ERC ‘vende’ que Puigdemont diseña sus servicios de inteligencia en Israel

Un tuit 'oficial' de un miembro de Esquerra anunciaba a bombo y platillo un viaje a la mayor feria de Seguridad como el lugar donde iba a nacer el nuevo CNI catalán

El pasado 12 de noviembre, Iván Monforte retuiteaba una noticia que había aparecido en ‘Directe!’, un medio afín a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): ‘Nuevo paso adelante de Cataluña en servicios de inteligencia’. Nada del otro mundo, si no fuese por el hecho de que Monforte es miembro del gabinete de Carles Puigneró, secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Generalitat de Cataluña. Como tal, Puigneró es el encargado de finiquitar el maltrecho Cesicat (que intentó ser el germen de los servicios de espionaje catalanes) y abordar la creación de una Agencia de Ciberseguridad

En la noticia que retuiteaba Monforte se afirmaba que esa Agencia de Ciberseguridad “es el paso previo para el despliegue de una inteligencia propia de un territorio independiente” y vinculaba un viaje del propio Puigneró a Israel el pasado domingo (que finaliza hoy) con la creación de esos servicios de espionaje. El Parlamento catalán dio luz verde el pasado octubre a la tramitación de la ley de creación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, cuya misión será detectar y responder a incidentes o ciberamenazas en las redes de comunicación electrónicas. Su cometido, pues, entra dentro de la normalidad, aunque algunos insistan en que ese nuevo organismo hará lo que no pudo hacer el Cesicat: crear el CNI catalán.

La difusión de la noticia en las redes sociales por una persona autorizada de la secretaría de Telecomunicaciones le da a la misma un aire de mayor oficialidad. Pero, en realidad, Puigneró se desplazó a Tel Aviv para asistir a la feria Israel Homeland Security & Cibersecurity, que se celebra entre el 14 y el 18 de noviembre, de la que dice que es “la feria más importante del mundo en ciberseguridad”.

El alto cargo del Gobierno de Carles Puigdemont, sin embargo, viajó a Israel el pasado domingo encabezando una delegación de ocho empresas y centros tecnológicos catalanes escogidos por la empresa pública Acció, dedicada a facilitar la competitividad empresarial: Alphanet, Ase Optics Europe, Crises, Eurecat, i2cat, Leitat, Safelayer Secure Communications y Somos Digitales.

Fuentes asistentes a la feria de Israel señalan a El Confidencial que “la delegación catalana es puramente empresarial, aunque desde algunos sectores políticos se ha intentado vender otra cosa a los ciudadanos”. Una nota oficial de la Generalitat señalaba que los empresarios asistentes asistirían del 14 al 17 de noviembre a ponencias de expertos internacionales y “reuniones con posibles socios comerciales y ‘partners’ tecnológicos, unos encuentros organizados por la oficina de Acció en Israel en colaboración con Israel Export and International Cooperation Institute”. Los empresarios también visitarían durante los días 17 y 18 de noviembre ‘startups’, incubadoras, aceleradoras y fondos de capital riesgo, además de tener programadas visitas al Cyberspack —un área de innovación cibernética al sur del país—, la Universidad Ben Gurion y algunas empresas líderes en ciberseguridad.

La ayuda del ‘CNI catalán’

De ahí que el 1 de junio del 2012 los Mossos d’Esquadra intentasen soslayar el hándicap de la falta de acceso a bases de datos. En esa fecha, el intendente Miquel Justo, directivo de los Servicios de Información de la Policía Autonómica, se dirigió a los responsables del Centro de Seguridad de la Información (Cesicat) para pedirles ayuda en este terreno. En aquel momento, el consejero de Interior era Felip Puig y el Cesicat estaba operando para intentar convertirse en el núcleo duro de lo que internamente se denominaba la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y popularmente ya se llamaba el ‘CNI catalán’.

Un escueto mail, del que se enviaba una copia al comisario jefe de los servicios de Información de los Mossos, Manel Castellví, señalaba: “Tal y como os comenté ayer, éstas son las bases de datos en las que estamos interesados”. Justo es, precisamente, la mano derecha de Castellví dentro de la Policía Autonómica. Su correo, además, iba acompañado por un documento que llevaba por título Registro central de personas aseguradas. Y en él se enumeraban un total de 34 bases de datos a las que los Mossos d’Esquadra les gustaría tener acceso.

Entre ellas se encontraban la del DNI (gestionada exclusivamente por el Ministerio de Interior), la de Unespa, la del Tirce, la del registro civil, la de Intervención de armas, la del Instituto Nacional de Estadística (INE), las de centros religiosos o las del catastro.

También estaban interesados en tener acceso a bases de datos que son gestionadas por el Gobierno autonómico. Entre estas, las de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y las bases gestionadas por las oficinas de trabajo. Lo que pretendía la Policía Autonómica era poder penetrar en estas últimas con el perfil de jefe de oficina para que se le permita “ver la vida laboral de un trabajador y el lugar de trabajo actual”. Por si fuera poco, reclamaba el acceso a todas las bases de datos del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) o al “fichero único de prestaciones de carácter económico”.

En el documento se detallaban también otras bases de datos que podían ser de interés para los Mossos, como las del Servicio Catalán de la Salud (SCS) o las de la consejería de Salud. De esta, le interesaba penetrar con un “perfil de administrativo, que permita consultar el domicilio, teléfono y dónde han sido atendidos”. Justo exponía también su interés por los registros de alumnos matriculados, las bases de expedientes sancionadores del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), o las de Justicia. Incluso solicitaba las bases de datos del registro mercantil (a pesar de que especificaba que “ya se dispone de algún acceso”), del Registro de Cooperativas, del Registro de Entidades y Asociaciones, del Registro de Fundaciones, de la Cámara de Comercio, del Incasol, del registro de expedientes de menores, de las bases de datos de informes de Extranjería, de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y sobre el patrimonio o el acceso a la base de datos de Gestión Económica de la Generalitat “para seguir las subvenciones o ingresos provenientes de la Generalitat que reciben entidades que pueden ser objeto de investigación”.

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