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miércoles, 26 de enero de 2011

El imán que espió para el CNI no irá a prisión por abusos sexuales

El fiscal ofreció un pacto para que el clérigo saliera de la cárcel pese a ser declarado culpable por agresiones a menores en Cartagena



Amín Belfakir., de 47 años, imán de la mezquita El Algar (Cartagena) hasta finales de 2009, salió la noche del viernes de la cárcel y regresará enseguida a Marruecos, su país. Y eso que hace tan sólo tres semanas la fiscalía de Murcia pedía nueve años de prisión por tres delitos continuados de abusos sexuales a menores y un cuarto sin continuidad

Desde enero el clero estaba ya en prisión preventiva, primero en Sangonera la Verde (Murcia) y después en Granada. Instituciones Penitenciarias le trasladó por temor a que fuese agredido por los reclusos por ser un presunto pederasta o por haber sido confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio secreto español. Belfakir llevaba 18 años en España y no hablaba castellano.
Al iniciarse el juicio, que se celebró el jueves y el viernes a puerta cerrada, el fiscal cambió súbitamente de parecer y propuso a María Dolores Hernández, la abogada de Belfakir, un acuerdo: una condena a dos años de cárcel sin ingreso en prisión y una multa de 3.780 euros que su cliente no pagará porque se ha declarado insolvente.
"Lo acepté de inmediato", declaró la letrada a este periódico. Al empezar la vista recibió además un informe de psicopedagogos vinculados a la Consejería de Servicios Sociales de Murcia sobre los menores afectados. "No era nada perjudicial" para el imputado, asegura. Matizaba aparentemente algo las conclusiones de los forenses que examinaron a las niñas.
Belfakir fue denunciado en diciembre por los padres de cuatro niñas musulmanas a las que enseñaba el Corán en El Algar. Huyó apresuradamente a Marruecos, el 3 de enero, a través del puerto de Algeciras.
La abogada tenía la intención, según señaló, de recordar durante el juicio la valiosa colaboración de su cliente con el CNI al que informó, a partir de 2004, sobre el mundillo islamista en Toledo y después en El Algar. La juez instructora del caso, Miriam Marín, le dejó, sin embargo, claro que no era una circunstancia atenuante de sus presuntos delitos.
El desenlace del juicio es una peripecia más de este insólito caso. A las dos semanas de regresar, en enero, a Marruecos, el imán aceptó volver a España pese a que en su país estaba a salvo de la justicia española porque Rabat no extradita a sus ciudadanos.
En las puertas del ferry del que desembarcó en Algeciras le esperaban, según reveló el diario murciano La Verdad, agentes de la Guardia Civil y del CNI. Pasó la frontera sin percances porque la orden de detención formulada contra él fue desactivada durante unas horas de los ficheros policiales, según el rotativo.
Sus acompañantes evitaron detenerle en Algeciras, para no conducirle ante el juez de guardia, y le trasladaron en un vehículo sin distintivos hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia dónde ya sí se le leyeron sus derechos. La abogada Hernández quería citar en el juicio a todos aquellos que participaron en este traslado "tan anómalo", según ella.
El delegado del Gobierno, Rafael González, había afirmado, no obstante, ante la prensa que fue localizado y arrestado en Murcia.

El CNI temió que la identidad de sus agentes en Euskadi saliese a la luz

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mostró inicialmente mucho interés por la supuesta trama de espionaje que afecta al PNV alavés conocida como caso Tellería. Antes de conocer en detalle su contenido, los servicios secretos temían que pudiese desvelarse la identidad de todos sus agentes y colaboradores destinados en el País Vasco, un territorio especialmente sensible por la información manejada en la lucha contra ETA. Tras conseguir acceder a los seis documentos descubiertos en un disco duro de ordenador en poder del ex dirigente del PNV Aitor Tellería, el CNI se desinteresó por la cuestión.
La declaración ante el juez de una de las personas mencionadas en las citadas fichas de Tellería, incluida en el sumario cuyo secreto acaba de ser levantado, muestra que el CNI quiso saber cuanto antes qué contenía el material que Tellería almacenaba en una carpeta de su ordenador denominada "Temas Varios" porque cabía la posibilidad de que comprometiese la identidad tanto de sus agentes como de su red de informantes.
El implicado, conocido por el apodo de El Tarta, ligado a los servicios secretos, fue interrogado por una comida celebrada en el restaurante vitoriano Ruta de Europa a finales de junio, tras un acto en la comandancia de la Guardia Civil de Álava vinculado a la asociación Memorial Reales Tercios. Esta es una entidad que "encuadra disciplinadamente a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que, con fidelidad absoluta a la Corona, se autoimponen lealtad a la figura del soberano, conservando su neutralidad política sea cual fuere la forma o sistema de Gobierno", según indica en su web (www.realestercios.es).
La investigación, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, y el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, busca establecer si las fichas halladas en poder de Tellería contenían información reservada facilitada por agentes de la Unidad de Información y Análisis (UIA) de la Ertzaintza. Dos de ellos, Carlos Lau y Jesús Acha, están imputados en la causa, además de Tellería.
El juez preguntó a El Tarta varios datos sobre esa cita para confirmar si eran ciertos: si había comido allí y con quién, si conocía a Tellería -respondió que no-; al periodista Jesús María Zuloaga y a un agente de la UIA conocido como Txuri -en mabos casos contestó que sí-.
Ramos también se interesó por quién había pagado la cuenta. Aunque se pagó a escote, la factura figuraba a nombre de la asociación Memorial Reales Tercios. A la comida asistieron sobre todo personas de la órbita de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como simpatizantes de dicha asociación.
Tras mover varios hilos, el CNI conoció de primera mano el contenido de los archivos de Tellería y al constatar que no revelaban gran cosa sobre sus actividad perdió interés en el caso.
La justicia investiga también por qué la UIA contactó con algunas de sus fuentes para pedir que siguieran informando de las actividades del "PP en Gasteiz", sin que conste de momento si era por motivos ajenos a la lucha antiterrorista, por ejemplo. El juntero del PP alavés Santiago Abascal también figura en las fichas.
Los populares volvieron ayer a alzar el tono. Su presidente en Álava, Alfonso Alonso, exigió que dimita "por higiene democrática" la actual dirección del PNV de esa provincia. Alonso, quien recordó que Tellería declaró al juez que era el encargado de investigar los "anónimos" que llegaban al PNV, recalcó que tanto el supuesto espionaje como la presunta trama de corrupción del caso De Miguel, que también afecta a la formación nacionalista, son dos de "los hechos más graves en la historia democrática de Alava y del conjunto del País Vasco". Tellería, añadió Alonso, "no era un hombre que actuaba por su cuenta y riesgo, sino que lo hacía por mandato de la dirección del PNV de Alava, que él también integraba", informa Efe.
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, escribió en su blog (urkullu.eu) que considera "repudiable" y "asqueroso" valerse de informaciones de índole personal para su uso político. "Más allá de lo chapucero que suena todo, es asqueroso. Quien entienda que la política ha de hacerse así en el PNV, quien lo avale o quien lo justifique, sobra en este partido", enfatizó.

Las reticencias de la Ertzaintza

Otro episodio incluido en el sumario del caso Tellería deja testimonio de las tensiones entre la Ertzaintza y los responsables de las pesquisas: el juez instructor Roberto Ramos y el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre. A principios de agosto, el juez solicitó a la policía vasca información muy sensible, desde la condición de informantes de varias de las personas citadas en las fichas de Aitor Tellería hasta informes de diversa índole, pasando por el listado de agentes que pertenecieron a la UIA durante el primer semestre de 2008. El tiempo pasó y la información no llegaba.
A mediados de septiembre, el jefe de la División Antiterrorista, la anterior UIA, informa al juez de que solo enviaría parte de lo requerido. Argumentó que "las filtraciones" habían ocasionado que parte de la investigación quedase reflejada en varios diarios, entre ellos EL PAÍS. Agregó que los datos eran delicados e incluso que varios agentes resultaron muertos en el pasado tras conocerse su identidad por los medios.
A finales de octubre, con el apoyo de un informe de la fiscalía, el juez reiteró su postura y obtuvo la información. En las últimas semanas, Ramos se ha esmerado en purgar el sumario de información sensible, tanto para los afectados como sobre la lucha antiterrorista, que no guardase relación con la investigación.
El juez afirmó en un auto fechado el 15 de septiembre que lo publicado por la prensa no revelaba ninguna "resolución judicial", "actuación o diligencia de información" ni el resultado de las indagaciones protegidas entonces por el secreto de sumario. Una causa por revelación de secretos sigue abierta en el juzgado número 2 de Vitoria, tras la denuncia de los imputados por el supuesto espionaje.