La competencia entre las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas, en la batalla común contra el terrorismo y el crimen organizado no es un fenómeno nuevo. Pero cuando esa rivalidad degenera en falta de colaboración e incluso ocultación de información sensible con tal de apuntarse el éxito antes que nadie y colgarse primero la medalla, quien saca mayor tajada es el propio criminal. EEUU, irritado por esas frecuentes disputas, considera que acabar con ellas es uno de los “retos” a los que debe enfrentarse el Gobierno.
La “fuerte rivalidad” entre la Guardia Civil, la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) “bloquea el libre flujo de información” entre las fuerzas de seguridad y “socava la capacidad de España” para hacer frente a los riesgos. Así rezaba un cable clasificado secreto remitido por la embajada de EEUU en Madrid al Departamento de Estado en septiembre de 2005, que analizaba la amenaza del terrorismo islamista tras el 11-M. El documento admitía que el Gobierno había “triplicado”, un año después de la matanza, el número de agentes encargados de controlar la “actividad islámica extremista”. Pero advertía que “el obstáculo más problemático” que debía resolver eran laszancadillas entre los cuerpos de seguridad, a las que se refiere como “un problema persistente que entorpece los esfuerzos contraterroristas”.
La última oleada de cables diplomáticos estadounidenses sacada a la luz por Wikileaks, la página de filtraciones impulsada por Julian Assange, revela que ese problema, lejos de haberse resuelto, se ha enquistado con el paso del tiempo. Cuatro años después, otro cable de la embajada estadounidense en Madrid, éste de mayo de 2009 y con el sello de confidencial, afirma sin rodeos: “Eliminar el aislamiento, la falta de colaboración y la incompatibilidad entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el CNI sigue siendo un desafío para el Gobierno”.
“Mejorar la cooperación”
Esa era una de las conclusiones de aquel cable, que trataba de resumir el debate suscitado durante un seminario a puerta cerrada sobre problemas de seguridad organizado por la embajada de México en Madrid, en el que participaron los principales responsables del Ministerio de Interior, desde el entonces ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, a su número dos, Antonio Camacho, pasando por la mano derecha de José Luis Rodríguez Zapateroen La Moncloa, Bernardino León. Según reza el documento, Camacho aseguró durante el encuentro que “había mejor cooperación que nunca” entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, pero sus interlocutores estadounidenses no debieron tomarle demasiado en serio: “El Gobierno español debería mejorar la cooperación entre sus servicios de seguridad”, insistía el cable.
De regreso a 2005, un nuevo cable secreto, fechado en abril, ahondaba en la herida al analizar las “debilidades” de la lucha antiterrorista. “La más importante es la falta de coordinación y cooperación entre las agencias españolas de seguridad y las de inteligencia. Hay una tradición de intensa rivalidad entre el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y un estrato añadido de conflicto entre los servicios nacionales de seguridad y la policía regional, especialmente con la Ertzaintza”, sostiene el cable, que añade: “Los cuerpos de seguridad son reacios a compartir información que podría revelar sus fuentes y sus métodos”.
En junio de 2009, la embajada de EEUU en Madrid volvía a la carga. Un cable, también con la etiqueta de confidencial, remitido al Departamento de Estado con motivo de la inminente visita a Washington de Pérez Rubalcaba, aseguraba que el entonces ministro de Interior “comprende perfectamente el alcance de la falta de cooperación entre la Policía y la Guardia Civil, así como los problemas de incompatibilidad entre esos dos cuerpos y el CNI”. El texto añadía que las relaciones bilaterales entre España y EEUU en materia antiterrorista “son buenas, pero podrían ser mejores”.
Disputas entre ministerios
Pero la viciada rivalidad en la lucha contra el crimen y el terrorismo no es exclusiva de las Fuerzas de Seguridad. En ocasiones las disputas surgen también entre éstas y otros departamentos del Gobierno. Un cable con el marchamo de secreto fechado en enero de 2009 pone de manifiesto la agria disputa entre el CNI y los ministerios de Industria y Asuntos Exteriores a propósito de la exportación a Irán de tubos de acero que podrían ser utilizados en el programa nuclear iraní. Según reveló el entonces responsable de Desarme y No Proliferación Nuclear, Carlos Torres, a sus interlocutores en la embajada de EEUU en Madrid, tanto el CNI como Miguel Ángel Moratinos, en ese momento jefe de la diplomacia española, se enfrentaron abiertamente con el ministro de Industria, entonces Miguel Sebastián, que autorizó la venta al régimen de los ayatolás del material pese a la firme oposición de aquéllos.
Las diferencias también aparecen con frecuencia en un mismo ministerio. Otro cable confidencial, de febrero de 2010, detalla los pormenores de un encuentro entre el propio Torres y el número dos de la embajada, Arnold A. Chacon, en el que el funcionario español plantea a éste la conveniencia de organizar simulacros de emergencia nuclear, a celebrar en Marruecos, en los que participen técnicos de España, EEUU y el país magrebí, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante una catástrofe de esa naturaleza. Pero Torres advierte a su interlocutor que, debido a que la mayoría de los terroristas del 11-M procedían de Marruecos, una parte del Ministerio de Interior “ha expresado sus reservas acerca de una estrecha colaboración con los marroquíes”.
La rivalidad se traslada en ocasiones fuera de nuestras fronteras. Dos semanas antes, también en febrero de 2010, un nuevo cable, éste de la embajada en Lisboa acerca de la actividad de ETA en Portugal, donde algunos terroristas buscaron refugio, alerta de que el CNI “había estado investigando posibles guaridas de ETA en Portugal sin coordinarse con los servicios de inteligencia portugueses, pese a que ambos países firmaron un protocolo de colaboración para desarrollar conjuntamente investigaciones terroristas”.El documento añade: “España y Portugal deberán coordinarse de forma más estrecha, particularmente a la hora de compartir información, incluso cuando las agencias [cuerpos de seguridad] pertenecen al mismo
