El diagnóstico era totalmente acertado. Lo que falta en México para combatir a la delincuencia organizada es más labor de inteligencia, que desde luego implica una mayor y mejor recopilación de información, pero sobre todo perfeccionar la sistematización, el procesamiento y el análisis de la información, pues eso es lo que permite anticipar el actuar de los criminales y combatirlo con acciones preventivas y correctivas, incluyendo el desmantelamiento de sus redes financieras y sus vínculos con diversos actores de la sociedad. En ese sentido nadie puede oponerse al anunciado Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuya creación adelantó Proceso y confirmó el pasado lunes 14 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Pero si lo que el citado centro pretende es precisamente realizar la labor de concentración, sistematización, procesamiento y análisis de la información recopilada por las distintas instancias de inteligencia, el modelo que debe seguir no es para nada el de la CIA norteamericana, cuya real actividad es el espionaje político y la desestabilización y derrocamiento de gobiernos nacionales que implementen proyectos alternativos al modelo neoliberal estadunidense.
De acuerdo con las versiones periodísticas de la conferencia de prensa que brindó Osorio Chong (en el apartado de “sala de prensa” de la página electrónica de la Secretaría de Gobernación no es posible encontrar un documento –boletín, versión estenográfica, conferencia, entrevista– que dé cuenta de su respuesta a la pregunta que le hicieron el lunes 14) el funcionario reconoció que se trabaja en el proyecto y aunque siempre lo refirió a funcionarios de seguridad y el combate al crimen organizado, en ningún momento desmintió que se haya reunido con funcionarios de la CIA ni que lo que se estuviese buscando fuese la creación de un centro de inteligencia similar a dicha instancia.
Todos los gobiernos deben tener un centro de inteligencia estratégica, pero la CIA no es únicamente un centro de inteligencia estratégica, ya que entre sus actividades incluye labores de espionaje político y de desestabilización de gobiernos que los estadunidenses consideran peligrosos u opositores. Por otra parte, todas las labores de inteligencia, espionaje y desestabilización que realiza la CIA son fuera de Estados Unidos, pues ese es precisamente su objetivo.
Un caso emblemático que retrata cabalmente el papel de la CIA es la participación del gobierno estadunidense –y desde luego de su agencia de inteligencia– en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende en Chile. Hoy las grabaciones y documentación del gobierno de Richard Nixon no dejan lugar a dudas de su intervención en el mismo.
La CIA no se dedica al combate del crimen organizado, su labor está totalmente orientada a los asuntos políticos y fuera de Estados Unidos, por lo que no había ninguna razón para consultarla. En todo caso los organismos que había que observar y analizar son otros que sí se dedican al combate del crimen organizado en dicho país.
Durante la conferencia de prensa, de acuerdo con lo divulgado por los medios de comunicación, Osorio Chong refirió que el proyecto se inició desde el periodo de transición gubernamental y que se entrevistó con funcionarios de seguridad de Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia y España, entre otros, y que el objetivo es lograr lo que llamó la “fusión de la información” para ser más eficaces.
Pero nunca precisó quiénes o al menos de qué dependencias eran esos funcionarios de seguridad y tampoco desmintió que entre ellos se encontraran los dirigentes de la CIA, lo que significaría que sí contemplan las estrategias y prácticas de espionaje de la agencia norteamericana, lo que implica que éstas pueden utilizarse no únicamente para el combate a la delincuencia organizada sino también para contrarrestar a sus opositores políticos, es decir, algo más similar a la desaparecida KGB soviética, que las usaba para neutralizar a los enemigos de su régimen político.
Durante el gobierno panista de Felipe Calderón el combate a la delincuencia organizada sirvió de pretexto para sacar al Ejército a las calles; impulsar y aprobar una serie de reformas legislativas que atentan contra los derechos humanos, como es el caso del arraigo, para mencionar tan sólo un ejemplo; y para cometer una serie de atropellos y arbitrariedades que provocaron la desaparición y muerte –o al menos lesiones– de muchos inocentes.
La amenaza que hoy se asoma es que a todos estos excesos se le agreguen estas estrategias y prácticas de espionaje y persecución de los enemigos políticos; que se aproveche nuevamente el gran sentimiento de vulnerabilidad que se apoderó de los mexicanos para seguir violentando los derechos y restringiendo las libertades de la ciudadanía.
Esto pone en riesgo los incipientes y débiles avances que se lograron en la construcción democrática en los últimos tres lustros, que bien pueden revertirse por la vía de los hechos en aras de recuperar una seguridad que hoy está perdida.
El peligro es mayor porque las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que se aprobaron en diciembre pasado, concentraron un gran poder en la Secretaría de Gobernación, que hoy también se traduce en un mayor presupuesto, con lo cual la posibilidad de montar una agencia de espionaje y persecución política se acrecienta.
La ausencia de un soporte legal nunca ha sido un obstáculo para las autoridades mexicanas y la creación de esta supersecretaría le permite constituir la agencia a partir de simples decisiones administrativas, que pueden tomarse e implementarse subrepticiamente y para cuando se perciban sus efectos el daño ya estará hecho y las posibilidades de reacción, mermadas.
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