El Estado no puede consentir el tráfico de datos de los ciudadanos ni la cultura de la impunidad
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Personas de relevancia pública como Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, o Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han sido espiadas por la red de tráfico ilegal de datos investigada por la policía. Que aparezcan nombres conocidos no es el hecho más llamativo, sino la existencia y funcionamiento de una organización criminal, presuntamente en torno a detectives, dedicada a traficar con datos confidenciales a gran escala: declaraciones de Hacienda, movimientos de cuentas bancarias, historiales médicos (hasta de niños), listados de llamadas telefónicas, controles de conversaciones ajenas. Miles de personas eran espiadas con la ayuda de funcionarios situados en zonas sensibles del Estado (Hacienda, Policía, Guardia Civil, Seguridad Social, Sanidad, Inem, Catastro, Tráfico, registros de la propiedad, juzgados...) y la de empleados de entidades financieras u operadores telefónicos. A la vista de la enorme cantidad de peticiones que los jefes de la red hacían a sus proveedores —a alguno le exigían 150 expedientes diarios—, se comprende que la policía hable de un tráfico “ingente”.
Cuando una red de espionaje privado ha podido funcionar durante muchos años, sin ser molestada, es que un numeroso y heterogéneo conjunto de personas se creían poco menos que impunes. En el sumario aparecen inquietantes indicios de conexiones entre elementos de esa red y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algunos de cuyos controladores de fuentes se interesaron por varios de los implicados a medida que eran detenidos. Es de esperar que las investigaciones, conducidas por un juzgado de Barcelona sirvan también para esclarecer si había algún consumidor particularmente goloso de los datos espiados y en manos de quién han acabado.
No solo los cabecillas y vendedores de información confidencial, sino los funcionarios o empleados que revelan datos ilegalmente deberían sentir todo el peso de la ley. El problema, precisamente, es la relativa levedad de ese peso. El artículo 18 de la Constitución proclama “el secreto de las comunicaciones”, “el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, y plantea limitaciones al “uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Pero resulta difícil encontrar derechos tan largamente violados como los del artículo 18.
La falta de facultades de control y de penas severas explican la extensa difusión social de la cultura de la permisividad sobre las intromisiones en la intimidad. Empresas y ciudadanos no vacilan en cometer delitos con tal de obtener armas con las que luchar contra competidores o mejorar sus posiciones en pleitos o contenciosos privados. No se trata de “corruptelas menores”, sino de un cáncer que los poderes públicos tienen que combatir con toda contundencia.
Personas de relevancia pública como Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, o Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han sido espiadas por la red de tráfico ilegal de datos investigada por la policía. Que aparezcan nombres conocidos no es el hecho más llamativo, sino la existencia y funcionamiento de una organización criminal, presuntamente en torno a detectives, dedicada a traficar con datos confidenciales a gran escala: declaraciones de Hacienda, movimientos de cuentas bancarias, historiales médicos (hasta de niños), listados de llamadas telefónicas, controles de conversaciones ajenas. Miles de personas eran espiadas con la ayuda de funcionarios situados en zonas sensibles del Estado (Hacienda, Policía, Guardia Civil, Seguridad Social, Sanidad, Inem, Catastro, Tráfico, registros de la propiedad, juzgados...) y la de empleados de entidades financieras u operadores telefónicos. A la vista de la enorme cantidad de peticiones que los jefes de la red hacían a sus proveedores —a alguno le exigían 150 expedientes diarios—, se comprende que la policía hable de un tráfico “ingente”.
Cuando una red de espionaje privado ha podido funcionar durante muchos años, sin ser molestada, es que un numeroso y heterogéneo conjunto de personas se creían poco menos que impunes. En el sumario aparecen inquietantes indicios de conexiones entre elementos de esa red y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algunos de cuyos controladores de fuentes se interesaron por varios de los implicados a medida que eran detenidos. Es de esperar que las investigaciones, conducidas por un juzgado de Barcelona sirvan también para esclarecer si había algún consumidor particularmente goloso de los datos espiados y en manos de quién han acabado.
No solo los cabecillas y vendedores de información confidencial, sino los funcionarios o empleados que revelan datos ilegalmente deberían sentir todo el peso de la ley. El problema, precisamente, es la relativa levedad de ese peso. El artículo 18 de la Constitución proclama “el secreto de las comunicaciones”, “el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, y plantea limitaciones al “uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Pero resulta difícil encontrar derechos tan largamente violados como los del artículo 18.
La falta de facultades de control y de penas severas explican la extensa difusión social de la cultura de la permisividad sobre las intromisiones en la intimidad. Empresas y ciudadanos no vacilan en cometer delitos con tal de obtener armas con las que luchar contra competidores o mejorar sus posiciones en pleitos o contenciosos privados. No se trata de “corruptelas menores”, sino de un cáncer que los poderes públicos tienen que combatir con toda contundencia.
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