El Gobierno nombra a la nueva cúpula militar

Fotografías de archivo del general Jaime Domínguez Buj, el almirante Jaime Muñoz Delgado y Díaz del Río y el general Javier García Arnaiz. / Efe

El Consejo de Ministros aprueba la elección de los nuevos jefes del Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, general Jaime Domínguez Buj; el Ejército del Aire, general Francisco Javier García Arnáiz, y de la Armada, almirante Jaime Muñoz Delgado y Díaz del Río

Tendrán que lidiar con una situación económica complicada y llevar a la práctica la reorganización de las Fuerzas Armadas que quiere poner en marcha Morenés

El Consejo de Ministros aprueba la elección de los nuevos jefes del Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, general Jaime Domínguez Buj; el Ejército del Aire, general Francisco Javier García Arnáiz, y de la Armada, almirante Jaime Muñoz Delgado y Díaz del Río

Tendrán que lidiar con una situación económica complicada y llevar a la práctica la reorganización de las Fuerzas Armadas que quiere poner en marcha Morenés

Fotografías de archivo del general Jaime Domínguez Buj, el almirante Jaime Muñoz Delgado y Díaz del Río y el general Javier García Arnaiz. / Efe

El Consejo de Ministros ha completado la renovación de la cúpula militar, con el nombramiento de los nuevos jefes del Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, general Jaime Domínguez Buj; el Ejército del Aire, general Francisco Javier García Arnáiz, y de la Armada, almirante Jaime Muñoz Delgado y Díaz del Río. El Gobierno ha aprobado la propuesta presentada por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, para sustituir al general Fulgencio Coll, el general José Jiménez y el almirante Manuel Rebollo, que el pasado 18 de julio cumplieron cuatro años en el cargo, al que llegaron nombrados por el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, con Carme Chacón al frente de Defensa.

Los nuevos jefes de los Ejércitos y de la Armada tendrán que lidiar con una situación económica complicada y llevar a la práctica la reorganización de las Fuerzas Armadas que quiere poner en marcha Morenés. El recorte del presupuesto con el que cuentan para este año -del 6,2% en el Ejército de Tierra, del 8,58% en el del Aire y del 10,1% en la Armada- ha conducido ha una "reducción general de actividad", tal y como reconoció el almirante Fernando García cuando presentó las cuentas de las Fuerzas Armadas en el Congreso de los Diputados.

Menos horas de vuelo y de mar, menos cursos de perfeccionamiento, eliminación de la subvención total del rancho en los cuarteles, renuncia a la modernización de algunos equipos y la imposibilidad de adquirir nuevos programas son algunas de las consecuencias de la caída en el presupuesto. Además, está en estudio el cierre temporal de algunas instalaciones. Con esta situación económica, las Fuerzas Armadas deberán responder a las necesidades que establezca la Directiva de Defensa Nacional que el ministro de Defensa ha presentado al presidente del Gobierno para su aprobación y que será avalada en el Consejo de Defensa Nacional el próximo martes.

La cúpula militar al completo asistirá a esta reunión, que presidirá el Rey Juan Carlos y a la que también están convocados, además del presidente del Gobierno y el ministro de Defensa, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, el de Economía, Luis de Guindos, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Morenés ha esperado siete meses para cambiar a la cúpula militar, al frente de la cual puso al almirante Fernando García Sánchez el pasado 30 de diciembre. El relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa era el único que se había producido hasta hoy. El ministro de Defensa ha venido insistiendo en su voluntad de separar el cambio político del cambio de la cúpula militar, garantizando que completaría el relevo de la cúpula militar cuando creyera que había llegado "el momento".

Por otra parte, preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo por un posible relevo en la dirección del Centro Nacional de Inteligencia, la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ha querido dejar bien claro que una cosa es la cúpula militar, que depende del Ministerio de Defensa, y otra la jefatura del CNI. La portavoz del Gobierno ha asegurado que aunque en estos momentos "da la casualidad" de que la dirección del centro recaiga en un militar, el general Félix Sanz Roldán, el CNI no depende de Defensa. "No estamos en los plazos, ni en los momentos" para esa renovación en los servicios de inteligencia, ha subrayado.

Ojo que le queda cuerda para rato.
El trabajo serio y bien realizado del General, y su seriedad son un potente aval en estos momentos de convulsión política.
Una vez más es refrendado y esto da estabilidad.
Enhorabuena mi general.

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Piden al juez que el CNI averigüe quién cobró 7,8 millones de CAM en Suiza

La división hotelera Valfensal utilizó una sociedad con sede en las Antillas Holandesas para pagar una comisión por la compra de terrenos en Punta Cana

El abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), ha solicitado oficialmente al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que requiera la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para averiguar quién cobró una comisión de 10,3 millones de dólares -alrededor 7,8 millones de euros- abonada en Suiza por Valfensal, el grupo hotelero participado por la caja de ahorros alicantina.



Tal como consta en nuestra informaciones,  el pasado 2 de mayo, el informe encargado por el FROB a la auditora Deloitte acreditó este pago, que se hizo efectivo en marzo de 2005 mediante dos transferencias bancarias: una de un millón de dólares en la cuenta número CH0408661395025010000 del Rothschind Bank AG de Zurich (Suiza) y otro de 9,3 millones de dólares en la cuenta CH0408661395025090000 de la misma entidad.



Siempre según el informe de Deloitte, la titular de ambas cuentas es la empresa Caribbean Holiday Investment Corp, con sede en Panamá, si bien se desconocen quiénes fueron los beneficiarios finales de la transacción.



Caja Mediterráneo, dirigida en aquellos momentos por Roberto López Abad, aprobó en septiembre de 2004 la concesión de un crédito de 16,5 millones de dólares a Valfensal -grupo en el que poseía una participación del 30% de su accionariado- para construir un complejo turístico de 5 estrellas, con 700 habitaciones, en Playa Bávaro, en Punta Cana (República Dominicana).



El solar valía la mitad

Valfensal formalizó la compra de los terrenos cinco meses después, el 30 de marzo de 2005, por un precio de 5,2 millones de dólares. Pero tan sólo 24 horas antes, una de las filiales de Valfensal, JacksonPort Corporation, con sede en las Antillas Holandesas, había abonado otros 10,3 millones de dólares en concepto de «opción de compra» sobre los mismos terrenos, a través de las dos cuentas de Suiza.



Aunque este pago se declaró como «opción de compra», Deloitte lo define en su informe como una «comisión por intermediación en la compra de los terrenos». En consecuencia, Valfensal pagó 15,5 millones de dólares por unos terrenos cuyo precio oficial había sido fijado en la tercera parte, 5,2 millones.



Como ha informado este periódico, el apoderado de Valfensal, Juan Ferri, opuso numerosos reparos a la petición de los auditores para llevar al régimen de transparencia fiscal la mercantil JacksonPort Corporation, que fue precisamente la sociedad instrumental utilizada para efectuar el pago en Suiza. En un correo electrónico dirigido el 3 de octubre de 2007 al director general Roberto López Abad, el director de inversiones inmobiliarias de CAM, Daniel Gil afirmaba: «He hablado con Juan Ferri, que está en México, y dice que no puede poner en transparencia la sociedad porque podría hasta ir a la cárcel (han sido sus palabras)». Dicho correo electrónico está recogido en el informe de Deloitte.



En su escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, el abogado Diego de Ramón solicita al magistrado que requiera la colaboración del CNI y de las agencias estatales de Suiza y de Panamá para averiguar para averiguar quien retiró los 10,3 millones ingresados en Rothschind Bank AG de Zurich y para identificar a los responsables legales de la sociedad instrumental Caribbean Holiday Investment Corp, teórica destinataria de esta transacción.



El letrado, que representa los intereses de cerca de 500 inversores que perdieron sus ahorros en las cuotas participativas de la CAM, también solicita al juez Gómez Bermúdez que investigue otras operaciones financiadas por la caja, como los créditos otorgados por valor de 450 millones de euros al constructor Enrique Ortiz -imputado en los casos Brugal y Gürtel- pocas semanas antes de la intervención del Banco de España, o el crédito sindicado por valor de 1.200 millones de euros otorgado al grupo Polaris World.



Diego de Ramón ha dirigido al juez un segundo escrito en el que le pide que compruebe, a través de la Comisaría de Policía Nacional y la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, si los ex directores generales de CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós han cumplido las orden de entregar sus pasaportes, para evitar el riesgo de fuga.
DE nuevo recae sobres las estructuras del CNI la responsavilidad de investigar analizar y resolver, lo mas seguro, lo que otras intituciones de todo tipo no han  solucionado.. Suerte.

“Lío en Benalmádena”: potentes empresarios andaluces, espiados por la trama Pitiusa

Un grupo de potentes empresarios de Andalucía estaba bajo la lupa de los miembros de la red Pitiusa, desarticulada por la Policía barcelonesa el pasado mes de mayo.  Un escueto SMS enviado el pasado 22 de noviembre entre dos miembros de la trama anunciaba: “Lío en Benalmádena”. Y reclamaba datos de diversos empresarios. Al día siguiente, otro SMS redundaba sobre el particular: “Gravísimo. Ruedas urgentes. Fernando Guerrero Ros, con DNI (...), con domicilio en Málaga. Su hermano Pedro Guerrero Ros, con DNI (...). Tienen su domicilio en Benalmádena. Antonio Valdés Cosentino, con DNI (...) y con domicilio en Macael. José María Martín Delgado, con DNI (...) y domicilio en Málaga capital. Manuel Payán Sánchez, con DNi (...) y domicilio en Granada”. En otras palabras, estaba pidiendo los datos confidenciales que hubiese de esos empresarios.
Los mensajes eran enviados por el cántabro Juan Antonio Rama, alias Juanito, uno de los cerebros de la trama, al detective Aitor Gómez, de Bilbao, que tiene excelentes contactos en la Guardia Civil y en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los espiados no eran unos cualquiera. Martín Delgado fue el presidente de Air Andalus, catedrático de Derecho Financiero, consejero de Cultura con Manuel Chaves en los años 90 y posicionado como candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga en las últimas municipales. Antonio Valdés es el Rey del Mármol, propietario de Tino Stone Group, una multinacional andaluza que exporta revestimientos a medio mundo (de sus canteras salió el material para las mansiones de Claudia Schiffer y Fabio Capello, el palacio El Rocío de Marbella, el hotel Ritz de Singapur y los palacetes de jeques del petróleo). Fernando Ros había sido directivo de Air Madrid y luego director general de Andalus. Su hermano Pedro era director de Prisa en Málaga. Y Manuel Payán es copropietario de la cadena Congelados El Veleta, de Granada.
La compañía aérea en la que todos estaban involucrados se fue a pique a pesar delas ayudas públicas que recibió de la Junta de Andalucía. En realidad, José Antonio Griñán quería hacer de la misma la compañía bandera de la Junta e intentó reflotarla hasta el año 2009 con préstamos que iban a parar a un agujero negro sin fondo. Finalmente, Air Andalus dejó de operar en junio del 2010, con pérdidas reconocidas de 5,4 millones de euros.
El mismo día 23 de noviembre, un nuevo SMS se interesaba por otro grupo de empresarios: “Súper grave. Antecedentes penales y policiales. Alejandro Corominas Menéndez. Virgilio Andrés Domenech. Juan María de Mora Narváez. Antonio Rubio Merino”. E incluía los DNI de todos. Antonio Rubio es el director económico financiero de Prosegur, mientras que Juan María Mora es el director de Relaciones Humanas y Alejandro Corominas es director regional de la misma compañía.
Contactos con el CNI
Juanito sabía muy bien a quién enviaba esos mensajes. Y conocía que algunos espías echaban mano de sus contactos en los servicios de información del Estado para obtener datos confidenciales de empresas y ciudadanos. Así se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial durante meses. Los integrantes de la trama se referían al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como la “casa grande” y, cuando fallaban otras fuentes, el intermediario cántabro acudía a los contactos que un detective vasco, Aitor Gómez, tenía en esa institución.
“Este tío es el contacto que tengo ahí en la casa grande y me ha dicho que no tiene antecedentes”, dice Aitor a Juan Antonio Rama (uno de los cerebros de la trama) en una conversación mantenida el pasado 17 de octubre. Ambos hablan sin tapujos delas fuentes que tienen en diversas instituciones, pero evitan dar detalles que puedan identificarlas.
No son los únicos con gargantas profundas en las alcantarillas del Estado. El hacker Matías Bevilacqua, que regenta una empresa de investigación informática en Barcelona, admitió ante la Policía que en el momento de su detención, el pasado mes de mayo, estaba trabajando para “el Ministerio de Defensa”. Un eufemismo, sin duda. En el sector de la investigación, se señala que “es público que Matías ha hecho trabajos para el CNI, lo cual no quiere decir que sea agente, sino que sólo es colaborador puntual”. En su oficina, la Policía incautó más de 143.000 euros en varios sobres que, según manifestó, provenían de Defensa.
Otro intermediario, Javier Chavero, con una empresa de investigación en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat, no tuvo tampoco reparos en declarar a la Policía que manejaba, en ocasiones, información confidencial, pero que es “colaborador habitual de la Unidad de Información Exterior de la Comisaría General de Información de Madrid, en asuntos de extranjería y de islamismo radical de la comunidad pakistaní y Norte de África”. Además, sostuvo que no conocía personalmente a los policías con los que contactaba, sino que los conocía por apodos y las comunicaciones se hacían siempre a través de cabinas telefónicas”. Digno, pues, de una novela del mismísimo Eduardo Mendoza.

Los servicios de inteligencia investigan la existencia de infiltrados de Al Qaeda en el Ejército español. La CIA alerta de posibles soldados radicales en los regimientos de Ceuta y Melilla

Los servicios de inteligencia españoles han intensificado la búsqueda de posibles elementos de corte yihadista en el Ejército de Tierra. El origen de este movimiento es una advertencia de la CIA estadounidense tras detectar contactos de militares norteamericanos con radicales y posibles réplicas en España.

Los regimientos de Ceuta y Melilla se han convertido en el principal objetivo de investigación por parte de los servicios de inteligencia españoles. Fuentes de toda solvencia consultadas, confirman que las pesquisas se mantienen abiertas desde hace un año pero se han intensificado en los últimos meses.
Los analistas buscan un perfil de soldado diferente al “clásico”: individuos que no muestren especial identificación con la cultura islámica y parezcan incluso ‘occidentalizados’: que beban alcohol, que fumen, que coman sin respetar las restricciones impuestas por el Corán y que no participen de actos religiosos de la comunidad musulmana local.
Se trata de una técnica de camuflaje muy utilizada por el terrorismo islámico que opera en Occidente, sobre todo por la rama radical Takfir wal-Hijra, cada vez más presente en España. Durante operaciones de yihad, los combatientes pueden eludir cualquier obligación religiosa, e incluso ‘jurar’ lealtad a un ‘enemigo’ extranjero.
Las fuentes consultadas hablan –con muchas reservas- de la existencia en España de media docena de casos preocupantes, con militares que podrían estar utilizando o participado activamente en algún foro de tendencia islamista, principal medio de intercomunicación y captación de estas redes. Las investigaciones, al menos hasta el momento, “no han sido concluyentes”.
Investigación de FBI y CIA
La alerta inicial, que ha puesto sobre la pista a España, parte de una larga investigación iniciada por el FBI y la CIA tras el asesinato en 2009 de 13 soldados en Fort Hood (Texas). Aquel atentado fue obra de Nidal Hassan, un militar infiltrado por Al Qaeda en las filas norteamericanas.
Las inquietantes conclusiones preliminares de ese informe se filtraron a la prensa estadounidense hace una semana: cerca de un centenar de militares de la U.S. Army y del Cuerpo de Marines habrían mantenido vínculos con extremistas peligrosos, algunos de los cuales podrían estar preparando más ataques. Entre los sospechosos hay también civiles con acceso a instalaciones militares y hasta reservistas.
Durante sus investigaciones, el FBI detectó vínculos con militares de países aliados. Según se ha sabido , estas informaciones fueron trasladadas a través de la CIA y de componentes de la inteligencia militar a aquellos Estados susceptibles de convertirse en objetivo prioritario de islamistas. Entre ellos Reino Unido, Alemania, Francia y, por supuesto, España.
Las fuentes de inteligencia y voces militares consultadas por ECD han constatado que la alerta estadounidense resulta “muy preocupante” sobre todo en el caso de Francia, pero también en nuestro país.
Musulmanes fieles, militares leales
Pese a la existencia de elementos sospechosos en las tropas españolas, las mismas fuentes aseguran que la islamización radical no es la tónica general –“ni mucho menos”- de los musulmanes integrados en el Ejército español.
En Ceuta y Melilla, casi la mitad de la dotación militar es de confesión musulmana. En algunos casos, muy practicantes. Sin embargo, los resultados obtenidos durante años de observación no habían revelado hasta ahora nada preocupante.
Por aquel entonces, fuentes militares recordaron que los militares de confesión musulmana destinados en las dos ciudades autónomas del norte de África combinaban sin problema su faceta castrense con las peculiaridades de su religión.
Los viernes, con permiso especial de sus superiores, los militares musulmanes salen de sus cuarteles dos horas antes del fin de su jornada –entorno a las 12 de la mañana- para dirigirse a las mezquitas y asistir al rezo.
Se han detectado casos de cabos que han llegado incluso a dirigir el rezo cuando no podía ocuparse de la tarea el imam principal de la mezquita. Esta tarea requiere un conocimiento profundo de las escrituras del Corán.

La red de tráfico de datos mantenía estrechos contactos con agentes del CNI

En el sumario consta una operación supervisada por jefes del servicio de espionaje

Varios de los implicados en la red de tráfico de datos desarticulada por la policía el pasado mayo aparecen vinculados con espías del Centro Nacional de Inteligencia, el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno informaciones de interés para el Estado. A lo largo de los más de 16.000 folios del sumario de la Operación Pitiusa se ven contactos con agentes del CNI, a los que un grupo de sospechosos se refiere con el nombre en clave de Los ranas.

Los estrechos lazos que los integrantes de la trama mantenían con agentes del CNI quedaron confirmados también cuando estos últimos contactaron con la policía para interesarse por las acusaciones que pesaban sobre sus amigos detenidos. Lo que no queda claro es qué tipo de relación había entre unos y otros, aunque hay indicios de que los espías del CNI usaban a los detectives y colaboradores que conformaban el inmenso comercio de datos secretos.

Las investigaciones realizadas durante un año por la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona culminaron el pasado mayo. Como consecuencia de la operación hay más de 150 imputados, entre ellos detectives privados, funcionarios de Hacienda, el Inem, el Catastro, la Seguridad Social, guardias civiles y colaboradores de otro tipo. Entre ellos manejaban una "ingente" cantidad de datos secretos que supuestamente vendían a empresas y particulares, además de hacer trabajos por encargo, como penetrar en el ordenador de una persona para robarle todo el contenido de su disco duro.




La conexión del CNI con este entramado es palpable, por ejemplo, en las conversaciones telefónicas grabadas por la policía al detective Aitor Gómez y un tal Tino en relación con una operación destinada a descubrir una red de contrabando de tabaco. Aitor Gómez es el hombre de la agencia Winterman en Bilbao, mientras Tino aparece algo así como un colaborador de este en Ourense.



Al referirse a un infiltrado al que van a usar a tal fin, Tino le dice a su compañero: "Temo que pueda manipularnos a todos. Es un líder". Tino, preocupado porque va a meterse "en un merengue muy gordo", admite que tiene un "problema" por unos antecedentes por intrusismo profesional, y añade que prefiere no pedir "un segundo favor" a su primo, nombre en clave con el que designa a su contacto del CNI en Galicia, según fuentes policiales.



De los pinchazos telefónicos se desprende que Guardia Civil y CNI investigaron el contrabando gracias a sus contactos con detectives, que vigilaban a un tal Songo y a una mujer. Estos importaban 20 contenedores de Marlboro al mes. La mercancía ilícita entraba por el puerto de Valencia. La tabaquera Philip Morris —propietaria de marcas como Marlboro, Chesterfield y L&M— quiso poner fin a esa situación y solicitó, supuestamente, la investigación a una agencia de detectives.



Aitor y Tino se reunieron en un hotel de Madrid a la asistieron mandos de la Guardia Civil (los verdes, como aparecen en el sumario) y miembros del Centro Nacional de Inteligencia en Vigo, a los que apodan Los ranas. Ambos están inquietos y son conscientes de la "importancia" del caso. Aitor discute con un hombre no identificado sobre la fecha de la reunión. "Espérate, déjame verificar si Guardia Civil me dijera que sí seguro, porque no lo sé, tío", dice ese interlocutor anónimo, que en alguna ocasión le llama desde la Comandancia de Vitoria.




Aitor le explica a ese interlocutor, miembro de la Guardia Civil, que es una "operación del CESID" [antiguo nombre del CNI], y que va a ser este servicio el que "decida quién lo va a reventar, si lo revienta la policía nacional, los verdes o nuestra gente". No obstante, Aitor Gómez insiste en que "quien va a llevar la voz cantante" es el CNI. El propio guardia civil reconoce que el cuerpo andaba detrás de este asunto desde hacía año y medio y que se dirigió a Aitor para "tener más datos".



"Si vienen los del centro [de inteligencia] es para dar cobertura al informante, no para organizar ellos nada (...) Es simplemente de protección, porque no se fían de la Guardia Civil, que es lo que me dijiste", apunta el guardia al detective.



Tras la reunión, Aitor y Tino se muestran preocupados por si el caso está judicializado o no. "De eso depende que podamos sacar adelante nosotros el tema con la información que tenemos", recalca Aitor en una conversación.



Otro de los imputados que mantiene contactos con el CNI es Matías Bevilacqua-Brechbuhler, que desempeña un papel fundamental en la trama de tráfico de datos. Bevilacqua, un hacker de 36 años y de origen argentino, hace trabajos para dos de los detectives que cayeron en la redada policial: Sara Dionisio y Juan Manuel Olivera. Todos ellos habían coincidido, junto al policía local Sergio Corcoles en la empresa Cybex.



Al ser detenido, Bevilacqua ya avisó a los policías de Barcelona que hacía trabajos delicados para los servicios de inteligencia españoles. En prueba de ello, facilitó un número de teléfono y el nombre en clave de "don Aquiles", el oficial de enlace del CNI para el que trabajaba. Don Aquiles corroboró después su versión.



En el extenso sumario judicial hay un tercer nexo que revela los contactos de la trama de tráfico de datos con el CNI: la llamada telefónica de José Moraga, de Madrid, a Sergio Corcoles, policía local de Santa Maria de Palautordera (Barcelona), cuya intensa actividad supuestamente ilegal fue el origen de la investigación. Moraga le dice que ha logrado su número de teléfono a través de "un amiguete del CNI". De ahí se deduce que Corcoles tenía contactos con miembros del CNI con los que presuntamente intercambiaba información, según fuentes policiales.

La red que espió a Telma Ortiz grabó al marido de Cospedal

El marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, fue grabado el pasado mes de septiembre en uno de los restaurantes de moda de Madrid por la red de tráfico ilegal de información que encargó el espionaje de Telma Ortiz, como desvelo la revista 'Interviú'.

Según fuentes policiales, un ejecutivo pagó 20.000 euros por la grabación que dos detectives realizaron a Ignacio López del Hierro, esposo de la dirigente popular, mientras almorzaba con dos directivos de la empresa Neoris en el restaurante Ten con Ten, de Madrid, precisamente uno de los locales preferidos de la princesa de Asturias para quedar a comer con sus amigos.




Sin embargo, los investigadores desconocen aún quién pidió la información de la hermana de Letizia con la intención de publicarla en un medio de comunicación. La red, desarticulada el pasado mes de septiembre por la policía de Barcelona, vendía mensualmente información confidencial de 3.000 personas. En la operación fueron detenidas 189 personas, entre ellas, detectives privados, policías y funcionarios.

ESPIONAJE EN MASA

El Estado no puede consentir el tráfico de datos de los ciudadanos ni la cultura de la impunidad

Personas de relevancia pública como Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, o Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han sido espiadas por la red de tráfico ilegal de datos investigada por la policía. Que aparezcan nombres conocidos no es el hecho más llamativo, sino la existencia y funcionamiento de una organización criminal, presuntamente en torno a detectives, dedicada a traficar con datos confidenciales a gran escala: declaraciones de Hacienda, movimientos de cuentas bancarias, historiales médicos (hasta de niños), listados de llamadas telefónicas, controles de conversaciones ajenas. Miles de personas eran espiadas con la ayuda de funcionarios situados en zonas sensibles del Estado (Hacienda, Policía, Guardia Civil, Seguridad Social, Sanidad, Inem, Catastro, Tráfico, registros de la propiedad, juzgados...) y la de empleados de entidades financieras u operadores telefónicos. A la vista de la enorme cantidad de peticiones que los jefes de la red hacían a sus proveedores —a alguno le exigían 150 expedientes diarios—, se comprende que la policía hable de un tráfico “ingente”.




Cuando una red de espionaje privado ha podido funcionar durante muchos años, sin ser molestada, es que un numeroso y heterogéneo conjunto de personas se creían poco menos que impunes. En el sumario aparecen inquietantes indicios de conexiones entre elementos de esa red y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algunos de cuyos controladores de fuentes se interesaron por varios de los implicados a medida que eran detenidos. Es de esperar que las investigaciones, conducidas por un juzgado de Barcelona sirvan también para esclarecer si había algún consumidor particularmente goloso de los datos espiados y en manos de quién han acabado.



No solo los cabecillas y vendedores de información confidencial, sino los funcionarios o empleados que revelan datos ilegalmente deberían sentir todo el peso de la ley. El problema, precisamente, es la relativa levedad de ese peso. El artículo 18 de la Constitución proclama “el secreto de las comunicaciones”, “el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, y plantea limitaciones al “uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Pero resulta difícil encontrar derechos tan largamente violados como los del artículo 18.



La falta de facultades de control y de penas severas explican la extensa difusión social de la cultura de la permisividad sobre las intromisiones en la intimidad. Empresas y ciudadanos no vacilan en cometer delitos con tal de obtener armas con las que luchar contra competidores o mejorar sus posiciones en pleitos o contenciosos privados. No se trata de “corruptelas menores”, sino de un cáncer que los poderes públicos tienen que combatir con toda contundencia.