El CNI advierte del uso "experto y estratégico" que los yihadistas hacen de las redes sociales

Félix Estrada, Luis García, Federico Aznar, el representante de la Guardia Civil y Manuel Torres

Como hiciera el CNI, la Jefatura de Información de la Guardia Civil quiso destacar ayer la "profesionalidad y calidad" con la que se elaboran los vídeos y contenidos que los yihadistas difunden a través de la red."Cuando vemos imágenes movidas de alguien corriendo por la calle podríamos pensar que se trata de algo improvisado.Pero nada lo es. Hasta eso está preparado y obedece a un cuidado lenguaje narrativo. Sabemos que trabajan con 30 productoras profesionales con las que han hecho cerca de 2.400 vídeos", recordaba el ponente de la Benemérita (cuyo nombre se omitió por seguridad).

Según los servicios de inteligencia españoles, en su afán por llegar al mayor número posible de público, el Daesh ya no monta piezas de más de 15 minutos y les da formato de serie americana y hasta de videojuego. "A diferencia de lo que hacía Al Qaeda, que usaba un lenguaje culto para intentar vender su propaganda a los imanes, esta nueva organización se dirige a la gente joven, menos preparada y mucho más radical", explicaban los especialistas. Además, ya no doblan las imágenes solo al inglés, también lo hacen al ruso, al francés y a otros muchos idiomas.

Del lobo solitario al teledirigido

​​​​​Según el representante del CNI, el objetivo estratégico del terrorismo yihadista, más allá de la mera planificación y ejecución de atentados, "es la polarización de la sociedad, situarla en polos opuestos que conduzcan irremediablemente al enfrentamiento". Y conseguir este propósito les está haciendo atravesar distintas etapas. "Cuando constituyeron el califato en 2014 en Siria e Iraq, animaban a la gente a acudir allí. Era la primera vez que una organización terrorista tomaba el control de un espacio físico. Ahora que tienen que hacer frente a contiendas como la que se libra en Mosul, han recurrido al terrorismo teledirigido", indicaba el experto de la Guardia Civil. Para este, la etapa de los lobos solitarios, que actuaban por cuenta propia, se habría superado. "Porque ahora Daesh está recurriendo a ciberterroristas a los que marca sus consignas desde la distancia, como el que atacó con una hacha a los pasajeros de un tren en Alemania", indicó.

En cuanto a la forma de reclutar a sus seguidores, el teniente coronel del Ejército de Tierra Félix Estrada, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, recordó que los terroristas cada vez toman más precauciones."De hecho, están migrando a redes sociales más seguras y utilizando sus propias aplicaciones de móvil", señaló este experto.

Al debate sobre el uso de internet por parte de las organizaciones yihadistas se sumó también ayer Manuel Torres, el profesor de la Universidad Pablo de Olavide, quien dijo que estos terroristas "también están aprendiendo de sus errores y cada vez dificultan más la labor a las fuerzas de seguridad". A modo de ejemplo, el especialista explicó que los suicidas, ahora, antes de inmolarse borran todas las imágenes del móvil y su rastro digital. "Esto obliga a los investigadores a dedicar más tiempo a identificarles", dijo.

ERC ‘vende’ que Puigdemont diseña sus servicios de inteligencia en Israel

Un tuit 'oficial' de un miembro de Esquerra anunciaba a bombo y platillo un viaje a la mayor feria de Seguridad como el lugar donde iba a nacer el nuevo CNI catalán

El pasado 12 de noviembre, Iván Monforte retuiteaba una noticia que había aparecido en ‘Directe!’, un medio afín a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): ‘Nuevo paso adelante de Cataluña en servicios de inteligencia’. Nada del otro mundo, si no fuese por el hecho de que Monforte es miembro del gabinete de Carles Puigneró, secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Generalitat de Cataluña. Como tal, Puigneró es el encargado de finiquitar el maltrecho Cesicat (que intentó ser el germen de los servicios de espionaje catalanes) y abordar la creación de una Agencia de Ciberseguridad

En la noticia que retuiteaba Monforte se afirmaba que esa Agencia de Ciberseguridad “es el paso previo para el despliegue de una inteligencia propia de un territorio independiente” y vinculaba un viaje del propio Puigneró a Israel el pasado domingo (que finaliza hoy) con la creación de esos servicios de espionaje. El Parlamento catalán dio luz verde el pasado octubre a la tramitación de la ley de creación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, cuya misión será detectar y responder a incidentes o ciberamenazas en las redes de comunicación electrónicas. Su cometido, pues, entra dentro de la normalidad, aunque algunos insistan en que ese nuevo organismo hará lo que no pudo hacer el Cesicat: crear el CNI catalán.

La difusión de la noticia en las redes sociales por una persona autorizada de la secretaría de Telecomunicaciones le da a la misma un aire de mayor oficialidad. Pero, en realidad, Puigneró se desplazó a Tel Aviv para asistir a la feria Israel Homeland Security & Cibersecurity, que se celebra entre el 14 y el 18 de noviembre, de la que dice que es “la feria más importante del mundo en ciberseguridad”.

El alto cargo del Gobierno de Carles Puigdemont, sin embargo, viajó a Israel el pasado domingo encabezando una delegación de ocho empresas y centros tecnológicos catalanes escogidos por la empresa pública Acció, dedicada a facilitar la competitividad empresarial: Alphanet, Ase Optics Europe, Crises, Eurecat, i2cat, Leitat, Safelayer Secure Communications y Somos Digitales.

Fuentes asistentes a la feria de Israel señalan a El Confidencial que “la delegación catalana es puramente empresarial, aunque desde algunos sectores políticos se ha intentado vender otra cosa a los ciudadanos”. Una nota oficial de la Generalitat señalaba que los empresarios asistentes asistirían del 14 al 17 de noviembre a ponencias de expertos internacionales y “reuniones con posibles socios comerciales y ‘partners’ tecnológicos, unos encuentros organizados por la oficina de Acció en Israel en colaboración con Israel Export and International Cooperation Institute”. Los empresarios también visitarían durante los días 17 y 18 de noviembre ‘startups’, incubadoras, aceleradoras y fondos de capital riesgo, además de tener programadas visitas al Cyberspack —un área de innovación cibernética al sur del país—, la Universidad Ben Gurion y algunas empresas líderes en ciberseguridad.

La ayuda del ‘CNI catalán’

De ahí que el 1 de junio del 2012 los Mossos d’Esquadra intentasen soslayar el hándicap de la falta de acceso a bases de datos. En esa fecha, el intendente Miquel Justo, directivo de los Servicios de Información de la Policía Autonómica, se dirigió a los responsables del Centro de Seguridad de la Información (Cesicat) para pedirles ayuda en este terreno. En aquel momento, el consejero de Interior era Felip Puig y el Cesicat estaba operando para intentar convertirse en el núcleo duro de lo que internamente se denominaba la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y popularmente ya se llamaba el ‘CNI catalán’.

Un escueto mail, del que se enviaba una copia al comisario jefe de los servicios de Información de los Mossos, Manel Castellví, señalaba: “Tal y como os comenté ayer, éstas son las bases de datos en las que estamos interesados”. Justo es, precisamente, la mano derecha de Castellví dentro de la Policía Autonómica. Su correo, además, iba acompañado por un documento que llevaba por título Registro central de personas aseguradas. Y en él se enumeraban un total de 34 bases de datos a las que los Mossos d’Esquadra les gustaría tener acceso.

Entre ellas se encontraban la del DNI (gestionada exclusivamente por el Ministerio de Interior), la de Unespa, la del Tirce, la del registro civil, la de Intervención de armas, la del Instituto Nacional de Estadística (INE), las de centros religiosos o las del catastro.

También estaban interesados en tener acceso a bases de datos que son gestionadas por el Gobierno autonómico. Entre estas, las de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y las bases gestionadas por las oficinas de trabajo. Lo que pretendía la Policía Autonómica era poder penetrar en estas últimas con el perfil de jefe de oficina para que se le permita “ver la vida laboral de un trabajador y el lugar de trabajo actual”. Por si fuera poco, reclamaba el acceso a todas las bases de datos del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) o al “fichero único de prestaciones de carácter económico”.

En el documento se detallaban también otras bases de datos que podían ser de interés para los Mossos, como las del Servicio Catalán de la Salud (SCS) o las de la consejería de Salud. De esta, le interesaba penetrar con un “perfil de administrativo, que permita consultar el domicilio, teléfono y dónde han sido atendidos”. Justo exponía también su interés por los registros de alumnos matriculados, las bases de expedientes sancionadores del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), o las de Justicia. Incluso solicitaba las bases de datos del registro mercantil (a pesar de que especificaba que “ya se dispone de algún acceso”), del Registro de Cooperativas, del Registro de Entidades y Asociaciones, del Registro de Fundaciones, de la Cámara de Comercio, del Incasol, del registro de expedientes de menores, de las bases de datos de informes de Extranjería, de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y sobre el patrimonio o el acceso a la base de datos de Gestión Económica de la Generalitat “para seguir las subvenciones o ingresos provenientes de la Generalitat que reciben entidades que pueden ser objeto de investigación”.

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Dimite el máximo responsable de los Servicios de Inteligencia de EE.UU.

James Clapper, director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, anunció ayer que abandonará su cargo el próximo 20 de diciembre, el mismo día que tomará posesión como Presidente de EE.UU el magnate neoyorkino Donald Trump.

Pese a que Clapper, que cuenta ya con 75 años, había anunciado hace meses su decisión de no continuar al frente del cargo después de que concluyera la legislatura de Barack Obama, llama la atención el momento de su renuncia.

Sin embargo, un portavoz de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia señaló que la renuncia de Jefe de los Servicios de Inteligencia era esperada y nada tiene que ver con «mostrar una protesta o de falta de confianza en la próxima administración».

Por su parte Clapper, quién fue responsable de la coordinación de las 17 agencias de inteligencia del país durante los últimos 6 años, resaltó que le quedan “aún 64 días de trabajo”.

Así, aunque la dimisión del Responsable de Inteligencia era esperada, también es cierto que el Clapper y Trump tuvieron algún desencuentro durante la campaña electoral. Clapper señaló que los aliados se sentían molestos con la retórica agresiva utilizada por el candidato republicano y señaló a Rusia como la responsable de los ataques cibernéticos contra Hillary Clinton, algo que Trump desmintió.

Por otro lado, los analistas coinciden en señalar que la renuncia de James Clapper supone una llamada de atención para que Trump configure su gabinete en un momento donde no parece que el presidente electo tenga claro cuáles serán los nombres que configurarán su equipo al frente de la Casa Blanca.

La promoción del ministro Méndez de Vigo frustra el ascenso de su hermana

Uno de los nombramientos más importantes para la seguridad nacional ha quedado pospuesto por circunstancias familiares. Otros “clanes” en los aledaños del poder han tenido más suerte.

No todas las sagas familiares que se ubican en los aledaños del poder corren la misma suerte. Este viernes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nombramiento de Eva Valle Maestro como flamante nueva directora de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno.

Rajoy ha optado por una prestigiosa profesional con un currículum indiscutible. Pero, además, se da la circunstancia de que Valle es la cuñada del ministro de Energía, Alvaro Nadal. Es decir, esposa del secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. Todos ellos pertenecen a la denominada categoría JASP, jóvenes aunque sobradamente preparados.

Sin embargo, otra integrante de una reconocida saga de políticos no va a correr la misma suerte. La secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia, una de las espías más reconocidas en el ámbito de la inteligencia internacional, tendrá que esperar. Beatriz Méndez de Vigo, número dos de La Casa -cómo se conoce a la sede del espionaje español- deberá aguardar una nueva oportunidad para dar el salto al máximo escalón del CNI.

Y eso que tras las elecciones del 20 de diciembre, el Gobierno sopesó seriamente relevar de su cargo al general Félix Sanz Roldán. Nada traumático. El militar llevaba ya siete años al frente de los espías, en enero cumplirá 72 años y ha rebasado la edad para su pase a la reserva.

Sanz Roldán, un hombre muy ligado a la etapa del Rey Juan Carlos I, pilotó con notable audacia el caso Corinna y el proceso de abdicación del ex Jefe del Estado. Además, en su haber destaca el apaciguamiento de un CNI que había quedado dinamitado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero por la gestión del antecesor del general.

Alberto Saiz, un civil sin experiencia alguna elevado al cargo por José Bono, y que arrasó con el prestigio de un espionaje siempre alabado por sus homólogos europeos. ¿El mérito de Saiz para ocupar tan delicado cargo?: haber sido consejero de Industria cuando Bonopresidía Castilla-La Mancha.

Aunque Félix Sanz ha puesto en su desempeño sus indiscutibles dotes políticas y su indudable habilidad para la diplomacia -ha sobrevivido al PSOE y al PP, es decir, a María Teresa Fernández de la Vega y a Soraya Sáenz de Santamaría-todos los que conocen el CNI coinciden en que ha sido Beatriz Méndez de Vigo la artífice de la normalización y represtigiamiento del espionaje español.

Méndez de Vigo, una de las primeras mujeres en entrar en el entonces CESID en 1983, tiene en su cabeza todos los secretos de Estado. Es el cerebro interno y el rostro que se relaciona con los servicios aliados, de cara al exterior.

Había llegado la hora de su ascenso definitivo y todos en el CNI daban por hecho su salto al número uno. Con ETA fuera de juego, ella era la encargada de impulsar los nuevos retos: el ciberterrorismo, la delincuencia financiera, la infiltración yihadista, los nuevos retos de la globalización y las redes sociales.

Sin embargo, la promoción de su hermano, el ministro de Educación, Cultura y flamante portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, va a provocar que la "jefa de los espías" -como se la conoce- tenga que esperar una nueva oportunidad. El Gobierno no ha querido abrir un fuego con la oposición con un cargo que provoca extraordinarias susceptibilidades.

Cosidó afirma desconocer si el comisario José Villarejo tiene varias identidades

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha testificado durante media hora ante el juez que investiga al pequeño Nicolás y, según fuentes jurídicas, no ha sido capaz de aportar demasiada información sobre las grabaciones supuestamente irregulares realizadas a policías y agentes del CNI que denuncia otro comisario. 

Ignacio Cosidó, que entraba al juzgado de instrucción nº 2 de Plaza de Castilla en torno a las doce y media de la mañana, ha asegurado en su testifical que tuvo conocimiento de esta grabación a través de laDirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, y que no tomó ninguna medida adicional al estar el caso ya en manos de la Justicia. De la misma manera, a preguntas del juez Arturo Zamarriego, ha asegurado desconocer si el comisario imputado José Villarejo tiene múltiples identidades. 

Según estas mismas fuentes, Cosidó también ha afirmado que existió una "información reservada" sobre las empresas de Villarejo, una información que determinó que no existía ninguna incompatibilidad con su función de policía y que por tanto no se cerró un expediente disciplinario al respecto.

Ninguno de los otros dos llamados a declarar este lunes ha comparecido en el juzgado: el comisario José Villarejo ha solicitado retrasar su declaración como imputado después de que el comisario Marcelino Martín Blas tampoco haya comparecido para testificar. 

La declaración de este lunes se enmarca dentro de la investigación contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como elpequeño Nicolás: después de trascender una conversación grabadaentre policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que supuestamente desvelarían irregularidades en la investigación contra el joven, el comisario Martín Blas —apartado de Asuntos Internosrecientemente— denunció ante el juzgado que detrás de esa grabación estaría el comisario Villarejo. 

La encuesta británica sobre Litvinenko tropieza en la recta final de las sesiones orales

La investigación judicial británica sobre la muerte de Alexander Litvinenko entra en su recta final con dudas sobre la colaboración de uno de los principales sospechosos de envenenar al ex agente de los servicios secretos rusos en noviembre de 2006.

Dmitri Kovtun, ex oficial de Inteligencia, estaba llamado a testificar primera hora del lunes 27, por vídeo conferencia desde Moscú, pero el temor a infringir la legislación rusa y la normativa internacional llevó al ex oficial de Inteligencia a cancelar la citación, según informó el juez que preside el proceso, Sir Robert Owen.

Comienza en Londres la audiencia pública sobre la muerte de Litvinenko

El señor Kovtun se considera sujeto a una obligación de confidencialidad a la investigación rusa, que todavía continua, y ha sugerido que no podrá prestar declaración si no es eximido de dicha obligación por la entidad investigadora rusa", señaló el abogado de la encuesta al cerrar las vistas orales el pasado viernes.

El juez Owen confirmó a su vez que Kovtun se disculpó por escrito de su decisión en la que "declina asistirme porque cometería un delito si testifica sin permiso de las autoridades rusas"

El intercambio de correos electrónicos entre Moscú y Londres, en vísperas del anticipado testimonio del ahora empresario ruso, sentó el caos en el proceso, además de malestar en el resto de participantes.

Los abogados de la viuda e hijo de Litvinenko, Marina y Anatoli, urgieron al juez a "deducir culpabilidad y responsabilidad" en vistas al "aparente intento de socavar esta encuesta".

Kovtun y el ahora diputado Andrei Lugovói se entrevistaron con Litvinenko, en un hotel de Londres, días antes de su doloroso fallecimiento, por intoxicación con la sustancia radioactiva, Polonio 210, según el parte forense.

Ambos se negaron en un principio a colaborar con las pesquisas británicas, aunque accedieron a ser interrogados formalmente en Rusia.

El juez Owen confirmó a su vez que Kovtun se disculpó por escrito de su decisión en la que "declina asistirme porque cometería un delito si testifica sin permiso de las autoridades rusas"

El intercambio de correos electrónicos entre Moscú y Londres, en vísperas del anticipado testimonio del ahora empresario ruso, sentó el caos en el proceso, además de malestar en el resto de participantes.

Los abogados de la viuda e hijo de Litvinenko, Marina y Anatoli, urgieron al juez a "deducir culpabilidad y responsabilidad" en vistas al "aparente intento de socavar esta encuesta".

Kovtun y el ahora diputado Andrei Lugovói se entrevistaron con Litvinenko, en un hotel de Londres, días antes de su doloroso fallecimiento, por intoxicación con la sustancia radioactiva, Polonio 210, según el parte forense.

Ambos se negaron en un principio a colaborar con las pesquisas británicas, aunque accedieron a ser interrogados formalmente en Rusia.

Parece que la petición de Kovtun a prestar testimonio fue un intento deliberado y calculado para obtener toda la información adicional posible sobre este proceso,y desparecer una vez logrado su objetivo", denunció el letrado.

El juez dio una última oportunidad a Kovtun a testificar este lunes desde Moscú.

La señal de vídeo se encenderá en la sala 73 del palacio de Justicia al mediodía, hora de Londres, pero pocos esperan que haya respuesta al otro lado de la cámara contratada a una empresa comercial.

Moscú ya comunicó al Home Office, el pasado 15 de julio, que declina su permiso a la utilización de las pruebas recogidas en la Federación rusa, según advirtieron los abogados británicos el pasado viernes.

La Inteligencia española destapa la existencia de una trama de espionaje castrista, según informes de prensa

Los servicios de inteligencia de España se han visto obligados a desvelar la existencia de una activa red de espionaje cubano en el país para evitar que uno de sus "colaboradores" consiguiera la nacionalidad española, según informa el periódico vasco El Correo.

De acuerdo con este medio, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha tenido que facilitar todo tipo de datos sobre esta trama ante la Audiencia Nacional para vetar la naturalización del individuo.

La trama existe desde hace más de una década y extiende sus tentáculos entre Valencia y Barcelona. La red llegó a recopilar información "tanto personal como profesional" de políticos españoles, asegura el periódico.

La Audiencia Nacional confirmó en una resolución la negativa a nacionalizar al empresario cubano de 39 años, afincado en Valencia, a pesar de que el hombre es residente en España desde 2000, tiempo suficiente para otorgarle la ciudadanía.

Para justificar su decisión, la sala hace público buena parte del informe del CNI —fechado el 3 de marzo de 2015— que afirma que el cubano es un "estrecho colaborador" del espionaje castrista.

Desde el 2000 el empresario, identificado con las iniciales de su nombre (D. Y. S. F.) por el diario El Mundo, ha dirigido un entramado empresarial de varias compañías vinculadas con agencias de viajes, asesoría jurídica y trámites documentales.

El informe afirma que el empresario ha recibido formación en contrainteligencia en la escuela de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCI) cubana Hermanos Tamayo.

El informe del CNI asegura además que, en el año 2005, el empresario "solicitó a un periodista español cercano a él la elaboración de perfiles de políticos españoles de la Generalitat (gobierno regional) valenciana responsables de áreas de interés para los propósitos de la inteligencia cubana".

"Su objetivo era, tal y como él mismo manifestó, pasar esos informes a oficiales de inteligencia cubanos destacados en el consulado de Cuba en Barcelona al objeto de que utilizaran esa información en beneficio del país caribeño y en su estrategia de obtención de financiación para proyectos cubanos en España que posibilitaran la realización de acciones de influencia", dice el informe.

El dossier del CNI concluye que "él mismo ha manifestado en diferentes círculos que colabora con los Servicios de Inteligencia cubanos, y varios miembros de la Dirección General de Inteligencia (DGI) cubana le señalan como estrecho colaborador de estos".

El CNI desvela que un cubano compró datos privados de políticos españoles

rimero fue el Ministerio de Justicia el que le dijo no a su solicitud de nacionalidad española. Ahora, ha sido la Audiencia Nacional la que ha ratificado la negativa a la petición de este ciudadano cubano. En ambos casos, la motivación ha sido la misma: «Por razones de seguridad nacional». Pero ahora, en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se aportan datos para avalar esta decisión. Se trata de un informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre el solicitante que ha sido determinante para que España le niegue la nacionalidad.

«Se informa que D. Y. S. F. reside en España desde el año 2000. Desde entonces ha dirigido un entramado empresarial de varias empresas vinculadas con agencias de viajes, asesoría jurídica y trámites documentales, relacionadas todas ellas directa o indirectamente con Cuba», indica el escrito del servicio de inteligencia español.

Según el texto, el solicitante de la nacionalidad española «ha recibido formación en Contrainteligencia en la escuela de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCI) Cubana Hermanos Tamayo, en la que coincidió con el hijo del actual ministro del Interior cubano. Aunque en estos momentos no es personal activo del MININT [Ministerio del Interior] cubano, colabora con éste a favor de intereses cubanos».

El CNI destaca que en 2005 este ciudadano cubano «solicitó a un periodista español cercano a él la elaboración de perfiles de políticos españoles de la Generalitat Valenciana responsables de áreas de interés para los propósitos de la Inteligencia cubana (inmigración y solidaridad). Su objetivo era, tal y como él mismo manifestó, pasar esos informes a oficiales de Inteligencia cubanos destacados en el Consulado de Cuba en Barcelona, además de enviarlos a Cuba, al objeto de que utilizaran esa información en beneficio de Cuba y en su estrategia de obtención de financiación para proyectos cubanos en España que posibilitaran la realización de acciones de influencia».

En el relato incluido en la sentencia, el Centro Nacional de Inteligencia detalla que la relación entre el solicitante cubano y el periodista «se mantuvo durante varios meses, obteniendo durante este periodo (a cambio de una remuneración económica) información privada, tanto personal como profesional, sobre políticos de instituciones españolas».

El CNI alertó también a la Abogacía del Estado de que «desde su llegada a España y hasta la actualidad mantiene estrechas relaciones con miembros del despliegue diplomático vinculados al Servicio de Inteligencia cubano. Él mismo ha manifestado en diferentes círculos que colabora con los Servicios de Inteligencia cubanos, y varios miembros de la Dirección General de Inteligencia cubana le señalan como estrecho colaborador», resume el informe del CNI.

Con base en estos informes, la Audiencia Nacional corrobora la decisión del Ministerio de Justicia y opta por negar la nacionalidad a D. Y. S. F. El juez entiende que el informe del CNI «es lo suficientemente expresivo respecto de las vinculaciones que dice mantener el recurrente con el aparato estatal de Inteligencia de la República de Cuba y al servicio de los intereses cubanos». Añade la sentencia: «El grado de colaboración del demandante con los servicios del aparato estatal de inteligencia de la República de Cuba en favor de los intereses cubanos no resulta compatible con la adquisición de la nacionalidad española por razones de interés nacional».

El CNI desvela la existencia de una red de espionaje cubano en España

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha visto obligado a desvelar la existencia de una activa red de espionaje cubano en España para evitar que uno de sus «colaboradores» consiguiera la nacionalidad española. El CNI ha tenido que facilitar todo tipo de datos sobre esta trama, que existe desde hace más de una década y que extiende sus tentáculos entre Valencia y Barcelona, ante la Audiencia Nacional a fin de conseguir que los jueces vetaran la naturalización de este empresario y que éste no pudiera alegar indefensión, tal y como venía haciendo. La red llegó a recopilar información «tanto personal como profesional» de políticos españoles.

El documento, que –por primera vez y de forma oficial– constata la existencia de un entramado de espionaje castrista en España, es una sentencia de la Audiencia Nacional de abril, a la que ha tenido acceso este periódico, y que acaba de ser notificada a los servicios jurídicos del Estado. La Abogacía representó al Ministerio de Justicia y al CNI en este proceso en su empeño por negar la ciudadanía a este empresario asentado en Valencia por considerarlo un «riesgo a la seguridad del Estado».

En esa resolución, la Audiencia Nacional da la razón a la Administración y confirma la negativa a nacionalizar al empresario cubano de 39 años, afincado en Valencia, a pesar de que el extranjero es residente en España desde 2000, tiempo suficiente para otorgarle la ciudadanía. Para justificar su decisión, la sala hace público buena parte de un informe del CNI fechado el 3 de marzo de 2015 que afirma que el cubano es un «estrecho colaborador» del espionaje castrista.

Contrainteligencia

El CNI no escatima en datos en su informe. «XXX (su identidad se omite voluntariamente por este periódico) reside en España desde el año 2000. Desde entonces ha dirigido un entramado empresarial de varias empresas vinculadas con agencias de viajes, asesoría jurídica y trámites documentales, relacionadas todas ellas directa o indirectamente con Cuba», dice el informe. «XXX –desvela el CNI– ha recibido formación en contrainteligencia en la escuela de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCI) cubana Hermanos Tamayo», uno de los principales centros de espionaje de la isla.

Explica el Centro Nacional de Inteligencia que, en el año 2005, XXX «solicitó a un periodista español cercano a él la elaboración de perfiles de políticos españoles de la Generalitat valenciana responsables de áreas de interés para los propósitos de la inteligencia cubana». Los fragmentos reproducidos en la sentencia no revelan qué altos cargos del Gobierno de Francisco Camps fueron objeto de seguimiento.

«Su objetivo era, tal y como él mismo manifestó, pasar esos informes a oficiales de inteligencia cubanos destacados en el consulado de Cuba en Barcelona al objeto de que utilizaran esa información en beneficio del país caribeño y en su estrategia de obtención de financiación para proyectos cubanos en España que posibilitaran la realización de acciones de influencia». El dossier del CNI concluye que «él mismo ha manifestado en diferentes círculos que colabora con los Servicios de Inteligencia cubanos, y varios miembros de la Dirección General de Inteligencia (DGI) cubana le señalan como estrecho colaborador de éstos».

Sexo, traiciones y cintas de vídeo en el CNI

 

 

El agente 8882 tenía un expediente intachable. Traductor de árabe para el Centro Nacional de Inteligencia desde el año 2007 se incorporó al servicio como miembro definitivo en 2013.

Solo un año después, un incidente en principio sin consecuencias directas en materia de seguridad nacional, abrió la caja de Pandora. El traductor, que mantenía un idilio con una compañera del Centro, grabó imágenes de contenido sexual de sus encuentros que luego mostró a otros miembros de su departamento. El asunto motivó la apertura de una investigación por parte de la División de Seguridad que revelaría en julio de 2014 toda una serie de irregularidades cometidas por el agente en su primer año como miembro “fijo” del CNI.

Relaciones de alto riesgo

De acuerdo con el informe del Jefe de la División de Seguridad del Centro “el sujeto mantenía una serie de relaciones con personas de alto riesgo para el CNI y para los intereses nacionales”. Entre ellas destaca a “varias personas vinculadas a los servicios de Inteligencia de Marruecos”. El informe habla incluso “de un posible inicio de un proceso de captación sobre él” y añade que las relaciones sospechosas del agente no se limitaban a servicios extranjeros sino que éste también “entró en contacto con un islamista radical con el que coincidió en su etapa de estudiante del que no informó a sus Jefes”. El documento también da cuenta de “un intento de comunicación con alguien que estuvo detenido al menos en dos ocasiones por blanqueo de dinero relacionado con narcotráfico e islamismo radical”

El informe también recoge otras conductas prohibidas como “hacer fotos dentro de las instalaciones y enviarlas por Internet” o “extraer información de las bases de datos del Centro para personas de su entorno y para uso propio ajeno al desempeño de su trabajo” y se detalla también el “elevado nivel de gastos, muy por encima de sus ingresos” del agente.

En conclusión, el Jefe de la División de Seguridad establece que el traductor no cumple las condiciones necesarias para trabajar en el CNI “no descartando que la relación con alguno de los sujetos mencionados no se haya materializado ya en una manipulación en beneficio de servicios de inteligencia extranjeros, grupos terroristas u otras organizaciones subversivas o individuos cuyos intereses puedan constituir una amenaza para los intereses de España”

Aún así el centro no ha procedido penalmente contra el traductor dado que considera que no existen pruebas fehacientes de que el agente llegase a cometer algún delito; si bien, como se desprende del informe, estima que el riesgo de que hubiera llegado a cometerlos en caso de permanecer en el Centro era “alto”.

La Audiencia da la razón al CNI

La expulsión del agente 8882 se produjo en febrero del pasado año y es la primera llevada a cabo por el CNI haciendo uso del supuesto recogido en el Estatuto de Personal que permite el despido del personal estatutario por motivos de seguridad (si se demuestra la pérdida de idoneidad) sin que medie proceso disciplinario. Esto se debe a que la norma permite evaluaciones continuas del personal del Centro.

El traductor recurrió judicialmente su expulsión alegando que a mediados de 2014 se dio de baja por motivos psicológicos y que parte de las conductas observadas por la División de Seguridad se debieron en realidad a su enfermedad. Un argumento que ha rechazado la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que en una sentencia del pasado mes de diciembre da la razón al CNI considerando la expulsión “ajustada a derecho”. Según un portavoz del Centro “la sentencia demuestra que el Sistema de Evaluaciones previsto en el Estatuto de Personal es un instrumento eficaz para velar por la seguridad de la información clasificada”.