Un grupo de potentes empresarios de Andalucía estaba bajo la lupa de los miembros de la red Pitiusa, desarticulada por la Policía barcelonesa el pasado mes de mayo. Un escueto SMS enviado el pasado 22 de noviembre entre dos miembros de la trama anunciaba: “Lío en Benalmádena”. Y reclamaba datos de diversos empresarios. Al día siguiente, otro SMS redundaba sobre el particular: “Gravísimo. Ruedas urgentes. Fernando Guerrero Ros, con DNI (...), con domicilio en Málaga. Su hermano Pedro Guerrero Ros, con DNI (...). Tienen su domicilio en Benalmádena. Antonio Valdés Cosentino, con DNI (...) y con domicilio en Macael. José María Martín Delgado, con DNI (...) y domicilio en Málaga capital. Manuel Payán Sánchez, con DNi (...) y domicilio en Granada”. En otras palabras, estaba pidiendo los datos confidenciales que hubiese de esos empresarios.
Los mensajes eran enviados por el cántabro Juan Antonio Rama, alias Juanito, uno de los cerebros de la trama, al detective Aitor Gómez, de Bilbao, que tiene excelentes contactos en la Guardia Civil y en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los espiados no eran unos cualquiera. Martín Delgado fue el presidente de Air Andalus, catedrático de Derecho Financiero, consejero de Cultura con Manuel Chaves en los años 90 y posicionado como candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga en las últimas municipales. Antonio Valdés es el Rey del Mármol, propietario de Tino Stone Group, una multinacional andaluza que exporta revestimientos a medio mundo (de sus canteras salió el material para las mansiones de Claudia Schiffer y Fabio Capello, el palacio El Rocío de Marbella, el hotel Ritz de Singapur y los palacetes de jeques del petróleo). Fernando Ros había sido directivo de Air Madrid y luego director general de Andalus. Su hermano Pedro era director de Prisa en Málaga. Y Manuel Payán es copropietario de la cadena Congelados El Veleta, de Granada.
La compañía aérea en la que todos estaban involucrados se fue a pique a pesar delas ayudas públicas que recibió de la Junta de Andalucía. En realidad, José Antonio Griñán quería hacer de la misma la compañía bandera de la Junta e intentó reflotarla hasta el año 2009 con préstamos que iban a parar a un agujero negro sin fondo. Finalmente, Air Andalus dejó de operar en junio del 2010, con pérdidas reconocidas de 5,4 millones de euros.
El mismo día 23 de noviembre, un nuevo SMS se interesaba por otro grupo de empresarios: “Súper grave. Antecedentes penales y policiales. Alejandro Corominas Menéndez. Virgilio Andrés Domenech. Juan María de Mora Narváez. Antonio Rubio Merino”. E incluía los DNI de todos. Antonio Rubio es el director económico financiero de Prosegur, mientras que Juan María Mora es el director de Relaciones Humanas y Alejandro Corominas es director regional de la misma compañía.
Contactos con el CNI
Juanito sabía muy bien a quién enviaba esos mensajes. Y conocía que algunos espías echaban mano de sus contactos en los servicios de información del Estado para obtener datos confidenciales de empresas y ciudadanos. Así se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial durante meses. Los integrantes de la trama se referían al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como la “casa grande” y, cuando fallaban otras fuentes, el intermediario cántabro acudía a los contactos que un detective vasco, Aitor Gómez, tenía en esa institución.
“Este tío es el contacto que tengo ahí en la casa grande y me ha dicho que no tiene antecedentes”, dice Aitor a Juan Antonio Rama (uno de los cerebros de la trama) en una conversación mantenida el pasado 17 de octubre. Ambos hablan sin tapujos delas fuentes que tienen en diversas instituciones, pero evitan dar detalles que puedan identificarlas.
No son los únicos con gargantas profundas en las alcantarillas del Estado. El hacker Matías Bevilacqua, que regenta una empresa de investigación informática en Barcelona, admitió ante la Policía que en el momento de su detención, el pasado mes de mayo, estaba trabajando para “el Ministerio de Defensa”. Un eufemismo, sin duda. En el sector de la investigación, se señala que “es público que Matías ha hecho trabajos para el CNI, lo cual no quiere decir que sea agente, sino que sólo es colaborador puntual”. En su oficina, la Policía incautó más de 143.000 euros en varios sobres que, según manifestó, provenían de Defensa.
Otro intermediario, Javier Chavero, con una empresa de investigación en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat, no tuvo tampoco reparos en declarar a la Policía que manejaba, en ocasiones, información confidencial, pero que es “colaborador habitual de la Unidad de Información Exterior de la Comisaría General de Información de Madrid, en asuntos de extranjería y de islamismo radical de la comunidad pakistaní y Norte de África”. Además, sostuvo que no conocía personalmente a los policías con los que contactaba, sino que los conocía por apodos y las comunicaciones se hacían siempre a través de cabinas telefónicas”. Digno, pues, de una novela del mismísimo Eduardo Mendoza.
