Bancos, seguros y abogados, principales clientes de la red de tráfico de datos

Los mejores clientes de la trama de venta de datos desarticulada por la policía de Barcelona eran las entidades bancarias, las aseguradoras, las agencias de cobro de morosos, los despachos de abogados y las grandes empresas, según fuentes de la investigación. En las 300 conversaciones transcritas por los investigadores, tras los pinchazos telefónicos autorizados por el juez, se repiten los nombres de este tipo de entidades. No obstante, lo que puede aportar una mejor radiografía de este escándalo son los 80 discos duros informáticos decomisados a los detectives privados e intermediarios detenidos.



Entre las víctimas de esta organización más destacadas están Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, e Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. Pero aparte de ellos hay directivos de empresas, trabajadores y personas muy diversas que eran coaccionadas mediante los datos obtenidos ilegalmente por la trama de espías y los funcionarios corruptos que les facilitaban los expedientes a cambio de dinero.



El volumen de información que manejaba esta auténtica telaraña era ingente. Prueba de ello es una conversación telefónica que un tal Francisco P., un intermediario muy activo, mantuvo en enero pasado con una funcionaria del Inem de Badalona (Barcelona). En la charla, el tal Francisco le dice: “A partir del lunes, vas a tener miles para hacer. Me piden un mínimo de cien o doscientos diarios”. La policía cree que esa cifra corresponde a expedientes laborales que ella debería obtener de forma clandestina.



Otro conseguidor muy destacado es Juan Antonio R., un detective radicado en Cantabria, especializado en captar datos en Hacienda para posteriormente vendérselos a otros detectives o a diferentes entidades.



Los tentáculos de la red disponían también de información tan sensible como historiales clínicos. Para ello, no dudaban en hacerse pasar por médicos, como hizo en una ocasión Jordi A., un detective de la provincia de Barcelona, que consiguió telefónicamente que una doctora de Canarias le diera el historial personal del trabajador de una empresa.



Al margen de la compra de datos a funcionarios corruptos, la organización tenía en su entramado a personas como Matías B., un habilidoso ingeniero informático de Barcelona que ha trabajado mucho para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Por medio de él, lograban penetrar en los discos duros de las personas a las que alguien quería atacar, lo que les permitía tener acceso a sus correos electrónicos y a todo el contenido de sus ordenadores. De esa forma, se apoderaban de información comprometida que más tarde lavaban haciendo que la víctima —generalmente un trabajador al que una empresa quería despedir— accediese voluntariamente a abrir su ordenador en presencia de un notario.



Las investigaciones de los policías de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona han revelado también que alguno de los detenidos se jactaba telefónicamente de estar en posesión del censo actualizado de los habitantes de las principales ciudades de España, pese a que tales datos están protegidos por el secreto.



Alguno de los 150 detenidos en la Operación Pitiusa no tuvo ningún escrúpulo en suplantar la identidad de una persona fallecida para así no dejar rastro de su oscura actividad.



“La redada ha causado una auténtica conmoción. Ahora está todo parado. Es imposible obtener ningún dato”, ha declarado a EL PAÍS un detective madrileño.

2012/06/19La inteligencia alemana, vinculada con una trama de asesinatos neonazis

Durante 13 años, un grupo de neonazis acabó con la vida de una decena de inmigrantes. Un nuevo dictamen pericial contradice la versión de la policía

En realidad, Enver Simsek no debería haber estado en Núremberg aquel 9 de septiembre del 2000. Pero su empleado estaba enfermo y fue por eso que aquel vendedor de flores de 38 años se puso en camino. Unas pocas horas más tarde caía al suelo víctima de ocho balazos. Simsek es la primera víctima de una serie de asesinatos en la que fallecieron nueve emigrantes (ocho turco- alemanes y un griego), así como una joven policía. Esta historia no va sólo de neonazis, los clandestinos nacionalsocialistas (Nationalsozialistischer Untergrund [NSU], en alemán). Es también la cronología de un escándalo. Aunque la policía y los servicios secretos conocían a los dos hombres y a la mujer que cometieron los asesinatos, los tres llevaron una vida cuasinormal

Un final de película

En noviembre de 2011 terminó la huida de los neonazis. Después de asaltar un banco, dos hombres abandonaban la escena del crimen, según un testigo. Según la versión oficial, los dos radicales de derechas se suicidaron poco antes de la posible detención. La cómplice está desde entonces en prisión preventiva y se niega a declarar. Hace unos días, una comisión de investigación a cargo de un juez que formó parte del Constitucional publicó un informe sobre el trabajo de los servicios de inteligencia en relación al caso. El informe, de 273 páginas, documenta la extensión de los fallos de la investigación, que hace difícil creer que solamente se trate de incompetencia.



Echemos una ojeada al pasado. En 1996 se formó la organización neonazi Protectores de la Patria Turingia (TuringischeHeimatschutz, en alemán). Uno de sus líderes es Tino Brandt, que al mismo tiempo trabajó como confidente para el centro nacional de inteligencia. También las tres personas que más tarde constituirían la NSU fueron miembros activos de dicha organización. En enero de 1998, la policía hizo un registro en un garaje alquilado por el trío y encontró material explosivo y bombas de fabricación casera. A pesar de la operación, los neonazis consiguieron huir. Se instalaron a cien kilómetros de su pueblo natal. Según la investigación, el servicio secreto alemán aconsejó a los padres de uno de los neonazis que se comunicasen con su hijo solamente a través de cabinas de teléfono públicas, ya que la policía tenía pinchado su teléfono. Ya en 1999 se podría haber detectado a los tres neonazis. La unidad policial especializada que estaba planeando su detención fue anulada. Los motivos aún no han sido explicados por el ministro responsable.



Para financiar su vida en la ilegalidad, los nazis atracaban bancos. A finales de 2000, tuvo lugar el primer atentado en una estación de tren de Düsseldorf. Diez inmigrantes resultaron heridos. Unas semanas más tarde comenzó la serie de asesinatos. Por qué acabó en 2007 sigue siendo un misterio. Lo que es seguro es que los investigadores ignoraron todas las pruebas que apuntaban a la extrema derecha. En lugar de eso, los criminalistas sospecharon de los asesinados y de sus allegados. La policía supuso que los disparos eran consecuencia de confrontaciones entre bandas turcas de vendedores de drogas. Los medios hablaron de los “asesinos del Döner”, de un “mundo paralelo impenetrable de los turcos” que “protege a los asesinos”. Mientras, en la escena de la derecha no era ningún secreto quién estaba detrás de los asesinatos. “Muchas gracias al NSU que ha dado sus frutos. La lucha continúa”, se podía leer en 2002 en el diario de extrema derecha El Lobo Blanco (Der weisse Wolf). El responsable de la publicación era un neonazi que hoy se sienta en el Parlamento de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con el partido de extrema derecha NPD.



Una mirada al trabajo de los “Guardianes de la Constitución” (así se llama en alemán el servicio de inteligencia) arroja raras incongruencias. Un ejemplo: antes de que la terrorista del NSU Beate Zschäpe se presentase ante la policía, voló por los aires la guarida del trío, una casa en la ciudad de Zwickau. En las ruinas aparecieron varios “papeles ilegales”. “Estos pasaportes los reciben normalmente los informantes encubiertos que trabajan para los servicios de información del Estado”, dijo el diputado del conservador CSU Hans- Peter Uhl.



Otro ejemplo: en el caso jugó un importante papel el por aquel entonces jefe del servicio de inteligencia de Turingia, Helmut Roewer. En 2000 fue despedido después de que se conociese que había pagado 25.000 euros a un conocido neonazi. “Había una gran camaradería entre la inteligencia y la extrema derecha, que convivían en una atmósfera amistosa“, dice Bodo Ramelow, el jefe del partido Die Linke en Turingia. Para él está claro que el servicio de inteligencia tuvo algo que ver con la desaparición del trío de neonazis. También queda por aclarar el hecho de que el asesinato de Halit Yozgat, en 2006 en Kassel, se produjese enfrente de un cibercafé propiedad de un funcionario del servicio secreto del Estado de Hesse.



Esta alianza entre el servicio secreto y los neonazis no es nueva. En 2002 fracasó un intento de prohibir el partido NPD. El motivo: importantes funcionarios de ese partido trabajaban también para el servicio de inteligencia alemán.