El CNI abre expediente a dos funcionarios por su relación con «el pequeño Nicolás»

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha abierto un expediente a dos de sus funcionarios para determinar su relación con Francisco Nicolás Gómez Iglesias, «el pequeño Nicolás», en cuya posesión se encontraron documentos genuinos del CNI, según ha podido saber Confilegal de fuentes bien informadas

El principal servicio de inteligencia de España quiere saber si esos documentos fueron facilitados al joven por los funcionarios mencionados. En función de la información que se obtenga, el CNI tomará las medidas que se precisen.
Como se sabe, Francisco Nicolás Gómez Iglesias supuestamente falsificó documentos del CNI, con el que decía colaborar -"soy un Charly", declaró en Tele 5-. Para ello, al parecer se sirvió de un folleto genuino que sirvieron de base para la elaboración de tres falsos dossieres que después utilizaría para impresionar a empresarios. Ese folleto pudo haber sido pasado al joven por los funcionarios del CNI.
El director del CNI, Félix Sanz Roldán, negó, el pasado 12 de diciembre, que "el pequeño Nicolás" hubiera tenido ninguna relación con el CNI y mucho menos que hubiera trabajado para "la Casa", como es conocida familiarmente por los miembros del Centro.
El CNI se querelló, el 3 de diciembre, contra Francisco Nicolás Gómez por un delito de injurias, que llevó a cabo la Abogacía del Estado, precisamente por afirmar esa relación con el Centro Nacional de Inteligencia.
Sanz Roldán admitió que "el pequeño Nicolás" había visitado la sede de este organismo, pero que lo hizo acompañado de un empresario que ofreció al jefe de los servicios secretos participar en un foro empresarial. AUna visita que fue como otras miles que pasan por el Centro.
"Estuvo para ofrecer, junto con un empresario, que era el que lo ofrecía, la posibilidad de que yo actuara en un desayuno. Esa posibilidad luego no se manifestó por cuestiones de agenda y ahí termina todo. Estuvo como otras 4.000 personas que visitan el CNI", explicó el pasado 10 de diciembre.
Gómez Iglesias ha sido acusado de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas.
Los documentos del CNI no han sido los únicos falsificados. También presuntamente falsificó un informe de 49 páginas con el membrete de Presidencia del Gobierno y con el subtítulo Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de Presidencia, que se interveno en su detención, que dijo haber elaborado con "información de Internet" y que empleaba para exhibirlo en su coche, como hizo con uno de los empresarios con los que se relacionaba.

No obstante, afirmó que sí uso un portadocumentos con el escudo de la Casa del Rey, que "es auténtico creyendo que se lo facilitó Carlos García Revenga", que fue secretario personal de las infantas.
El juez Arturo Zamarriego, al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, tomará el próximo 8 de enero declaración como imputado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por los mencionados delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas.
El joven de 20 años volverá a los juzgados madrileños después de que el pasado 19 de diciembre se negara a declarar al no estar levantado todo el secreto del sumario. Ahora, el juez entiende que tiene toda la documentación para defenderse de los delitos que se le imputan.
El 'pequeño Nicolás' se encuentra en libertad provisional aunque imputado por varios delitos desde mediados de octubre. Tras su detención a cargo de Asuntos Internos, compareció ante la juez del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid por supuestamente haberse hecho pasar por asesor del Gobierno de España con documentación falsa.
Por otra parte, una persona que se identificó como miembro del CNI se puso en contacto con Confilegal la mañana de este martes -desde un teléfono con el número oculto- y comunicó que la información ofrecida en esta noticia "no se correspondía con la realidad".

La CIA alerta a los Servicios Secretos españoles de que extreme precauciones en Navidad por la yihad

El Ministerio del Interior ha remitido una circular a las comandancias de la Guardia Civil

La CIA alerta a los Servicios Secretos españoles de que extreme precauciones en Navidad por la yihad

La Benemérita explica que no existe una amenaza concreta, si bien advierten de que los conglomerados de personas podrían ser propicios para un atentado

Periodista Digital, 31 de diciembre de 2014 a las 20:35

• 'Baby Yihad': Así de feliz y dispuesto se entrena un niño de 6 años con un AK47
• Un exmilitar español y un prófugo de la cárcel de Nanclares, entre los matarifes que combaten con la yihad islámica
• El Estado Islámico tritura los pechos de las mujeres que dan de mamar a sus bebés en público con... ¡El Mordedor!

Hay españoles de tercera generación con vínculos con el yihadismo

La amenaza yihadista se ha convertido en este año en el gran motivo de preocupación para las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Y esa alerta implica también a nuestro país. Por primera vez, las comandancias de la Guardia Civil de toda España han recibido una circular en la que se advierte a los agentes de la necesidad de reforzar la vigilancia para evitar posibles actuaciones terroristas en suelo español.
Esta carta interna, que confirman a este periódico fuentes del Instituto armado, ha partido de la advertencia realizada hace unos días por la agencia de inteligencia estadounidense (CIA) para prevenir a los países occidentales ante el riesgo de atentados yihadistas en estas fechas.
Una alerta precipitada por el secuestro de una cafetería del centro de Sidney, el pasado 15 de diciembre, por parte de un radical iraní, y que se saldó con la muerte de tres personas, una de ellas, el secuestrador y las otras, un hombre y una mujer usados como rehenes. Otras seis resultaron heridas.
Como explica Luz Sela en 'La Información', la advertencia de la CIA implica a varios países, si bien incide de forma especial en algunos, como España que, por sus vínculos históricos, está en el punto de vista de los radicales.

"En España incide más, Grecia, por ejemplo, no sale, pero el yihadismo tiene mentalidad de que Al Andalus les pertenece. En otros países, como Reino Unido, por ejemplo, la alerta procede por su colaboración con EEUU".

Si bien aclaran que no existe ninguna amenaza de atentado concreta, ni tampoco ha existido, las fuerzas de seguridad son conscientes de que las aglomeraciones que estos días se producen en las zonas comerciales de grandes ciudades pueden ser objetivo estratégico para las actuaciones de estas organizaciones.

"Es cierto que existe una alerta y que hay que tomárselo en serio, igual que se está haciendo en Francia, Inglaterra o Alemania".

El operativo en nuestro país pasa por reforzar la presencia de los agentes "de paisano", para intentar pasar desapercibidos en la medida de lo posible.
Desde la Guardia Civil subrayan los avances que en los últimos años se han registrado en materia de cooperación en la lucha antiterrorista a nivel global, y especialmente tras el 11-M, si bien, aclaran estas fuentes, queda todavía una ingente tarea para "trabajar más en común con el resto de cuerpos de policías de Europa, unificar bases de datos, dar formación a policías y guardias civiles en yihadismo, y hacer que esa formación no se quede solo en las unidades de inteligencia, sino que llegue más abajo".

"Antes era el terrorismo de ETA el que más nos afectaba, pero el terrorismo de este siglo es éste, un terrorismo global".

Sobre el perfil de los terroristas que podrían atentar en suelo europeo, señalan que estos pueden ser tanto "de fuera que vivan aquí como españoles reconvertidos al Islam".

"Hay españoles de tercera generación con vínculos con el yihadismo" (La mezquita de la M-30 era en Madrid el nido de los terroristas yihadistas que se entrenaban para decapitar).

Las advertencias de la CIA en materia de yihadismo a nuestro país no son nuevas, si bien se han incrementado en los últimos meses. Ya en 2001, varios informes reservados alertaron de los extraños traslados a España de yihadistas vinculados a Bin Laden.
Hace unos meses, en septiembre, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunió en Washington con el director de la CIA, John O. Brennan y con el director del FBI, James Comey, entre otros, para analizar el avance de la amenaza de Estado Islámico (¡Alerta antiterrorista! Los cuchillos del califato islámico ya se afilan... ¡a 50 kilómetros de España!).
Una semana antes, España había aumentado un grado su nivel de alerta antiterrorista por el yihadismo en Siria e Irak, lo que supone que las fuerzas de Seguridad del Estado-nacionales y autonómicas-deberían aumentar la vigilancia en lugares que habitualmente sirven de objetivo para el terrorismo islamista (zonas de grandes aglomeraciones, medios de transporte, infraestructuras críticas...).
En el último año se han llevado a cabo un total de 14 operaciones contra el terrorismo yihadista, en las que fueron detenidas 40 personas (Sugerencias sangrientas para palabra del año).
El yihadismo mantiene en alerta al Ejecutivo, que considera que, en estos momentos, es la principal amenaza para España.
Una alerta que no es exclusiva en nuestro país. Francia ha decidido reforzar su despliegue policial para esta Nochevieja, destinando 55.000 policías y gendarmes para vigilar las principales arterias de la ciudad. Sólo 1.700 estarán destinados en la avenida de los Campos Elíseos, donde se espera a más de 100.000 personas.

Dos jueces del Tribunal Supremo controlan las operaciones del Centro Nacional de Inteligencia

Dos jueces del Tribunal Supremo, Pablo Lucas y Julián Sánchez Melgar, supervisan las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para muchos esto es poco menos que imposible, "como cuadrar el círculo". Sin embargo, este círculo "se cuadra" cada semana de forma muy discreta de la forma que contamos aquí.

Lo que está en juego son los derechos fundamentales de la persona. Específicamente los contenidos en el artículo 18.2 de la Constitución, que dice que "el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. Y el 18.3, que "garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
El control judicial se realiza mediante la Ley Orgánica 2/2002 de 6 de mayo, reguladora del control judicial del CNI.
Esta Ley establece que es un magistrado del Tribunal Supremo el que está específicamente encargado del control judicial de las actividades del servicio de inteligencia. O mejor dicho, son dos magistrados, un titular y un suplente.
En la actualidad, Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, y Julián Sánchez Melgar, compañero suyo, pero de la Sala de lo Penal. El mandato de cada uno de ellos es por 5 años. Ambos son nombrados por el pleno del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces.
Pablo Lucas es miembro del Alto Tribunal desde 2001. Accedió por el quinto turno, el de magistrados de reconocida competencia. Fue jefe de Gabiente de uno de los presidentes más carismáticos del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio -luego magistrado del Tribunal Constitucional-. Desde 2009 es el juez titular del CNI y tiene 59 años.
Julián Sánchez Melgar, por su parte, llegó al Tribunal Supremo en 2000, con 45 años, por la vía de especialistas. Ingresó en la carrera judicial en 1983 por oposición. Sirvió en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Reinosa (85-87), y Santander (88-93) y en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (1993). Entre 1993 y 2000 presidió la Audiencia Provincial de Ávila. En la Sala de lo Penal fue el ponente de la contestada sentencia que dio luz a la "doctrina Parot".
El sistema funciona de la siguiente forma: cuando el CNI necesita entrar en un domicilio o intervenir las comunicaciones (carta, telégrafo, teléfono, móvil, sms, whatsupp…) de cualquier sospechoso, el secretario de Estado-director general del CNI, el general Félix Sanz Roldán, envía un mensajero con toda la documentación necesaria al magistrado disponible en ese momento –el titular puede estar de viaje, o enfermo o en cualquier otra situación que no le permite atender a la petición-.
En el mencionado documento se explicita las medidas que se solicitan, los hechos en que se apoya la solicitud, los fines y razones que aconsejan la adopción de las medidas solicitadas, la identificación de la persona o personas afectadas por las medidas, que no podrán exceder de 24 horas en el caso de la entrada en domicilio, y 3 meses para la intervención e interceptación de las comunicaciones.
El "magistrado del CNI" estudia con detenimiento las peticiones.
Estos dos magistrados no son como jueces de instrucción al uso. Tienen el “chip” cambiado. Porque los fines de una investigación criminal son diametralmente distintos a una investigación del Servicio de Inteligencia.
La investigación de un delito se lleva a cabo para conseguir pruebas que acrediten la comisión delictiva. Su finalidad es, por lo tanto, incriminadora y la llevan a cabo agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La investigación está, por lo tanto, judicializada.
La investigaciones del CNI tienen como objetivos muy distintos y los resultados son vitales para el Gobierno de la nación.
Se resumen en facilitar al presidente del Gobierno de España “las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones” (según artículo 1 de la Ley 11/2002 de 6 de mayo reguladora del Centro Nacional de Inteligencia).
La visión de los dos "magistrados del CNI" –que es como se les conoce popularmente- posee, por lo tanto, una mirada superior, que tiene muy presente el bien general de los ciudadanos españoles.
Porque el CNI tiene que hacer frente a oscuras amenazas de diferente índole, como las terroristas, las energéticas, las económicas y, en resumen, todas aquellas que puedan desestabilizar a España.
El CNI depende, en la actualidad, de Presidencia de Gobierno y se rige por una “Directiva de Inteligencia”, que es secreta y que ha sido elaborada por el Gobierno.
Aparte de éste, sólo la conoce el CNI y los dos magistrados citados del Tribunal Supremo.
En algunos países, como Alemania, este control lo lleva a cabo una comisión parlamentaria –conocida como la G-10-, y en otros son órganos judiciales de diferente índole.
Muchos países de nuestro entorno envidian el sistema español de control judicial del CNI porque confiere un paraguas legal de actuación a nuestros agentes, paraguas que no siempre poseen los servicios secretos amigos, que tienen que operar en la ilegalidad.