El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha visto obligado a desvelar la existencia de una activa red de espionaje cubano en España para evitar que uno de sus «colaboradores» consiguiera la nacionalidad española. El CNI ha tenido que facilitar todo tipo de datos sobre esta trama, que existe desde hace más de una década y que extiende sus tentáculos entre Valencia y Barcelona, ante la Audiencia Nacional a fin de conseguir que los jueces vetaran la naturalización de este empresario y que éste no pudiera alegar indefensión, tal y como venía haciendo. La red llegó a recopilar información «tanto personal como profesional» de políticos españoles.
El documento, que –por primera vez y de forma oficial– constata la existencia de un entramado de espionaje castrista en España, es una sentencia de la Audiencia Nacional de abril, a la que ha tenido acceso este periódico, y que acaba de ser notificada a los servicios jurídicos del Estado. La Abogacía representó al Ministerio de Justicia y al CNI en este proceso en su empeño por negar la ciudadanía a este empresario asentado en Valencia por considerarlo un «riesgo a la seguridad del Estado».
En esa resolución, la Audiencia Nacional da la razón a la Administración y confirma la negativa a nacionalizar al empresario cubano de 39 años, afincado en Valencia, a pesar de que el extranjero es residente en España desde 2000, tiempo suficiente para otorgarle la ciudadanía. Para justificar su decisión, la sala hace público buena parte de un informe del CNI fechado el 3 de marzo de 2015 que afirma que el cubano es un «estrecho colaborador» del espionaje castrista.
Contrainteligencia
El CNI no escatima en datos en su informe. «XXX (su identidad se omite voluntariamente por este periódico) reside en España desde el año 2000. Desde entonces ha dirigido un entramado empresarial de varias empresas vinculadas con agencias de viajes, asesoría jurídica y trámites documentales, relacionadas todas ellas directa o indirectamente con Cuba», dice el informe. «XXX –desvela el CNI– ha recibido formación en contrainteligencia en la escuela de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCI) cubana Hermanos Tamayo», uno de los principales centros de espionaje de la isla.
Explica el Centro Nacional de Inteligencia que, en el año 2005, XXX «solicitó a un periodista español cercano a él la elaboración de perfiles de políticos españoles de la Generalitat valenciana responsables de áreas de interés para los propósitos de la inteligencia cubana». Los fragmentos reproducidos en la sentencia no revelan qué altos cargos del Gobierno de Francisco Camps fueron objeto de seguimiento.
«Su objetivo era, tal y como él mismo manifestó, pasar esos informes a oficiales de inteligencia cubanos destacados en el consulado de Cuba en Barcelona al objeto de que utilizaran esa información en beneficio del país caribeño y en su estrategia de obtención de financiación para proyectos cubanos en España que posibilitaran la realización de acciones de influencia». El dossier del CNI concluye que «él mismo ha manifestado en diferentes círculos que colabora con los Servicios de Inteligencia cubanos, y varios miembros de la Dirección General de Inteligencia (DGI) cubana le señalan como estrecho colaborador de éstos».
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