La red de tráfico de datos mantenía estrechos contactos con agentes del CNI

En el sumario consta una operación supervisada por jefes del servicio de espionaje

Varios de los implicados en la red de tráfico de datos desarticulada por la policía el pasado mayo aparecen vinculados con espías del Centro Nacional de Inteligencia, el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno informaciones de interés para el Estado. A lo largo de los más de 16.000 folios del sumario de la Operación Pitiusa se ven contactos con agentes del CNI, a los que un grupo de sospechosos se refiere con el nombre en clave de Los ranas.

Los estrechos lazos que los integrantes de la trama mantenían con agentes del CNI quedaron confirmados también cuando estos últimos contactaron con la policía para interesarse por las acusaciones que pesaban sobre sus amigos detenidos. Lo que no queda claro es qué tipo de relación había entre unos y otros, aunque hay indicios de que los espías del CNI usaban a los detectives y colaboradores que conformaban el inmenso comercio de datos secretos.

Las investigaciones realizadas durante un año por la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona culminaron el pasado mayo. Como consecuencia de la operación hay más de 150 imputados, entre ellos detectives privados, funcionarios de Hacienda, el Inem, el Catastro, la Seguridad Social, guardias civiles y colaboradores de otro tipo. Entre ellos manejaban una "ingente" cantidad de datos secretos que supuestamente vendían a empresas y particulares, además de hacer trabajos por encargo, como penetrar en el ordenador de una persona para robarle todo el contenido de su disco duro.




La conexión del CNI con este entramado es palpable, por ejemplo, en las conversaciones telefónicas grabadas por la policía al detective Aitor Gómez y un tal Tino en relación con una operación destinada a descubrir una red de contrabando de tabaco. Aitor Gómez es el hombre de la agencia Winterman en Bilbao, mientras Tino aparece algo así como un colaborador de este en Ourense.



Al referirse a un infiltrado al que van a usar a tal fin, Tino le dice a su compañero: "Temo que pueda manipularnos a todos. Es un líder". Tino, preocupado porque va a meterse "en un merengue muy gordo", admite que tiene un "problema" por unos antecedentes por intrusismo profesional, y añade que prefiere no pedir "un segundo favor" a su primo, nombre en clave con el que designa a su contacto del CNI en Galicia, según fuentes policiales.



De los pinchazos telefónicos se desprende que Guardia Civil y CNI investigaron el contrabando gracias a sus contactos con detectives, que vigilaban a un tal Songo y a una mujer. Estos importaban 20 contenedores de Marlboro al mes. La mercancía ilícita entraba por el puerto de Valencia. La tabaquera Philip Morris —propietaria de marcas como Marlboro, Chesterfield y L&M— quiso poner fin a esa situación y solicitó, supuestamente, la investigación a una agencia de detectives.



Aitor y Tino se reunieron en un hotel de Madrid a la asistieron mandos de la Guardia Civil (los verdes, como aparecen en el sumario) y miembros del Centro Nacional de Inteligencia en Vigo, a los que apodan Los ranas. Ambos están inquietos y son conscientes de la "importancia" del caso. Aitor discute con un hombre no identificado sobre la fecha de la reunión. "Espérate, déjame verificar si Guardia Civil me dijera que sí seguro, porque no lo sé, tío", dice ese interlocutor anónimo, que en alguna ocasión le llama desde la Comandancia de Vitoria.




Aitor le explica a ese interlocutor, miembro de la Guardia Civil, que es una "operación del CESID" [antiguo nombre del CNI], y que va a ser este servicio el que "decida quién lo va a reventar, si lo revienta la policía nacional, los verdes o nuestra gente". No obstante, Aitor Gómez insiste en que "quien va a llevar la voz cantante" es el CNI. El propio guardia civil reconoce que el cuerpo andaba detrás de este asunto desde hacía año y medio y que se dirigió a Aitor para "tener más datos".



"Si vienen los del centro [de inteligencia] es para dar cobertura al informante, no para organizar ellos nada (...) Es simplemente de protección, porque no se fían de la Guardia Civil, que es lo que me dijiste", apunta el guardia al detective.



Tras la reunión, Aitor y Tino se muestran preocupados por si el caso está judicializado o no. "De eso depende que podamos sacar adelante nosotros el tema con la información que tenemos", recalca Aitor en una conversación.



Otro de los imputados que mantiene contactos con el CNI es Matías Bevilacqua-Brechbuhler, que desempeña un papel fundamental en la trama de tráfico de datos. Bevilacqua, un hacker de 36 años y de origen argentino, hace trabajos para dos de los detectives que cayeron en la redada policial: Sara Dionisio y Juan Manuel Olivera. Todos ellos habían coincidido, junto al policía local Sergio Corcoles en la empresa Cybex.



Al ser detenido, Bevilacqua ya avisó a los policías de Barcelona que hacía trabajos delicados para los servicios de inteligencia españoles. En prueba de ello, facilitó un número de teléfono y el nombre en clave de "don Aquiles", el oficial de enlace del CNI para el que trabajaba. Don Aquiles corroboró después su versión.



En el extenso sumario judicial hay un tercer nexo que revela los contactos de la trama de tráfico de datos con el CNI: la llamada telefónica de José Moraga, de Madrid, a Sergio Corcoles, policía local de Santa Maria de Palautordera (Barcelona), cuya intensa actividad supuestamente ilegal fue el origen de la investigación. Moraga le dice que ha logrado su número de teléfono a través de "un amiguete del CNI". De ahí se deduce que Corcoles tenía contactos con miembros del CNI con los que presuntamente intercambiaba información, según fuentes policiales.

La red que espió a Telma Ortiz grabó al marido de Cospedal

El marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, fue grabado el pasado mes de septiembre en uno de los restaurantes de moda de Madrid por la red de tráfico ilegal de información que encargó el espionaje de Telma Ortiz, como desvelo la revista 'Interviú'.

Según fuentes policiales, un ejecutivo pagó 20.000 euros por la grabación que dos detectives realizaron a Ignacio López del Hierro, esposo de la dirigente popular, mientras almorzaba con dos directivos de la empresa Neoris en el restaurante Ten con Ten, de Madrid, precisamente uno de los locales preferidos de la princesa de Asturias para quedar a comer con sus amigos.




Sin embargo, los investigadores desconocen aún quién pidió la información de la hermana de Letizia con la intención de publicarla en un medio de comunicación. La red, desarticulada el pasado mes de septiembre por la policía de Barcelona, vendía mensualmente información confidencial de 3.000 personas. En la operación fueron detenidas 189 personas, entre ellas, detectives privados, policías y funcionarios.

ESPIONAJE EN MASA

El Estado no puede consentir el tráfico de datos de los ciudadanos ni la cultura de la impunidad

Personas de relevancia pública como Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, o Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han sido espiadas por la red de tráfico ilegal de datos investigada por la policía. Que aparezcan nombres conocidos no es el hecho más llamativo, sino la existencia y funcionamiento de una organización criminal, presuntamente en torno a detectives, dedicada a traficar con datos confidenciales a gran escala: declaraciones de Hacienda, movimientos de cuentas bancarias, historiales médicos (hasta de niños), listados de llamadas telefónicas, controles de conversaciones ajenas. Miles de personas eran espiadas con la ayuda de funcionarios situados en zonas sensibles del Estado (Hacienda, Policía, Guardia Civil, Seguridad Social, Sanidad, Inem, Catastro, Tráfico, registros de la propiedad, juzgados...) y la de empleados de entidades financieras u operadores telefónicos. A la vista de la enorme cantidad de peticiones que los jefes de la red hacían a sus proveedores —a alguno le exigían 150 expedientes diarios—, se comprende que la policía hable de un tráfico “ingente”.




Cuando una red de espionaje privado ha podido funcionar durante muchos años, sin ser molestada, es que un numeroso y heterogéneo conjunto de personas se creían poco menos que impunes. En el sumario aparecen inquietantes indicios de conexiones entre elementos de esa red y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algunos de cuyos controladores de fuentes se interesaron por varios de los implicados a medida que eran detenidos. Es de esperar que las investigaciones, conducidas por un juzgado de Barcelona sirvan también para esclarecer si había algún consumidor particularmente goloso de los datos espiados y en manos de quién han acabado.



No solo los cabecillas y vendedores de información confidencial, sino los funcionarios o empleados que revelan datos ilegalmente deberían sentir todo el peso de la ley. El problema, precisamente, es la relativa levedad de ese peso. El artículo 18 de la Constitución proclama “el secreto de las comunicaciones”, “el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, y plantea limitaciones al “uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Pero resulta difícil encontrar derechos tan largamente violados como los del artículo 18.



La falta de facultades de control y de penas severas explican la extensa difusión social de la cultura de la permisividad sobre las intromisiones en la intimidad. Empresas y ciudadanos no vacilan en cometer delitos con tal de obtener armas con las que luchar contra competidores o mejorar sus posiciones en pleitos o contenciosos privados. No se trata de “corruptelas menores”, sino de un cáncer que los poderes públicos tienen que combatir con toda contundencia.