Pitiusa: un universo de datos ilegales

 

es como el universo: ignoramos de él más cosas de las que sabemos. También se asemeja a un agujero negro: lo engulle todo a su paso. La investigación que ha destapado la mayor red de tráfico ilegal de datos en España sigue creciendo a ritmo vertiginoso. Hay más de 150 imputados —detectives, policías, funcionarios y empresarios—, el sumario rebasa ya los 20.000 folios y aún no han sido analizados millones de archivos informáticos que fueron incautados en la primera fase de la operación, hace ya un año.

Aunque comenzó como una pequeña trama de compraventa de datos confidenciales, Pitiusa se está convirtiendo en un monstruo cada vez más difícil de controlar. El punto de arranque fue Sergio C., un policía local de Santa Maria de Palautordera (Barcelona) que compaginaba su empleo con el de detective y facilitaba datos a Sara D., que a su vez tenía como clientes a importantes multinacionales. Los pinchazos telefónicos permitieron tirar del hilo y alcanzar a grandes directivos españoles. La semana pasada, en la segunda gran fase de la investigación, fueron detenidos el presidente de la multinacional Unilever en España, Jaime Aguilera, y el exgerente de Mutua Universal Eduard Garriga.

Lo que ha llevado a la fiscalía hasta esos empresarios —y otra treintena de personas, también detenidas— son, precisamente, algunos de los archivos informáticos que ya han sido analizados. Los más significativos son los que obraban en poder del hacker argentino Matías Bevilacqua, excolaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e imputado el año pasado en el caso. Bevilacqua es el hilo conductor entre las dos fases del caso Pitiusa y una pieza clave que, además, ha destapado una sorprendente conexión con el caso Nóos.

Bevilacqua fue contratado, presuntamente, por esos y otros empresarios para investigar los equipos informáticos de directivos y empleados de los que, por alguna razón, sospechaban. La fiscalía considera que cometió un delito al hacerlo. La defensa, en cambio, sostiene que el análisis de los ordenadores se ajustó a protocolos aceptados por los directivos. El análisis de sus equipos, en todo caso, es el que puso a los investigadores sobre la pista.
Uno de los pendrives del ingeniero informático contenía miles de correos electrónicos del caso Nóos. El hallazgo alarmó a la fiscalía, que temía una fuga de información o un intento de alterar la investigación. Pero tenía una explicación: Bevilacqua había sido contratado por el abogado de Iñaki Urdangarin para analizar y poner en orden los correos del caso.
El equipo del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que lleva el caso ha rastreado mensajes de móvil, pendrives y ordenadores portátiles, y ha comenzado ya a analizar los discos duros en poder de Bevilacqua. Lo que se pueda encontrar allí o en dispositivos de otras personas es un misterio. Los investigadores privados trabajan con material sensible y, en ocasiones, con clientes poderosos, como ya puso de relieve la primera fase del caso Pitiusa.


La policía aún no ha analizado miles de archivos informáticos con millones de datos.

Un empresario pagó entre 2.000 y 3.000 euros a un detective para grabar una comida de consejeros en la que participó el esposo de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La hermana de la princesa Letizia, Telma Ortiz, también fue espiada. Los investigadores consideran que la trama llegó a vender datos de unas 3.000 personas al mes. Para que la rueda girase, era imprescindible la participación de trabajadores (operadoras, bancos) y, sobre todo, de funcionarios con acceso a bases de datos: Hacienda, la Seguridad Social, el catastro, sanidad o miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.
“El caso se acabará centrando en los funcionarios que han vendido esos datos y en los detectives que después revendían esa información sensible de manera salvaje”, según fuentes judiciales. Los detectives privados han vivido el caso Pitiusa como una afrenta que ha puesto en duda su honorabilidad. Fuentes del sector subrayan la “estrecha colaboración” entre la policía y los investigadores y destacan que el acceso a datos confidenciales siempre se había producido sin que eso generase un reproche penal. “Uno va a un detective porque necesita un dato especial; si no, lo consigue él mismo por internet”, abundan las mismas fuentes.