Bancos, seguros y abogados, principales clientes de la red de tráfico de datos

Los mejores clientes de la trama de venta de datos desarticulada por la policía de Barcelona eran las entidades bancarias, las aseguradoras, las agencias de cobro de morosos, los despachos de abogados y las grandes empresas, según fuentes de la investigación. En las 300 conversaciones transcritas por los investigadores, tras los pinchazos telefónicos autorizados por el juez, se repiten los nombres de este tipo de entidades. No obstante, lo que puede aportar una mejor radiografía de este escándalo son los 80 discos duros informáticos decomisados a los detectives privados e intermediarios detenidos.



Entre las víctimas de esta organización más destacadas están Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, e Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. Pero aparte de ellos hay directivos de empresas, trabajadores y personas muy diversas que eran coaccionadas mediante los datos obtenidos ilegalmente por la trama de espías y los funcionarios corruptos que les facilitaban los expedientes a cambio de dinero.



El volumen de información que manejaba esta auténtica telaraña era ingente. Prueba de ello es una conversación telefónica que un tal Francisco P., un intermediario muy activo, mantuvo en enero pasado con una funcionaria del Inem de Badalona (Barcelona). En la charla, el tal Francisco le dice: “A partir del lunes, vas a tener miles para hacer. Me piden un mínimo de cien o doscientos diarios”. La policía cree que esa cifra corresponde a expedientes laborales que ella debería obtener de forma clandestina.



Otro conseguidor muy destacado es Juan Antonio R., un detective radicado en Cantabria, especializado en captar datos en Hacienda para posteriormente vendérselos a otros detectives o a diferentes entidades.



Los tentáculos de la red disponían también de información tan sensible como historiales clínicos. Para ello, no dudaban en hacerse pasar por médicos, como hizo en una ocasión Jordi A., un detective de la provincia de Barcelona, que consiguió telefónicamente que una doctora de Canarias le diera el historial personal del trabajador de una empresa.



Al margen de la compra de datos a funcionarios corruptos, la organización tenía en su entramado a personas como Matías B., un habilidoso ingeniero informático de Barcelona que ha trabajado mucho para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Por medio de él, lograban penetrar en los discos duros de las personas a las que alguien quería atacar, lo que les permitía tener acceso a sus correos electrónicos y a todo el contenido de sus ordenadores. De esa forma, se apoderaban de información comprometida que más tarde lavaban haciendo que la víctima —generalmente un trabajador al que una empresa quería despedir— accediese voluntariamente a abrir su ordenador en presencia de un notario.



Las investigaciones de los policías de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona han revelado también que alguno de los detenidos se jactaba telefónicamente de estar en posesión del censo actualizado de los habitantes de las principales ciudades de España, pese a que tales datos están protegidos por el secreto.



Alguno de los 150 detenidos en la Operación Pitiusa no tuvo ningún escrúpulo en suplantar la identidad de una persona fallecida para así no dejar rastro de su oscura actividad.



“La redada ha causado una auténtica conmoción. Ahora está todo parado. Es imposible obtener ningún dato”, ha declarado a EL PAÍS un detective madrileño.