- El CNI propició la detención de Conde mientras escribía el libro ‘Mi amigo el Rey’
- El CNI liquida su red opaca de sociedades en el exterior por compartir con Conde el mismo testaferro
El juez Santiago Pedraz, que investiga la supuesta repatriación de 12 millones de euros de Mario Conde a España, decretó el pasado 20 de febrero un auto judicial declarando secreta una pieza del sumario sobre una comisión rogatoria que sigue pendiente de contestación por parte del Reino Unido. El magistrado tomó tal decisión, tras conocer que OKDIARIO iba a publicar al día siguiente la noticia de que el Centro Nacional de Inteligencia había desmantelado su red de sociedades y cuentas bancarias en el extranjero tras compartir el mismo testaferro con el ex presidente de Banesto. A través de la opacidad que le brindaba esa trama de instrumentales, el CNI movía el dinero de los fondos reservados para financiar operaciones secretas internacionales.
Se daba la circunstancia de que Francisco Javier de la Vega Jiménez, fiduciario de Conde, había utilizado una caja común para el CNI y el ex banquero, algo que ponía al descubierto la comisión rogatoria británica. El abogado intermediario fue detenido en abril de 2016 junto a Conde en la misma redada de la Guardia Civil. Entonces, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) incautaron del despacho del letrado documentación reservada del CNI que sigue en poder del departamento de Delincuencia Económica y Contra la Corrupción del instituto armado. La chapuza de los servicios secretos encendieron las alarmas de la seguridad del Estado.
Resultaba un tanto sorprendente que Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, respondiera así a la información de OKDIARIO cuando guardaba en el cajón de la mesa de su despacho, desde hacía cuatro meses, un escrito de la fiscal del caso, fechado el 18 de octubre pasado, reclamándole el secreto de las diligencias. La fiscal anticorrupción, Elena Lorente, se quejaba de las filtraciones del contenido de la primera comisión rogatoria recibida desde Londres, publicadas en las páginas del diario El País dos días antes, pero el juez no se dio por enterado. Tampoco desempolvó el escrito de la Fiscalía ni adoptó ninguna medida cautelar cuando el mismo diario insistía el 5 de enero sobre las “sociedades fantasmas” de Conde y se refería a la misma comisión rogatoria.
Sin embargo, Pedraz cambió de actitud cuando se enteró de que OKDIARIO llevaba varios días investigando la trama de sociedades opacas, que había constituido el testaferro de Conde y de los servicios secretos. Y se precipitó a firmar el auto. El periodista que suscribía la información había realizado varias llamadas telefónicas a la Guardia Civil, la Policía, la Audiencia Nacional, el CNI y a un despacho de abogados. En un principio, OKDIARO tenía previsto publicar la información el mismo lunes 20 de febrero pero, finalmente, se retrasó un día. El juez, que disponía de información privilegiada, no: dictó con urgencia el secreto de la pieza separada.
Pedraz no perdió ni un minuto en su actuación. Como cuando el 13 de marzo de hace un año publicó en su twitter el auto por el que dictaba prisión sin fianza para Mario Conde, antes de que le diera traslado a las partes. Tras las protestas de los abogados rectificó y retiró el tuit de la red.
Pedraz y los servicios secretos
No era la primera vez que el magistrado Pedraz se veía las caras con el CNI en una causa judicial. Ya pasó por esa experiencia en 2012 cuando Javier Gómez de Liaño denunció a los servicios secretos cuando una de sus agentes intentó captar a la secretaria del letrado. Tras varios meses asistiendo al mismo gimnasio que la colaboradora de Liaño se acercó a ésta y le propuso espiarle para los servicios secretos. También le pidió algunos de los documentos que se guardaban en el bufete. El ex magistrado presentó una denuncia en la Audiencia Nacional, que recayó en el juzgado de Pedraz, sin embargo el juez, sin apenas tiempo para estudiarla, se declaró no competente y optó por el sobreseimiento provisional de la causa. Para el querellante, con experiencia en los tribunales, aquella decisión judicial le pareció improcedente ya que contaba con un documento de la Comisaría General de Información que avalaba los hechos.
Un par de años antes, un caso de corrupción en Angola por un contrato de 300 millones, que afectaba al hijo del presidente del país africano, y en el que los servicios secretos realizaron alguna maniobra, provocó una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado Pedraz ordenó su archivo ante la sorpresa del Ministerio Público, argumentando que, aunque hubieran existido regalos, resultaba imposible determinar “que fueran para conseguir contratos”. Según el criterio del juez, las dádivas podían deberse a “atención al cargo o por amistad subsiguiente”.
