha, que convivían en una atmósfera amistosa“, dice Bodo Ramelow, el jefe del partido Die Linke en Turingia. Para él está claro que el servicio de inteligencia tuvo algo que ver con la desaparición del trío de neonazis. También queda por aclarar el hecho de que el asesinato de Halit Yozgat, en 2006 en Kassel, se produjese enfrente de un cibercafé propiedad de un funcionario del servicio secreto del Estado de Hesse.



Esta alianza entre el servicio secreto y los neonazis no es nueva. En 2002 fracasó un intento de prohibir el partido NPD. El motivo: importantes funcionarios de ese partido trabajaban también para el servicio de inteligencia alemán.

Los " culturetas" de la Inteligencia.

El domingo 10 de junio se daba noticia en esta misma web del nacimiento de una curiosa “Asociación de Ex Miembros del Servicio de Inteligencia Español (AEMSIE)”. El tema se trataba con tanta objetividad que incluso se reproducía íntegramente el artículo de presentación publicado al respecto por uno de sus promotores, el general Ricardo Martínez Isidoro.




Como quiera que en aquella primera noticia crítica sobre AEMSIE (titulada “Los antiguos espías españoles quieren seguir en la brecha, dale que dale”), ya se advertía que si se abría un debate sobre el tema no iba a dejar de animarse, vaya, pues, de inmediato, esta opinión rápida y libre sobre el tema.



Congratula que, atendiendo a una de las primeras críticas lanzadas contra AEMSIE, su presidente, el coronel Juan Martín Roy, proveniente del Ejército de Tierra, haya rectificado a través de la Agencia EFE (16/06/2012) la presentación inicial de la asociación, que dejaba muy clara su exclusiva apertura a los antiguos miembros del CESID y del CNI, excluyendo a los del SECED, que fue la organización fundacional de los Servicios de Inteligencia. Un cambio de criterio plausible, aunque sólo sea como salvaguarda del principio de igualdad constitucional.



Lo que nos parece mucho más discutible es que el principal objetivo de la AEMSIE, cosa en la que insisten sus promotores, sea verdaderamente el de “difundir la cultura de Inteligencia”. Añadiendo que eso es así porque, en su opinión, “la sociedad no tiene muy claro la necesidad de los servicios de inteligencia y su labor”.



No vamos a entrar en si la sociedad española tiene o no tiene clara dicha necesidad, ni, mucho menos, si conoce o quiere conocer la labor que desarrollan los Servicios de Inteligencia, secreta prácticamente en todos sus términos, no tanto por su propia naturaleza como porque así lo establece de forma tajante el artículo 5.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. Lo que en todo caso rechina y choca con el buen entendimiento es que, si de verdad se quieren alcanzar esos objetivos, el instrumento para lograrlo sea este tipo de asociaciones de espías eméritos, en vez de una adecuada política de comunicación del CNI o del propio Ministerio de Presidencia del que depende.



Cualquier persona informada en la materia, sabe, por ejemplo, que sin una adecuada industria militar que la soporte, la defensa nacional es una pura entelequia, y que, siguiendo esa misma línea argumental, cuando un país carece de tecnología propia, en ese terreno específico y en otros ámbitos estratégicos concomitantes, la soberanía nacional simplemente no existe.



Estando a lo que estamos, es igual de evidente que sin una cultura de Defensa, la cultura de Inteligencia reclamada por AEMSIE es pura filfa y que, sin una cultura Nacional, el Estado es poco más que una teoría o un mero simulacro administrativo. Pero es que, sin cultura a secas, sobre todo en la versión alemana (kultur) de “cultura-educación” y “cultura-nación”, que hoy por hoy en España falta a espuertas, ¿qué significa la “cultura de Inteligencia”…? Pues nada de nada.



Dicho de otra forma, si el Servicio de Inteligencia tiene por responsabilidad principal la de defender “la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones”, es decir la de servir a la Defensa Nacional, es obvio que lo que entonces se debe priorizar, y con razón, es la “cultura de Defensa”. Ese es un esfuerzo/necesidad nacido a raíz de que la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, impusiera un nuevo modelo de Fuerzas Armadas plenamente profesionales, rompiendo la cohesión que hasta entonces, y aun siendo débil, existía entre éstas y la sociedad civil a través del servicio militar obligatorio.



No obstante, la realidad es que en la actualidad este esfuerzo/necesidad para promover la “cultura de Defensa”, esta sumido en el mayor de los fracasos. Y no sólo por razones presupuestarias, sino porque, cuando ha existido dotación económica para ello, que la hubo, su diseño ejecutivo ha primado el interés endogámico y doctrinal de las Fuerzas Armadas, e incluso sus expresiones más académicas, frente al contacto real y llano con la base social...



Entonces, ¿qué sentido tiene en estos momentos difundir una “cultura de Inteligencia” de escaso contenido e interés social y sin subordinarla a una prioritaria “cultura de Defensa”? Quizás el de querer consolidar la generosa mamandurria de las ayudas económicas que le viene prestando la tesorería del CNI; es decir, el de seguir tirando el dinero de “la Casa” por la ventana y el de que algunos de sus fieles más recalcitrantes sigan mamando de sus tetillas, antes y después de jubilarse.



Durante la etapa en la que estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Josep Borrell puso de moda el término “ecologeta” para distinguir a quienes pretendían vivir del falso ecologismo de quienes, plenamente informados, eran auténticos ecologistas entregados al servicio de una vocación socialmente admirable.



En una materia tan delicada y cuestionada como la Inteligencia Nacional, también convendría distinguir entre los Oficiales de Inteligencia (agentes y analistas del CNI) con vocación de verdadero servicio a España, socialmente algo más que respetables, y los “culturetas” de la Inteligencia.



Si la AEMSIE continúa su legítima campaña de auto propaganda, estaremos encantados de seguir debatiendo el tema.



*Fernando J. Muniesa es analista y consultor de Defensa y Seguridad

EE.UU. construye en secreto la mayor base de espionaje del mundo

La “guerra del ciberespacio”. La Agencia Nacional de Seguridad (NSA) alista un gigantesco centro de datos en Utah, donde instalará sofisticada tecnología para vigilar Internet y otros medios. En una pequeña y somnolienta comunidad del oeste de Estados Unidos, donde la mayoría de sus casi 7.000 habitantes son mormones, la comunidad de inteligencia está levantando el centro de espionaje más grande que el mundo haya conocido hasta ahora.

La ciudad se llama Bluffdale y se encuentra en el estado desértico y montañoso de Utah, cuya población mira con asombro el gigante que está construyendo el cuerpo de ingenieros del Ejército. Se trata de la nueva base de la poderosa National Security Agency (NSA), que se convertirá en el corazón de un colosal tablero mundial destinado a espiar cada rincón del planeta que considere hostil o afecte los intereses de Washington. Es, tal vez, el paso más beligerante que da EE.UU. en la llamada “guerra del ciberespacio”.

Carroll F. Pollett, director de la Agencia de Defensa de Sistemas de Información (DISA), lo explicó con claridad en una sesión en el Congreso. “ El ciberespacio se ha convertido en un nuevo campo de batalla . Ha adquirido una importancia similar a la que tienen los otros, tierra, mar, aire y espacio. Está claro que debemos defenderlo y volverlo operativo”. En lenguaje militar, el ciberespacio es denominado “quinto campo de batalla”.

El centro de datos de Bluffdale es una descomunal estructura –cinco veces el tamaño del Capitolio– que albergará la más moderna tecnología destinada a interceptar, almacenar, descifrar y analizar la compleja red de comunicaciones del globo. Sus veloces computadoras deglutirán inconmensurables datos captados por los satélites, extraídos de la red de celulares y arrebatados a la Web. En su primera etapa el emprendimiento se mantuvo en estricto secreto hasta que salió a la luz por una investigación del periodista James Bamford, experto en inteligencia, en Threat Leve l, un medio especializado en seguridad.

El amo de esta omnisciente instalación es la NSA, la agencia más poderosa y enigmática de EE.UU., cuya capacidad y recursos dejaron muy atrás a la CIA y al FBI. Su especialidad son las comunicaciones y el criptoanálisis. Es, básicamente, un “Gran Hermano” de formidables dimensiones. Para ello dispone desde hace más de tres décadas de la polémica red de espionaje Echelon, basada en satélites alrededor del planeta.

Este nuevo bunker de la NSA costará unos 2.000 millones de dólares y se espera que lo terminen el año próximo. Pese al aura de secreto, medios estadounidenses adelantaron que constará de cuatro salas de 2.300 metros cuadrados, cada una de ellas llena de servidores. A esto hay que agregarle otras plantas, de medidas similares, destinadas al sector técnico y administrativo. Tal cantidad de equipos necesita un enorme poder de refrigeración y esto, a su vez, de energía. Se presume que consumirá el promedio de electricidad que utiliza habitualmente una pequeña ciudad. Todo el complejo será autosuficiente.

Su funcionamiento, una vez terminado, será el siguiente. Tomará la información recogida por los satélites –particularmente de la red Echelon–, los datos provenientes de agencias en el exterior y las comunicaciones interceptadas en los centros de vigilancia instalados en el mundo, para luego depurar, analizar y determinar que es relevante para la sede madre de NSA en Maryland.

Si bien el proyecto se concreta ahora, tiene su origen en una iniciativa que la NSA impulsó durante el gobierno de George W. Bush tras el 11/S, que se conoció como “Stellar Wind” (viento estelar). Esta actividad de espionaje resultó tan controvertida y peligrosa para los propios estadounidenses que el Parlamento se opuso, y terminó anulándola. Pero desde hace unos años volvió con fuerza. El punto que genera mayor incógnita en este proyecto tiene que ver con la monstruosa cantidad de datos que podrán escanear los equipos de la NSA. De hecho será enormemente superior a lo que se hace actualmente, que de por sí es asombroso.

Más allá de los controles para mantener la seguridad interna, los servicios de inteligencia estadounidenses apuntan ahora a detener los continuos ciberataques chinos que sufrieron agencias del gobierno y empresas , tanto militares como comerciales. Hoy, en esta gran guerra tecnológica desplegada por las potencias, donde el robo industrial se convirtió en un hecho cotidiano, los grandes enemigos para EE.UU. son China y Rusia, y en menor medida Corea del Norte e Irán. En este marco no se sabe muy bien si la gran central de la NSA busca proteger el país contra los ciberataques y descubrir células terroristas, o incursionar con mayor capacidad en el espionaje comercial. El general Keith Alexander, director de la NSA, expuso la cuestión en una comisión del Congreso: “ Necesitamos hacer que sea más difícil para los chinos hacer lo que están haciendo . La propiedad intelectual no está bien protegida, y podemos hacer un mejor trabajo protegiéndola”.

Desde la otra vereda, el coordinador especial de Rusia en tecnología de la información, Andrey Krutskikh, resumió el escenario con estas palabras: “Tenemos una situación en la que se producen millones de ataques de hackers contra nuestro dinero, contra nuestras empresas, en nuestras computadoras privadas, significa que es una forma nueva de confrontación ”.

Para los especialistas, la guerra del ciberespacio entró en una nueva y peligrosa fase, donde el desarrollo tecnológico será fuente de poder y control.

“Estamos a una pequeña distancia del Estado totalitario” , advirtió el ex integrante de la NSA William Binney. Y sus palabras hacen pensar que tal vez no se comprendió a tiempo lo que en su momento planteó Ray Bradbury: “No intento describir el futuro; intento prevenirlo”.

No difundirán las cintas de la matanza de Francia

PARIS.- La cadena Al-Jazeera decidió ayer no difundir las imágenes de los siete asesinatos perpetrados por Mohammed Merah, enviadas ayer a la cadena de televisión, y ahora los servicios de inteligencia franceses creen que obtendrán una montaña de información sobre los interrogantes que quedaron sin respuesta después de la muerte del terrorista , el 22 del actual. Antes que nada, si ese islamista que se declaraba miembro de Al-Qaeda actuó solo o tuvo cómplices.

La sede parisina de la cadena qatarí recibió anteayer un paquete con una misiva y un pendrive con una copia de los videos filmados por Merah durante sus crímenes con una minicámara sujeta al pecho con un arnés. Las autoridades de Al-Jazeera entregaron de inmediato el material a la policía judicial, que autentificó el montaje, de 25 minutos. Ese video muestra parte de los asesinatos, acompañados de cánticos guerreros.
Los investigadores tienen la convicción de que Merah no envió ese material y buscan un eventual tercer cómplice, incluso por el robo de la moto que el islamista utilizó en la mayoría de los asesinatos. La policía sigue privilegiando la tesis de un acto aislado de Merah, con la eventual complicidad de un allegado, en particular su hermano Abdelkader, que, por el momento, es el único inculpado y encarcelado del caso.
El paquete enviado a Al-Jazeera llevaba un sello postal fechado el miércoles pasado. La policía trata de saber si fue enviado el martes por la noche por Merah antes de que la policía comenzara a vigilarlo o el miércoles por otra persona.
Un discreto dispositivo policial había sido montado, en efecto, alrededor del domicilio del islamista de 23 años, antes de que la unidad de elite del Raid interviniera en la noche del martes al miércoles.
"Como la carta fue enviada desde un pueblo lejos de Toulouse, es difícil que se trate de Merah", dicen fuentes policiales.
"En el video se ven todos los ataques de Toulouse y Montauban en orden cronológico: el asesinato del primer soldado, después el de otros tres militares y, en fin, el ataque en la escuela judía", indicó Zied Tarrouche, de Al-Jazeera. "Hay un montaje de cantos religiosos, lecturas y recitación de versículos coránicos. Al mostrar los disparos, en el momento de los asesinatos, se escuchan los gritos de las víctimas", detalló.
En cuanto al correo que acompaña el video, "está escrito en francés, con faltas de ortografía y de conjugación", dijo. "Son unas pocas palabras con la reivindicación de los atentados por parte de Al-Qaeda." Sin embargo, los investigadores piensan que ni la forma ni el fondo corresponden a una reivindicación típica de la red.
La existencia de esas imágenes desató una viva polémica nacional en torno de su difusión. En una intervención televisada, el presidente Nicolas Sarkozy solicitó que no fueran difundidas "bajo ningún pretexto", mientras que el Consejo Superior del Audiovisual (CSA) "invitó a todas las cadenas a no mostrar" ese material.
La familia de Jonathan Sandler, el profesor de religión asesinado junto a sus dos hijos de 4 y 5 años, lanzó un llamado a los medios para que no difundieran el video.
Latifa Ibn Ziaten, madre del paracaidista asesinado por Merah, imploró entre lágrimas a Al-Jazeera que no mostrara esas imágenes: "Es mi hijo quien murió, un joven de 30 años. Y lo quieren mostrar como si fuera un film. Por favor, no quiero ver algo así".
El candidato socialista a la presidencia François Hollande lanzó una advertencia aun más severa: "Al-Jazeera comprometería su presencia en Francia como cadena de información. No porque podríamos prohibirla, pero la CSA tendría que tomar serias decisiones. También debería hacerlo el Estado, en cuanto a su relación con Qatar".
Por la tarde, la cadena qatarí anunció que no difundiría el material.
Un tercer frente de polémica se abrió en las últimas horas cuando el padre del joven asesino afirmó su intención de demandar a Francia "por haber matado a su hijo" en vez de hacer todo lo posible para detenerlo con vida. "Voy a contratar a los abogados más importantes y trabajar el resto de mi vida para pagar las costas. Pero demandaré a Francia por haber asesinado a mi hijo", declaró Mohammed Benalel Merah.
El padre del joven islamista muerto, separado de su mujer desde 1994, vive actualmente en Argelia, donde administra una empresa de materiales de construcción. El hombre, sin embargo, "no mantenía muy buenas relaciones con sus hijos desde que partió de Francia después de la separación", según su tío Djamel Aziri..

El asesino de Toulouse, ¿un informante de la inteligencia francesa?

El asesino confeso de Toulouse, Mohamed Merah, abatido por la policía la semana pasada, podría haber actuado como informante de la 'CIA local', afirmó Ives Bonnet, ex jefe de los servicios de inteligencia de Francia.

"Era conocido por la Dirección Central de los Servicios Secretos (DCRI); no especialmente por ser un islamista, sino porque tenía un interlocutor en la Inteligencia", dejo Bonnet y agregó que  "tener a un interlocutor no es para nada una cosa inocente, no es una cosa insignificante".

La afirmación desató un gran escándalo, pero fue rechazada por el actual jefe de la DCRI, Bernard Squarcini, que explicó que Merah fue entrevistado por un agente local de inteligencia en noviembre de 2011, porque la agencia "quería recibir explicaciones acerca de su viaje a Afganistán".

"Como Merah afirmó que fue a Afganistán en 2010 y 2011 en calidad de turista, lo dejamos ir, pero lo pusimos en una lista de vigilancia", agregó  Squarcini y subrayó que el hombre no era "ni un confidente de la DCRI ni de otros servicios franceses o extranjeros".

Anteriormente, funcionarios franceses dijeron que "no había pruebas" que indicaran que Merah estaba vinculado a grupos terroristas o que el tiroteo, que le costó la vida a siete personas en Toulouse a principios de este mes, fuera ordenado por Al Qaeda.

La DCRI "sigue a muchas personas que están involucradas en el islamismo radical", dijo a su turno el ministro del Interior francés, Claude Geant, en defensa de los agencias de la inteligencia. "No se puede llevar a alguien ante la justicia solo por su manera de expresar ideas y opiniones salafistas", agregó.

Merah atacó el pasado 19 de marzo una escuela judía en Toulouse, donde mató a cuatro personas, entre ellas tres niños. Días antes había asesinado a tres militares.

El presidente de Francia Nicolas Sarkozy afirmó que su país apagará la señal de cualquier canal que emita el vídeo de la masacre de Toulouse. Anteriormente, pidió a los medios no difundir las imágenes por respeto a la memoria de los fallecidos

Artículo completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_38019.html

El Gobierno garantiza que el CNI entregará a la justicia información sobre Ternera

La portavoz del Gobierno y directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Soraya Sáenz de Santamaría, ha garantizado este viernes que los servicios de inteligencia entregarán a la justicia toda la información que dispongan sobre el etarra Josu Ternera si así se lo reclaman.
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha asegurado que todas las administraciones colaboran con la administración de justicia y así lo hará también si la Audiencia Nacional pide al CNI datos sobre Ternera, en busca y captura desde 2002.
   Este viernes, Rosa María Alcaraz, madre de dos gemelas fallecidas en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza y hermana de otro fallecido, ha hecho pública una carta dirigida a la vicepresidenta en la que le pide que se vuelva a buscar a Josu Ternera, considerado el autor intelectual del atentado de Zaragoza.
   En la misiva, la hermana de Francisco José Alcaraz, el que fuera presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), relata la experiencia de perder a su hermano y sus dos hijas de tan sólo tres años y recuerda que durante la última década sus abogados han intentado en numerosas ocasiones "sin éxito alguno" que la fiscalía de la Audiencia Nacional pusiese de nuevo en marcha la búsqueda de Josu Ternera.
   "Señora vicepresidenta, me dirijo a usted por ser la máxima responsable del CNI y estar en sus manos que estos cuerpos de acreditada profesionalidad pongan a disposición de la Audiencia Nacional la información del paradero de Josu Ternera, ya que jamás se han desmentido las informaciones que revelan que este individuo está controlado por el CNI, así como las reuniones mantenidas entre varios dirigentes políticos y este asesino", sostiene.

Inteligencia de EE.UU. ahora retendrá información sin restricciones

Nuevas reglas en la administración de Barack Obama permitirán que el Centro Nacional Antiterrorista y otras agencias de inteligencia recolecten información de los ciudadanos, sean o no sospechosos de estar relacionados al terrorismo, según un reporte de The Huffington Post .
La decisión fue tomada por el gobierno luego de finalizar una investigación sobre el fallido atentado terrorista del 2009 , en el que hombre nigeriano intentó activar un explosivo en un vuelo comercial que se dirigía a Detroit.
“Luego del fallido ataque terrorista en diciembre de 2009, representantes de la comunidad antiterrorista concluyeron que es crucial para el NCTC obtener una variedad de bases de datos de diversas agencias que contienen información sobre terrorismo”, dijo James Clapper, Director de la Oficina Nacional de Inteligencia.
Hasta hoy en día, el NCTC se había visto obligado a destruir la información retenida de aquellos ciudadanos que no tenían ninguna conexión con actos o movimientos terroristas. Bajo esta nueva norma, las agencias de inteligencia podrán retener datos privados de los norteamericanos hasta por cinco años.
Primeros temores
Marc Rotenberg, director de la asociación EPIC (_Electronic Privacy Information Center_), teme que el programa Total Information Awareness (TIA) reaparezca, luego de haber sido desactivado en el 2003 por inquietudes sobre invasión a la privacidad. El TIA, al igual que el NCTC, surgió por iniciativa del Pentágono luego de los ataques del 11 de setiembre del 2001.
“Este nuevo protocolo contraviene la Ley Federal de Privacidad”, dijo Rotenberg el jueves. Sin embargo, el Gobierno norteamericano aseguró que estas nuevas normas también otorgan sólidas garantías para la proteger la privacidad y libertades civiles.
Antes de que el NCTC recolecte cualquier información de otra agencia gubernamental, habrá una revisión de alto nivel para asegurar que haya una gran probabilidad de “contenido relevante relacionado al terrorismo”, afirmó Alexander Joel, representante de protección de las libertades civiles ante la Dirección Nacional de Inteligencia.