Interior sospecha que Troitiño trata de huir a Irlanda o Sudamérica

El CNI, la Guardia Civil y la Policía amplían la búsqueda del terrorista al norte de Francia, Bélgica, Holanda y Reino Unido.

Los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil sospechan que Antonio Troitiño trata de huir a Irlanda o Sudamérica ayudado por sus allegados y, quizás, por los restos de la 'red Harrera', el maltrecho aparato de acogida de la banda terrorista.

Los efectivos antiterroristas del Ministerio del Interior, tras centrar durante casi 48 horas su búsqueda en Guipúzcoa, algunos municipios de Vizcaya y el País Vasco francés, donde el ex miembro del comando Madrid tienen familia, ampliaron hoy la operación de rastreo sobre todo al norte del país vecino, en particular en Bretaña, Normandía y Norte Paso de Calais.

Según revelaron mandos de la investigación, el Centro Nacional de Inteligencia, que colabora con la Guardia Civil en la búsqueda, también «activó efectivos» en Bélgica, Holanda y el Reino Unido, ante la posibilidad de que el prófugo intente llegar a las islas británicas por vía marítima.

El temor de los servicios de Interior y Defensa es el mismo: que Troitiño, aun sin pasaporte, intente 'reeditar' el periplo de Iñaki de Juana Chaos y llegue a Irlanda, donde contaría con el apoyo y asistencia jurídica del entorno del Sinn Féin. De Juana llegó a Dublín de manera legal días después de que abandonara la cárcel en agosto de 2008 y ante el temor de ser procesado de nuevo por enaltecimiento del terrorismo se quedó a vivir en aquel país.

Desde septiembre de 2008 hasta marzo de 2010, hasta que un juzgado de Belfast acordó definitivamente entregar a España al prófugo, De Juana logró paralizar con todo tipo de recursos jurídicos su vuelta a España. A pesar de que estar bajo vigilancia y con el pasaporte retirado, antes de consumarse su entrega logró escapar y se encuentra en paradero desconocido, aunque varias fuentes le sitúan en Sudamérica, quizás en Venezuela.

Todos los especialistas coinciden en que la intención final de Troitiño es, si puede, llegar a Latinoamérica, aunque descartan que haya tenido tiempo ni recursos para hacerse con un pasaporte falso tan pronto que le permita abordar un avión.

Los servicios antiterrorista en modo alguno descartan que el etarra, sino logra llegar a las islas británicas ni sortear los controles de un aeropuerto para volar a Sudamérica, intente salir cuanto antes de la Unión Europea, a un país en el que su extradición o entrega judicial directa fruto de la orden de detención europea (OED) que pesa contra él, sea mucho más complicada que dentro de la unión.

Troitiño escapa al cerco policial en Francia y España

Su búsqueda en suelo galo se entorpeció porque lo jueces que le dejaron en libertad olvidaron especificar cuáles son las causas por las que se pide el arresto

El CNI situó durante horas al huido en el despacho de su abogado en Hendaya, pero nadie le ha visto desde hace días

La Audiencia Nacional argumenta que revocó la excarcelación porque el Supremo "completó" la doctrina, aunque se olvida de que era una sentencia anterior a la salida de la cárcel

Antonio Troitiño se esfumó a pesar del cerco policial en Francia y en España. El terrorista sigue libre y oficialmente en paradero desconocido, a pesar de que el martes la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ordenó su búsqueda y captura tras revocar su excarcelación, luego de cambiar apresuradamente su propio criterio sobre el descuento de la prisión preventiva. El 'caso Troitiño', además, ha desembocado en un guirigay policial, judicial, político y diplomático sin precedentes.

De nada ha servido el vasto dispositivo policial a ambos lados de la frontera para capturar al ex miembro del comando Madrid, condenado a 2.746 por 22 asesinatos y que el pasado 13 de abril volvió a la calle tras haber cumplido 24 años de cárcel, seis menos del máximo legal permitido. Durante toda la jornada de ayer, cerca de 200 funcionarios de los dos países, siguiendo las informaciones de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), centraron su búsqueda en la localidad de Hendaya, donde reside una de sus hijas y donde se creía que el terrorista podía haberse refugiado en el despacho de un abogado. El operativo en territorio galo también se extendió, sin resultado, a viviendas de familiares de Troitiño en otros puntos del País vasco francés.

Las fuerzas de seguridad españolas, que la noche del martes intentaron su captura en su domicilio de la calle José Elósegui de San Sebastián, también le buscaron, sin éxito, en domicilios de allegados en diversos puntos de Guipúzcoa y en la localidad vizcaína de Amorebieta. Pero ni rastro. Ni una pista, según mandos de la lucha antiterrorista, que no obstante están convencidos de que el etarra se encontraría en suelo francés, al menos por el momento, y a la espera de poder viajar a un tercer país.

El operativo en Francia, en cualquier caso, se vio obstaculizado durante buena parte del día a cuenta de los errores en la orden de búsqueda y captura (primero nacional y luego internacional) dictada por los mismos jueces que le dejaron en libertad. En un principio, la justicia francesa mostró reparos a cumplir la orden europea de detención (OED) de la Audiencia Nacional, ya que ésta- inexplicablemente y como es preceptivo- no especificaba todas las causas por las que fue condenado Troitiño ni los motivos por los que solicitaba el posible allanamiento de domicilios privados en caso de sospecha.

Un "defecto"

Alfredo Pérez Rubalcaba reconoció que la euroorden tenía un "defecto" aunque explicó que el problema se subsanó y que ese error no afectó a la búsqueda y detención del terrorista. Eso sí, el máximo responsable de las fuerzas de seguridad quiso dejar claro que antes de que la Audiencia Nacional ordenara la tarde del martes la captura del ex preso, su departamento no podía haber sometido a ningún tipo de control sobre el ex recluso. "Antonio Troitiño fue liberado porque un tribunal dictó un auto según el cual había cumplido su condena; a partir de ahí es un hombre libre, es un ciudadano que tiene todos los derechos intactos, nos guste más o menos", con una libertad de movimientos que "no puede ser vigilada ni controlada".

El vicepresidente cargó sin disimulo contra el PP y, sin citarlo contra su responsable de Justicia, Federico Trillo, quien se quejó este miércoles de que las fuerzas de seguridad no estuvieran siguiendo al ex recluso y adelantó que pedirá responsabilidades al Gobierno por no haber sometido al etarra a una "vigilancia constante" para evitar su huida . Pérez Rubalcaba recordó a Trillo que pedir algo así a la policía habría sido simplemente "ilegal". "Ese es el Estado de Derecho", insistió Rubalcaba, quien lamentó los "puros dislates" e "incursiones muy desafortunadas en el Estado de Derecho" de responsables del PP, a los que no nombró, pero recordó que son licenciados en Derecho y, a pesar de ello, hacen comentarios dignos de "de otro sistema político"

Sentencia previa

Entre tanto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los que la pasada semana ordenaron la libertad de Troitiño en aplicación de la doctrina del Constitucional, hicieron público ayer el auto por el que revocaron esa decisión el pasado martes. Los jueces Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Guillermo Ruiz Polanco explican en su resolución que su giro de 180 grados está motivado por la sentencia que el Tribunal Supremo hizo pública el lunes y en la que ordena que a los etarras Ignacio Fernández de Larrinoa y Gotzone López de Luzurriaga se les descuente la prisión preventiva del total de su condena (más de un centenar de años a cada uno) y no sobre el máximo de cumplimiento (30 años). Se trata de una doctrina totalmente opuesta a la que promulgó el Constitucional en un fallo de 2008 sobre un estafador magrebí y que fue la siguieron a rajatabla los jueces de la Sección Tercera en el caso de Troitiño.

Según los tres magistrados, la nueva sentencia del Supremo "completó" la doctrina del alto tribunal sobre el "doble cómputo de condena". Ninguna mención hace la Sección Tercera al hecho de que el fallo sobre Fernández y López, aunque se dio a conocer a la opinión pública el lunes, tiene fecha de 28 de marzo, más de dos semanas antes de que la Audiencia Nacional ordenara que Troitiño abandonara la cárcel de Huelva.

Aún así Guevara argumenta que "a consecuencia de esta sentencia" -anterior a su decisión- "debe estimarse el recurso presentado por el Ministerio Fiscal" y revocar así la excarcelación del ex miembro del comando Madrid quien, en virtud de la 'doctrina Parot' y si finalmente es capturado y enviado a España, deberá cumplir 30 años de condena efectiva, esto es hasta el 17 de enero de 2017.

En cualquier caso, la reunión del martes en la que se acordó la 'marcha atrás' fue, cuanto menos, atípica. En primer lugar porque uno de los magistrados, Ruiz Polanco, ni siquiera se encontraba en Madrid. Y en segundo, porque, tal y como había acordado el órgano de Gobierno de la Audiencia Nacional, debía ser el Pleno de la Sala de lo Penal (compuesto por 16 magistrados) el que el próximo lunes resolviera el recurso de la Fiscalía, habida cuenta de la trascendencia del asunto a analizar.

Así las cosas, el pseudosindicato Manos Limpias anunció su decisión de denunciar en breve al magistrado Guevara ante el Consejo General del Poder Judicial por "la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales", por no haber consultado previamente con la Fiscalía su decisión de excarcelar a Troitiño en aplicación de la doctrina constitucional.

Seguridad y Democracia. El futuro de los servicios de Inteligencia

Javier Calderón Fernández.

El cambio operado durante las dos últimas décadas el arco de las relaciones entre Estados ha afectado notablemente a la labor de todos los Servicios de de las democracias occidentales. Es evidente que los nuevos condicionantes aparecidos en el panorama internacional de seguridad han introducido variaciones significativas tanto en las misiones como en las metodologías de trabajo de los Servicios, que se han visto obligados a adaptarse rápidamente a una situación sustancialmente distinta a la conocida en los últimos cincuenta años. Con todo, sin embargo, la transformación principal es la que se refiere a la nueva percepción que de dichos Servicios tienen las opiniones públicas nacionales y que, a la postre, está influyendo decisivamente en la legitimación social y política de las organizaciones de Inteligencia.
En España, al igual que ocurre en la mayoría de los países europeos, el debate sobre los Servicios de Inteligencia tiende, en los últimos años, a centrarse sobre aspectos parciales de su actividad, sin que exista, a! menos con carácter público, una aportación global sobre cual debe ser, en los años venideros la esencia del trabajo de Inteligencia. Cuestiones tales como la legalidad de los métodos empleados por los Servicios, sus dependencias político-administrativas o los controles institucionales de que deben ser objeto, no pueden ser abordadas sino desde una visión integradora capaz de conectar todos estos aspectos con la cuestión principal: cuál debe ser la política de Seguridad de los Estados en el siglo XXI y qué instrumentos son necesarios para implementarla.
El concepto de seguridad ha estado durante todo el siglo XX ligado a la defensa militar del Estado. Hoy, sin embargo, este mismo concepto se ha visto ampliado y modificado corno consecuencia de los fenómenos transnacionales que caracterizan nuestra época y la pluralidad en el origen y naturaleza de los nuevos riesgos y amenazas. En la actualidad, la seguridad se identifica con la protección de todo aquello que afecta a los fundamentos del propio Estado y de las organizaciones supranacionales en las que estamos integrados.

Esta evolución ha modificado también los objetivos de la inteligencia. Los servicios no se centran ya tanto en la información sobre parámetros militares y estratégicos de terceros países como en otros aspectos y fenómenos económicos, sociales y políticos cuya lógica de actuación responde a pautas y condicionantes diferentes y, sobre todo, bastante más imprevisibles que en el pasado. En la actualidad ni los problemas son fácilmente identificables ni las posibles soluciones tienen unas formulaciones tan sencillas como antaño.
La diferencia esencial que esto supone es que, si bien antes el grueso del esfuerzo de la inteligencia se dirigía en un único sentido, actualmente debe atender a múltiples campos, entre los que destacan el político, el tecnológico, el económico, el medioambiental y el comercial. Las decisiones que afectan a la seguridad tienen actualmente mucho más que ver con estos aspectos que con aquellos otros que han configurado esa imagen decimonónica y añeja del. espionaje y el contraespionaje. No se puede olvidar, además, que estamos viviendo en la revolución de la información, y que la auténtica ventaja de los servicios de inteligencia es su rica experiencia en la gestión de fuentes informativas, en el análisis prospectivo, la investigación concienzuda, el empleo de hipótesis de trabajo y en la gestión de los recursos de unos sistemas de fusión de información técnicamente avanzados. Esa es la esencia de la inteligencia y ese debe ser el campo en el que los servicios deberán explotar al máximo sus capacidades.
En el futuro, los parlamentos y los gobiernos van a tener que tornar sus decisiones en un nuevo ambiente de inestabilidad en el que el conocimiento cabal, equilibrado y contrastado que proporciona la inteligencia resulta esencial para reducir los riesgos inherentes a todo proceso de toma de decisiones y para poder anticiparse a sus consecuencias. Adquiere así una nueva relevancia como auxiliar de la decisión política en unos momentos en los que la incertidumbre constituye la máxima expresión de cuanto acontece en la escena internacional.
El escenario estratégico actual no permite, por otra parte, establecer distinciones rígidas sobre el origen, naturaleza o alcance de las amenazas a la seguridad nacional. Las transformaciones operadas en los modelos de relación entre Estados, la aparición de nuevos actores no estatales en las políticas nacionales e internacionales y, fundamentalmente, la globalización de la actividad económica, han dejado sin efecto las distinciones clásicas entre riesgos internos y externos, sencillamente porque éstos se presentan ahora en términos macroeconómicos y de influencia política mucho más sutiles, complejos y, sobre todo, mucho más difíciles de apreciar e identificar. La seguridad del Estado precisa, por tanto, de una capacidad de prevención y anticipación multidireccional con objeto de detectar los problemas en su fase embrionaria, prevenir sus posibles mutaciones y, llegado el caso, estar en condiciones de proponer y ejecutar las acciones que el Gobierno estime necesarias para anularlas.

No obstante, quiero dejar también de manifiesto que, en ningún caso, esa eficacia tiene que estar reñida con los principios de un Estado de Derecho. En la medida en que los nuevos riesgos a que debemos enfrentarnos se hacen más difíciles de percibir que, en consonancia, los servicios diversifican su actividad informativa a esferas cada día diversas, es preciso también dotarlos de los instrumentos legales necesarios para conjugar dos principios básicos de cualquier sociedad democrática: la seguridad de todos y los derechos individuales de cada uno.
Esta necesidad de compatibilizar seguridad y libertad debe llevar a perfeccionar el marco legal en el que su labor los servicios, procurando encontrar un equilibrio armónico entre su control suficiente y su eficacia al servicio de la seguridad. Los gobiernos y parlamentos elegidos democráticamente son, en la medida en que se benefician de la actividad de los servicios y que su labor está destinada al bien de la comunidad, la principal fuente de legalidad para el trabajo de inteligencia.
Su legitimidad deberán ganarla los servicios a través de la eficacia de su funcionamiento específico en el marco democrático al que sirven.

Javier Calderón Fernández es Teniente General (R) y ex Director General del CESID

Lo filtró Inteligencia: El novio de Jelinek podría ser hijo extramatrimonial de Néstor Kirchner

Parte del misterio comienza a ser develado. Fuentes de los servicios de Inteligencia dejaron filtrar una información que, de ser comprobada, podría desatar un verdadero escándalo nacional en el ámbito político y del espectáculo.

A esta altura cabe preguntarse si la divagante modelo Karina Jelinek sabía con quién se estaba metiendo cuando, este verano, se embarcó en una nueva relación sentimental. Leonardo Fariña, un contador platense de tan sólo 24 años que era un desconocido antes de invitar este verano a la muchacha a su fiesta en Punta del Este, hoy está en la mira de periodistas, contadores, investigadores y hasta de los organismos públicos de control.

Este lunes se conoció que el misterioso personaje sería buscado en Estados Unidos por “estafas reiteradas”. Según le manifestaron a NOVA fuentes judiciales, Fariña no podría ingresar al país del Norte debido a la persecución de la Justicia.

Pero, incesante, la filtración de información no se detuvo. Llama la atención que una personalidad hasta ayer desconocida en el mundo del espectáculo hoy genere tanto movimiento. Y, en la jornada de este martes, esa ingeniería informativa terminó de adquirir dimensiones inimaginables.

Según dejaron filtrar fuentes de los servicios de inteligencia, a las que este medio tuvo acceso en exclusiva, el misterioso Leonardo Fariña sería hijo extramatrimonial del ex presidente Néstor Kirchner.

Oriundo de la ciudad de La Plata, donde el matrimonio presidencial forjó su identidad política, la actual pareja de Jelinek pasó de viajar en colectivo al Colegio Nacional, del que egresó en 2004, y de moverse en un Peugeot 206 que compró en cuotas; a ser propietario de un BMW 3.0 valuado en 467.600 pesos, del que debe 3.889 pesos de patente; a alquilar una casa en Punta del Este por 30 mil dólares mensuales y a gastar diez mil dólares en botellas de Dom Perignon durante una noche de diversión en el boliche Tequila.

Precisamente por su condición de hijo “ilegítimo“ del por entonces primer mandatario nacional, Fariña pudo manejar dinero de las arcas del Estado a su antojo. Por eso –aventuran en estricto off the record desde los servicios de inteligencia- el joven habría comenzado a perpetuar estafas en diversos ámbitos tanto del escenario político y económico del país como del extranjero.

La relación con la voluptuosa modelo comenzó el 28 de enero pasado, y todo se dio muy rápido. Al mes de conocerse, la llevó a Cancún, le propuso matrimonio en la playa y le regaló un anillo de Tiffany’s valuado en 40.500 euros.

Según una investigación publicada por la revista “El Guardián”, Leonardo Fariña abandonó a su primera mujer cuando estaba embarazada de dos meses. Su hijo ahora tiene cuatro años y vive en La Plata. Le dio el apellido cuando la Justicia confirmó su paternidad por el ADN y fijó una cuota alimentaria de 350 pesos, un tercio de lo que él paga por una botella de champán.

La misma publicación expuso que, para la AFIP, Fariña es un fantasma. No es ni monotributista. Sólo aparece como socio de la financiera Andrómeda Corporate Finance. Y ya desde de la AFIP y desde Rentas de la provincia de Buenos Aires lo están investigando. No tiene cuentas, cajas de ahorro, tarjetas de crédito a su nombre, no paga ganancias, no tiene antecedentes laborales comprobables y no aparece en el régimen de autónomos.

No hay registros del pago de impuestos en los últimos cinco años y tampoco tiene antecedentes bancarios ni morosidad. No cuenta con cheques rechazados ni antecedentes judiciales. No tiene embargos, juicios o quiebras. O sea, un misterio total. Esta impunidad tendría sólo una explicación: su condición de hijo extramatrimonial del fallecido ex presidente Kirchner.