Cosidó afirma desconocer si el comisario José Villarejo tiene varias identidades

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha testificado durante media hora ante el juez que investiga al pequeño Nicolás y, según fuentes jurídicas, no ha sido capaz de aportar demasiada información sobre las grabaciones supuestamente irregulares realizadas a policías y agentes del CNI que denuncia otro comisario. 

Ignacio Cosidó, que entraba al juzgado de instrucción nº 2 de Plaza de Castilla en torno a las doce y media de la mañana, ha asegurado en su testifical que tuvo conocimiento de esta grabación a través de laDirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, y que no tomó ninguna medida adicional al estar el caso ya en manos de la Justicia. De la misma manera, a preguntas del juez Arturo Zamarriego, ha asegurado desconocer si el comisario imputado José Villarejo tiene múltiples identidades. 

Según estas mismas fuentes, Cosidó también ha afirmado que existió una "información reservada" sobre las empresas de Villarejo, una información que determinó que no existía ninguna incompatibilidad con su función de policía y que por tanto no se cerró un expediente disciplinario al respecto.

Ninguno de los otros dos llamados a declarar este lunes ha comparecido en el juzgado: el comisario José Villarejo ha solicitado retrasar su declaración como imputado después de que el comisario Marcelino Martín Blas tampoco haya comparecido para testificar. 

La declaración de este lunes se enmarca dentro de la investigación contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como elpequeño Nicolás: después de trascender una conversación grabadaentre policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que supuestamente desvelarían irregularidades en la investigación contra el joven, el comisario Martín Blas —apartado de Asuntos Internosrecientemente— denunció ante el juzgado que detrás de esa grabación estaría el comisario Villarejo. 

La encuesta británica sobre Litvinenko tropieza en la recta final de las sesiones orales

La investigación judicial británica sobre la muerte de Alexander Litvinenko entra en su recta final con dudas sobre la colaboración de uno de los principales sospechosos de envenenar al ex agente de los servicios secretos rusos en noviembre de 2006.

Dmitri Kovtun, ex oficial de Inteligencia, estaba llamado a testificar primera hora del lunes 27, por vídeo conferencia desde Moscú, pero el temor a infringir la legislación rusa y la normativa internacional llevó al ex oficial de Inteligencia a cancelar la citación, según informó el juez que preside el proceso, Sir Robert Owen.

Comienza en Londres la audiencia pública sobre la muerte de Litvinenko

El señor Kovtun se considera sujeto a una obligación de confidencialidad a la investigación rusa, que todavía continua, y ha sugerido que no podrá prestar declaración si no es eximido de dicha obligación por la entidad investigadora rusa", señaló el abogado de la encuesta al cerrar las vistas orales el pasado viernes.

El juez Owen confirmó a su vez que Kovtun se disculpó por escrito de su decisión en la que "declina asistirme porque cometería un delito si testifica sin permiso de las autoridades rusas"

El intercambio de correos electrónicos entre Moscú y Londres, en vísperas del anticipado testimonio del ahora empresario ruso, sentó el caos en el proceso, además de malestar en el resto de participantes.

Los abogados de la viuda e hijo de Litvinenko, Marina y Anatoli, urgieron al juez a "deducir culpabilidad y responsabilidad" en vistas al "aparente intento de socavar esta encuesta".

Kovtun y el ahora diputado Andrei Lugovói se entrevistaron con Litvinenko, en un hotel de Londres, días antes de su doloroso fallecimiento, por intoxicación con la sustancia radioactiva, Polonio 210, según el parte forense.

Ambos se negaron en un principio a colaborar con las pesquisas británicas, aunque accedieron a ser interrogados formalmente en Rusia.

El juez Owen confirmó a su vez que Kovtun se disculpó por escrito de su decisión en la que "declina asistirme porque cometería un delito si testifica sin permiso de las autoridades rusas"

El intercambio de correos electrónicos entre Moscú y Londres, en vísperas del anticipado testimonio del ahora empresario ruso, sentó el caos en el proceso, además de malestar en el resto de participantes.

Los abogados de la viuda e hijo de Litvinenko, Marina y Anatoli, urgieron al juez a "deducir culpabilidad y responsabilidad" en vistas al "aparente intento de socavar esta encuesta".

Kovtun y el ahora diputado Andrei Lugovói se entrevistaron con Litvinenko, en un hotel de Londres, días antes de su doloroso fallecimiento, por intoxicación con la sustancia radioactiva, Polonio 210, según el parte forense.

Ambos se negaron en un principio a colaborar con las pesquisas británicas, aunque accedieron a ser interrogados formalmente en Rusia.

Parece que la petición de Kovtun a prestar testimonio fue un intento deliberado y calculado para obtener toda la información adicional posible sobre este proceso,y desparecer una vez logrado su objetivo", denunció el letrado.

El juez dio una última oportunidad a Kovtun a testificar este lunes desde Moscú.

La señal de vídeo se encenderá en la sala 73 del palacio de Justicia al mediodía, hora de Londres, pero pocos esperan que haya respuesta al otro lado de la cámara contratada a una empresa comercial.

Moscú ya comunicó al Home Office, el pasado 15 de julio, que declina su permiso a la utilización de las pruebas recogidas en la Federación rusa, según advirtieron los abogados británicos el pasado viernes.

La Inteligencia española destapa la existencia de una trama de espionaje castrista, según informes de prensa

Los servicios de inteligencia de España se han visto obligados a desvelar la existencia de una activa red de espionaje cubano en el país para evitar que uno de sus "colaboradores" consiguiera la nacionalidad española, según informa el periódico vasco El Correo.

De acuerdo con este medio, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha tenido que facilitar todo tipo de datos sobre esta trama ante la Audiencia Nacional para vetar la naturalización del individuo.

La trama existe desde hace más de una década y extiende sus tentáculos entre Valencia y Barcelona. La red llegó a recopilar información "tanto personal como profesional" de políticos españoles, asegura el periódico.

La Audiencia Nacional confirmó en una resolución la negativa a nacionalizar al empresario cubano de 39 años, afincado en Valencia, a pesar de que el hombre es residente en España desde 2000, tiempo suficiente para otorgarle la ciudadanía.

Para justificar su decisión, la sala hace público buena parte del informe del CNI —fechado el 3 de marzo de 2015— que afirma que el cubano es un "estrecho colaborador" del espionaje castrista.

Desde el 2000 el empresario, identificado con las iniciales de su nombre (D. Y. S. F.) por el diario El Mundo, ha dirigido un entramado empresarial de varias compañías vinculadas con agencias de viajes, asesoría jurídica y trámites documentales.

El informe afirma que el empresario ha recibido formación en contrainteligencia en la escuela de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCI) cubana Hermanos Tamayo.

El informe del CNI asegura además que, en el año 2005, el empresario "solicitó a un periodista español cercano a él la elaboración de perfiles de políticos españoles de la Generalitat (gobierno regional) valenciana responsables de áreas de interés para los propósitos de la inteligencia cubana".

"Su objetivo era, tal y como él mismo manifestó, pasar esos informes a oficiales de inteligencia cubanos destacados en el consulado de Cuba en Barcelona al objeto de que utilizaran esa información en beneficio del país caribeño y en su estrategia de obtención de financiación para proyectos cubanos en España que posibilitaran la realización de acciones de influencia", dice el informe.

El dossier del CNI concluye que "él mismo ha manifestado en diferentes círculos que colabora con los Servicios de Inteligencia cubanos, y varios miembros de la Dirección General de Inteligencia (DGI) cubana le señalan como estrecho colaborador de estos".

El CNI desvela que un cubano compró datos privados de políticos españoles

rimero fue el Ministerio de Justicia el que le dijo no a su solicitud de nacionalidad española. Ahora, ha sido la Audiencia Nacional la que ha ratificado la negativa a la petición de este ciudadano cubano. En ambos casos, la motivación ha sido la misma: «Por razones de seguridad nacional». Pero ahora, en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se aportan datos para avalar esta decisión. Se trata de un informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre el solicitante que ha sido determinante para que España le niegue la nacionalidad.

«Se informa que D. Y. S. F. reside en España desde el año 2000. Desde entonces ha dirigido un entramado empresarial de varias empresas vinculadas con agencias de viajes, asesoría jurídica y trámites documentales, relacionadas todas ellas directa o indirectamente con Cuba», indica el escrito del servicio de inteligencia español.

Según el texto, el solicitante de la nacionalidad española «ha recibido formación en Contrainteligencia en la escuela de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCI) Cubana Hermanos Tamayo, en la que coincidió con el hijo del actual ministro del Interior cubano. Aunque en estos momentos no es personal activo del MININT [Ministerio del Interior] cubano, colabora con éste a favor de intereses cubanos».

El CNI destaca que en 2005 este ciudadano cubano «solicitó a un periodista español cercano a él la elaboración de perfiles de políticos españoles de la Generalitat Valenciana responsables de áreas de interés para los propósitos de la Inteligencia cubana (inmigración y solidaridad). Su objetivo era, tal y como él mismo manifestó, pasar esos informes a oficiales de Inteligencia cubanos destacados en el Consulado de Cuba en Barcelona, además de enviarlos a Cuba, al objeto de que utilizaran esa información en beneficio de Cuba y en su estrategia de obtención de financiación para proyectos cubanos en España que posibilitaran la realización de acciones de influencia».

En el relato incluido en la sentencia, el Centro Nacional de Inteligencia detalla que la relación entre el solicitante cubano y el periodista «se mantuvo durante varios meses, obteniendo durante este periodo (a cambio de una remuneración económica) información privada, tanto personal como profesional, sobre políticos de instituciones españolas».

El CNI alertó también a la Abogacía del Estado de que «desde su llegada a España y hasta la actualidad mantiene estrechas relaciones con miembros del despliegue diplomático vinculados al Servicio de Inteligencia cubano. Él mismo ha manifestado en diferentes círculos que colabora con los Servicios de Inteligencia cubanos, y varios miembros de la Dirección General de Inteligencia cubana le señalan como estrecho colaborador», resume el informe del CNI.

Con base en estos informes, la Audiencia Nacional corrobora la decisión del Ministerio de Justicia y opta por negar la nacionalidad a D. Y. S. F. El juez entiende que el informe del CNI «es lo suficientemente expresivo respecto de las vinculaciones que dice mantener el recurrente con el aparato estatal de Inteligencia de la República de Cuba y al servicio de los intereses cubanos». Añade la sentencia: «El grado de colaboración del demandante con los servicios del aparato estatal de inteligencia de la República de Cuba en favor de los intereses cubanos no resulta compatible con la adquisición de la nacionalidad española por razones de interés nacional».

El CNI desvela la existencia de una red de espionaje cubano en España

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha visto obligado a desvelar la existencia de una activa red de espionaje cubano en España para evitar que uno de sus «colaboradores» consiguiera la nacionalidad española. El CNI ha tenido que facilitar todo tipo de datos sobre esta trama, que existe desde hace más de una década y que extiende sus tentáculos entre Valencia y Barcelona, ante la Audiencia Nacional a fin de conseguir que los jueces vetaran la naturalización de este empresario y que éste no pudiera alegar indefensión, tal y como venía haciendo. La red llegó a recopilar información «tanto personal como profesional» de políticos españoles.

El documento, que –por primera vez y de forma oficial– constata la existencia de un entramado de espionaje castrista en España, es una sentencia de la Audiencia Nacional de abril, a la que ha tenido acceso este periódico, y que acaba de ser notificada a los servicios jurídicos del Estado. La Abogacía representó al Ministerio de Justicia y al CNI en este proceso en su empeño por negar la ciudadanía a este empresario asentado en Valencia por considerarlo un «riesgo a la seguridad del Estado».

En esa resolución, la Audiencia Nacional da la razón a la Administración y confirma la negativa a nacionalizar al empresario cubano de 39 años, afincado en Valencia, a pesar de que el extranjero es residente en España desde 2000, tiempo suficiente para otorgarle la ciudadanía. Para justificar su decisión, la sala hace público buena parte de un informe del CNI fechado el 3 de marzo de 2015 que afirma que el cubano es un «estrecho colaborador» del espionaje castrista.

Contrainteligencia

El CNI no escatima en datos en su informe. «XXX (su identidad se omite voluntariamente por este periódico) reside en España desde el año 2000. Desde entonces ha dirigido un entramado empresarial de varias empresas vinculadas con agencias de viajes, asesoría jurídica y trámites documentales, relacionadas todas ellas directa o indirectamente con Cuba», dice el informe. «XXX –desvela el CNI– ha recibido formación en contrainteligencia en la escuela de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCI) cubana Hermanos Tamayo», uno de los principales centros de espionaje de la isla.

Explica el Centro Nacional de Inteligencia que, en el año 2005, XXX «solicitó a un periodista español cercano a él la elaboración de perfiles de políticos españoles de la Generalitat valenciana responsables de áreas de interés para los propósitos de la inteligencia cubana». Los fragmentos reproducidos en la sentencia no revelan qué altos cargos del Gobierno de Francisco Camps fueron objeto de seguimiento.

«Su objetivo era, tal y como él mismo manifestó, pasar esos informes a oficiales de inteligencia cubanos destacados en el consulado de Cuba en Barcelona al objeto de que utilizaran esa información en beneficio del país caribeño y en su estrategia de obtención de financiación para proyectos cubanos en España que posibilitaran la realización de acciones de influencia». El dossier del CNI concluye que «él mismo ha manifestado en diferentes círculos que colabora con los Servicios de Inteligencia cubanos, y varios miembros de la Dirección General de Inteligencia (DGI) cubana le señalan como estrecho colaborador de éstos».