Javier Calderón Fernández.
El cambio operado durante las dos últimas décadas el arco de las relaciones entre Estados ha afectado notablemente a la labor de todos los Servicios de de las democracias occidentales. Es evidente que los nuevos condicionantes aparecidos en el panorama internacional de seguridad han introducido variaciones significativas tanto en las misiones como en las metodologías de trabajo de los Servicios, que se han visto obligados a adaptarse rápidamente a una situación sustancialmente distinta a la conocida en los últimos cincuenta años. Con todo, sin embargo, la transformación principal es la que se refiere a la nueva percepción que de dichos Servicios tienen las opiniones públicas nacionales y que, a la postre, está influyendo decisivamente en la legitimación social y política de las organizaciones de Inteligencia.
En España, al igual que ocurre en la mayoría de los países europeos, el debate sobre los Servicios de Inteligencia tiende, en los últimos años, a centrarse sobre aspectos parciales de su actividad, sin que exista, a! menos con carácter público, una aportación global sobre cual debe ser, en los años venideros la esencia del trabajo de Inteligencia. Cuestiones tales como la legalidad de los métodos empleados por los Servicios, sus dependencias político-administrativas o los controles institucionales de que deben ser objeto, no pueden ser abordadas sino desde una visión integradora capaz de conectar todos estos aspectos con la cuestión principal: cuál debe ser la política de Seguridad de los Estados en el siglo XXI y qué instrumentos son necesarios para implementarla.
El concepto de seguridad ha estado durante todo el siglo XX ligado a la defensa militar del Estado. Hoy, sin embargo, este mismo concepto se ha visto ampliado y modificado corno consecuencia de los fenómenos transnacionales que caracterizan nuestra época y la pluralidad en el origen y naturaleza de los nuevos riesgos y amenazas. En la actualidad, la seguridad se identifica con la protección de todo aquello que afecta a los fundamentos del propio Estado y de las organizaciones supranacionales en las que estamos integrados.
Esta evolución ha modificado también los objetivos de la inteligencia. Los servicios no se centran ya tanto en la información sobre parámetros militares y estratégicos de terceros países como en otros aspectos y fenómenos económicos, sociales y políticos cuya lógica de actuación responde a pautas y condicionantes diferentes y, sobre todo, bastante más imprevisibles que en el pasado. En la actualidad ni los problemas son fácilmente identificables ni las posibles soluciones tienen unas formulaciones tan sencillas como antaño.
La diferencia esencial que esto supone es que, si bien antes el grueso del esfuerzo de la inteligencia se dirigía en un único sentido, actualmente debe atender a múltiples campos, entre los que destacan el político, el tecnológico, el económico, el medioambiental y el comercial. Las decisiones que afectan a la seguridad tienen actualmente mucho más que ver con estos aspectos que con aquellos otros que han configurado esa imagen decimonónica y añeja del. espionaje y el contraespionaje. No se puede olvidar, además, que estamos viviendo en la revolución de la información, y que la auténtica ventaja de los servicios de inteligencia es su rica experiencia en la gestión de fuentes informativas, en el análisis prospectivo, la investigación concienzuda, el empleo de hipótesis de trabajo y en la gestión de los recursos de unos sistemas de fusión de información técnicamente avanzados. Esa es la esencia de la inteligencia y ese debe ser el campo en el que los servicios deberán explotar al máximo sus capacidades.
En el futuro, los parlamentos y los gobiernos van a tener que tornar sus decisiones en un nuevo ambiente de inestabilidad en el que el conocimiento cabal, equilibrado y contrastado que proporciona la inteligencia resulta esencial para reducir los riesgos inherentes a todo proceso de toma de decisiones y para poder anticiparse a sus consecuencias. Adquiere así una nueva relevancia como auxiliar de la decisión política en unos momentos en los que la incertidumbre constituye la máxima expresión de cuanto acontece en la escena internacional.
El escenario estratégico actual no permite, por otra parte, establecer distinciones rígidas sobre el origen, naturaleza o alcance de las amenazas a la seguridad nacional. Las transformaciones operadas en los modelos de relación entre Estados, la aparición de nuevos actores no estatales en las políticas nacionales e internacionales y, fundamentalmente, la globalización de la actividad económica, han dejado sin efecto las distinciones clásicas entre riesgos internos y externos, sencillamente porque éstos se presentan ahora en términos macroeconómicos y de influencia política mucho más sutiles, complejos y, sobre todo, mucho más difíciles de apreciar e identificar. La seguridad del Estado precisa, por tanto, de una capacidad de prevención y anticipación multidireccional con objeto de detectar los problemas en su fase embrionaria, prevenir sus posibles mutaciones y, llegado el caso, estar en condiciones de proponer y ejecutar las acciones que el Gobierno estime necesarias para anularlas.
No obstante, quiero dejar también de manifiesto que, en ningún caso, esa eficacia tiene que estar reñida con los principios de un Estado de Derecho. En la medida en que los nuevos riesgos a que debemos enfrentarnos se hacen más difíciles de percibir que, en consonancia, los servicios diversifican su actividad informativa a esferas cada día diversas, es preciso también dotarlos de los instrumentos legales necesarios para conjugar dos principios básicos de cualquier sociedad democrática: la seguridad de todos y los derechos individuales de cada uno.
Esta necesidad de compatibilizar seguridad y libertad debe llevar a perfeccionar el marco legal en el que su labor los servicios, procurando encontrar un equilibrio armónico entre su control suficiente y su eficacia al servicio de la seguridad. Los gobiernos y parlamentos elegidos democráticamente son, en la medida en que se benefician de la actividad de los servicios y que su labor está destinada al bien de la comunidad, la principal fuente de legalidad para el trabajo de inteligencia.
Su legitimidad deberán ganarla los servicios a través de la eficacia de su funcionamiento específico en el marco democrático al que sirven.
Javier Calderón Fernández es Teniente General (R) y ex Director General del CESID
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