La banda cuenta con miles de kilos de explosivos, bombas lapa, armas pesadas, centenares de pistolas, subfusiles, ametralladoras y revólveres escondidos en una secreta red de zulos repartidos por caseríos, viviendas, garajes y escondrijos en Francia, España y Portugal cuyo valor supera los cinco millones de euros, según aseguran informes reservados de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Nadie conoce la ubicación de este siniestro circuito del terror en el que se ocultan los secretos de decenas de crímenes sin resolver. "Algunos tienen más de 30 años y todavía no han sido descubiertos, quiero que se vayan conmigo a la tumba. Comprenderá usted por qué", asegura sin temblarle la voz un exmiembro de ETA político militar, de 69 años, que pide que se omita su nombre. "Es como buscar el Santo Grial", admite un agente de la Guardia Civil. Algunos zulos aparecen buscando setas en Mauleon-Licharre, localidad vasco francesa cercana a la frontera de Irún donde el pasado mes de agosto un montañero localizó explosivos y placas de matrícula. Otros gracias al olfato de los agentes. Como el encontrado en el caserío de los hermanos Aitor e Igor Esnaola, de 40 y 36 años, que hasta hace pocas semanas ocultaban 850 kilos de nitrato amónico el mayor polvorín hallado en España. Desde el inicio de la tregua permanente, el pasado mes de enero, se han destapado cuatro zulos.
ETA ha escenificado su final en numerosos comunicados en los que asegura que "las armas se enterrarán como garantía del cumplimiento de los acuerdos políticos suscritos con los Gobiernos español y francés". La destrucción solo se llevará a cabo cuando se logre el "acuerdo político amplio" que se citaba en uno de los últimos documentos intervenidos a la banda. Un plan final en el que aspiran a que los presos queden en libertad, los "refugiados" (huidos) vuelvan a sus casas, el Ejército y las Fuerzas de Seguridad del Estado salgan del País Vasco y se celebre un referéndum sobre la integración de Navarra en Euskadi, sus viejas reivindicaciones.
Esa es la literatura etarra más reciente antes del histórico anuncio del cese de la lucha armada. Miembros de los servicios de inteligencia aseguran que la destrucción de las armas no será antes de 2013, fecha de las elecciones autonómicas vascas, una cita que puede utilizar la banda para los intereses electorales de su gente. "Hasta ese escenario queda un largo camino que recorrer. No hay ninguna seguridad sobre lo que puede ocurrir", afirma el responsable de uno de ellos. Las asociaciones de víctimas son igual de escépticas y dudan sobre la entrega de las armas.
Patxi Zabaleta, exmiembro de Herri Batasuna y dirigente de Aralar, fue uno de los primeros miembros de la izquierda abertzale que pidió a ETA el abandono de la violencia. Es más optimista que los expertos antiterroristas y se atreve a pronosticar un final rápido. "La entrega de las armas es menos relevante y será más rápida de lo que se cree. Es algo baladí, lo importante es el comunicado, el resto es la consecuencia, es secundario y llegará seguro. Ni en el acuerdo de Gernika, ni en el comunicado de la Conferencia de Paz se habló de armas. Se habló de cese unilateral y ahí está. Las armas se destruirán y serán entregadas".
En el despacho de uno de los generales de la Guardia Civil, un hombre dedicado a la lucha antiterrorista que pide se omita su identidad, no se piensa igual. "Las armas encima de la mesa. Tenemos que verlas para creer en esto. Mientras ETA no esté desarmada está armada. La Guardia Civil tiene la competencia sobre las armas en todo el territorio y esas armas no las hemos visto todavía. Hay que ser muy prudente, todavía queda mucho recorrido por andar. Creo que esto va a ser más político que policial. Nosotros no podemos negociar nada, estamos sometidos al imperio de la ley".
Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado, declina pronunciarse sobre la entrega de las armas, "quedan muchas cuestiones pendientes sin resolver y esa es una de ellas", pero asegura que la presión judicial entre 2007 y 2009 ha sido clave para empujar a ETA a abandonarlas. "La fiscalía consiguió ilegalizar ANV, impidió que el Partido Comunista de las Tierras Vascas estuviera en el Parlamento, paralizó la reconstrucción clandestina de Batasuna, acordó la detención de Arnaldo Otegui y Rafael Díez Usabiaga (condenados a 10 años) y logró la condena de 30 o 40 personas de su entorno financiero y político. Los dirigentes de la corbata llevaban la dirección de la organización, pero acabaron en prisión, no podían seguir con treguas, no podían reconstituirse. No tenían entramado institucional. Con sus dirigentes en la cárcel tuvieron que cambiar de estrategia y forzaron a ETA a dejar las armas".
Un comisario de policía se atreve a augurar que la entrega de explosivos y armas será "fácil y rápida", la misma palabra que emplea Patxi Zabaleta. "Las irán entregando poco a poco. No se escenificará ni será pública porque supondría una humillación por la que no van a pasar", asegura este veterano funcionario que ha detenido a decenas de etarras en el País Vasco y Navarra, que estuvo en el punto de mira de los terroristas y ahora dirige las seguridad de las principales autoridades del Estado. "Se hablará del acercamiento de presos y la revisión de algunas sentencias, no pueden lograr nada más", pronostica.
Vicente González Mota, fiscal de la Audiencia Nacional y coordinador de los casos de terrorismo, es taxativo: "No es legal tener un arsenal de armas aunque digas que no las vas a utilizar. La jurisprudencia sobre una organización criminal es muy clara y los fiscales la vamos a cumplir". "La fiscalía no se disuelve", espetó el fiscal Carlos Bautista al presunto etarra Luis Martín Hernando durante su juicio horas antes de la emisión del comunicado de ETA. "Los fiscales no estamos en tregua", comenta más tarde en voz alta cuando se quita la toga en su despacho.
Harol Good, pastor, metodista, y Alec Reid, sacerdote católico, fueron los testigos independientes a los que el IRA permitió que presenciaran la destrucción de sus armas. Fue un proceso lento, tortuoso y en algunas etapas dudoso, que provocó la dimisión del dirigente unionista David Trimble, ministro principal del Ulster. Una comisión internacional presidida por John de Chastelain, general retirado canadiense, Tauno Nieminen, general finlandés y el diplomático Andrew Sens verificaron durante varios años la destrucción final de pistolas, subfusiles, revólveres, misiles y una larga colección de armas pesadas. El Gobierno británico los aceptó como intermediarios en un papel incómodo que fue cuestionado por casi todas las partes, pero finalmente aceptado.
¿Será igual de difícil en el caso de ETA? "Ni la séptima parte de lo que le costó al IRA [siete años]", asegura Patxi Zabaleta. Si el Gobierno no acepta la certificación de una comisión internacional se destruirán igual. Rápido y fácil, ya lo verá". ¿No es usted demasiado optimista? "No". La mayoría de las víctimas no piensan igual.
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