Interior movilizó de madrugada cincuenta blindados para disuadir a los manifestantes
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la agencia española de espionaje, alertó la semana pasada al Gobierno y al Congreso de los Diputados de la posibilidad de que el movimiento de los autodenominados indignados intentaran un asalto al edificio de la Cámara de los Diputados en la carrera de San Jerónimo de Madrid con intención de acampar y encadenarse en el hemiciclo. Fue necesario un despliegue policial de considerables proporciones para disuadir a los manifestantes.El ataque estaba previsto para la noche del viernes. Los indignados protagonizaron una jornada de movilizaciones contra la reforma laboral. El viernes por la mañana irrumpieron en la sede de la CEOE y también frente al Ministerio de Trabajo. Al grito de "manos arriba, esto es un contrato", protestaron contra el decreto de la negociación colectiva que ese mismo día aprobó el Consejo de Ministros, tras el fracaso de las negociaciones entre patronal y sindicatos. La protesta estaba convocada por la comisión de acción de la acampada de la Puerta del Sol.
A medida que avanzaba la jornada, la movilización creció progresivamente. Los indignados se concentraron frente al Congreso, donde llegó a celebrarse una asamblea con la participación de más de dos mil personas. El servicio de espionaje detectó un aumento súbito en el intercambio de mensajes a través de la red que hacían referencia a un intento de asalto al edificio de la Cámara Baja. El CNI compartió su información con la dirección general de la Policía y el equipo de seguridad del Congreso. El presidente de la Cámara Baja, José Bono, mantuvo línea abierta con el ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, prácticamente durante toda la noche. Aún no había anochecido cuando ya se habían desplegado 19 furgones policiales alrededor del palacio de las Cortes. Sin embargo, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, Rubalcaba y Bono, según ha explicado el presidente del Congreso a los miembros de la Mesa, optaron por aumentar el dispositivo policial como medida cautelar y buscando que tuviera efectos disuasorios. A las dos de la madrugada, cincuenta blindados de la policía con sus correspondientes dotaciones de la unidad de intervención policial (UIP) rodearon el Congreso y taponaron todas las las entradas.
Un despliegue de tal proporción acabó disuadiendo a los indignados, que optaron por retroceder y cambiar de planes. En este marco cabe interpretar las declaraciones de José Bono cuando el asedio al Parlament de Catalunya: "La policía debe ejercer la fuerza, es la fuerza pública legítima para respetar los derechos de todos". Desde un punto de vista político, se subraya con preocupación en medios parlamentarios que los indignados de Madrid, que gritaban "esta reforma la vamos a parar", comparten con los de Barcelona la filosofía según la cual las instituciones democráticas carecen de legitimidad, lo que los legitima para boicotearlas con acciones que, sean violentas o pacíficas, están tipificadas como delito en el Código Penal
