Bancos, seguros y abogados, principales clientes de la red de tráfico de datos

Los mejores clientes de la trama de venta de datos desarticulada por la policía de Barcelona eran las entidades bancarias, las aseguradoras, las agencias de cobro de morosos, los despachos de abogados y las grandes empresas, según fuentes de la investigación. En las 300 conversaciones transcritas por los investigadores, tras los pinchazos telefónicos autorizados por el juez, se repiten los nombres de este tipo de entidades. No obstante, lo que puede aportar una mejor radiografía de este escándalo son los 80 discos duros informáticos decomisados a los detectives privados e intermediarios detenidos.



Entre las víctimas de esta organización más destacadas están Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, e Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. Pero aparte de ellos hay directivos de empresas, trabajadores y personas muy diversas que eran coaccionadas mediante los datos obtenidos ilegalmente por la trama de espías y los funcionarios corruptos que les facilitaban los expedientes a cambio de dinero.



El volumen de información que manejaba esta auténtica telaraña era ingente. Prueba de ello es una conversación telefónica que un tal Francisco P., un intermediario muy activo, mantuvo en enero pasado con una funcionaria del Inem de Badalona (Barcelona). En la charla, el tal Francisco le dice: “A partir del lunes, vas a tener miles para hacer. Me piden un mínimo de cien o doscientos diarios”. La policía cree que esa cifra corresponde a expedientes laborales que ella debería obtener de forma clandestina.



Otro conseguidor muy destacado es Juan Antonio R., un detective radicado en Cantabria, especializado en captar datos en Hacienda para posteriormente vendérselos a otros detectives o a diferentes entidades.



Los tentáculos de la red disponían también de información tan sensible como historiales clínicos. Para ello, no dudaban en hacerse pasar por médicos, como hizo en una ocasión Jordi A., un detective de la provincia de Barcelona, que consiguió telefónicamente que una doctora de Canarias le diera el historial personal del trabajador de una empresa.



Al margen de la compra de datos a funcionarios corruptos, la organización tenía en su entramado a personas como Matías B., un habilidoso ingeniero informático de Barcelona que ha trabajado mucho para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Por medio de él, lograban penetrar en los discos duros de las personas a las que alguien quería atacar, lo que les permitía tener acceso a sus correos electrónicos y a todo el contenido de sus ordenadores. De esa forma, se apoderaban de información comprometida que más tarde lavaban haciendo que la víctima —generalmente un trabajador al que una empresa quería despedir— accediese voluntariamente a abrir su ordenador en presencia de un notario.



Las investigaciones de los policías de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona han revelado también que alguno de los detenidos se jactaba telefónicamente de estar en posesión del censo actualizado de los habitantes de las principales ciudades de España, pese a que tales datos están protegidos por el secreto.



Alguno de los 150 detenidos en la Operación Pitiusa no tuvo ningún escrúpulo en suplantar la identidad de una persona fallecida para así no dejar rastro de su oscura actividad.



“La redada ha causado una auténtica conmoción. Ahora está todo parado. Es imposible obtener ningún dato”, ha declarado a EL PAÍS un detective madrileño.

2012/06/19La inteligencia alemana, vinculada con una trama de asesinatos neonazis

Durante 13 años, un grupo de neonazis acabó con la vida de una decena de inmigrantes. Un nuevo dictamen pericial contradice la versión de la policía

En realidad, Enver Simsek no debería haber estado en Núremberg aquel 9 de septiembre del 2000. Pero su empleado estaba enfermo y fue por eso que aquel vendedor de flores de 38 años se puso en camino. Unas pocas horas más tarde caía al suelo víctima de ocho balazos. Simsek es la primera víctima de una serie de asesinatos en la que fallecieron nueve emigrantes (ocho turco- alemanes y un griego), así como una joven policía. Esta historia no va sólo de neonazis, los clandestinos nacionalsocialistas (Nationalsozialistischer Untergrund [NSU], en alemán). Es también la cronología de un escándalo. Aunque la policía y los servicios secretos conocían a los dos hombres y a la mujer que cometieron los asesinatos, los tres llevaron una vida cuasinormal

Un final de película

En noviembre de 2011 terminó la huida de los neonazis. Después de asaltar un banco, dos hombres abandonaban la escena del crimen, según un testigo. Según la versión oficial, los dos radicales de derechas se suicidaron poco antes de la posible detención. La cómplice está desde entonces en prisión preventiva y se niega a declarar. Hace unos días, una comisión de investigación a cargo de un juez que formó parte del Constitucional publicó un informe sobre el trabajo de los servicios de inteligencia en relación al caso. El informe, de 273 páginas, documenta la extensión de los fallos de la investigación, que hace difícil creer que solamente se trate de incompetencia.



Echemos una ojeada al pasado. En 1996 se formó la organización neonazi Protectores de la Patria Turingia (TuringischeHeimatschutz, en alemán). Uno de sus líderes es Tino Brandt, que al mismo tiempo trabajó como confidente para el centro nacional de inteligencia. También las tres personas que más tarde constituirían la NSU fueron miembros activos de dicha organización. En enero de 1998, la policía hizo un registro en un garaje alquilado por el trío y encontró material explosivo y bombas de fabricación casera. A pesar de la operación, los neonazis consiguieron huir. Se instalaron a cien kilómetros de su pueblo natal. Según la investigación, el servicio secreto alemán aconsejó a los padres de uno de los neonazis que se comunicasen con su hijo solamente a través de cabinas de teléfono públicas, ya que la policía tenía pinchado su teléfono. Ya en 1999 se podría haber detectado a los tres neonazis. La unidad policial especializada que estaba planeando su detención fue anulada. Los motivos aún no han sido explicados por el ministro responsable.



Para financiar su vida en la ilegalidad, los nazis atracaban bancos. A finales de 2000, tuvo lugar el primer atentado en una estación de tren de Düsseldorf. Diez inmigrantes resultaron heridos. Unas semanas más tarde comenzó la serie de asesinatos. Por qué acabó en 2007 sigue siendo un misterio. Lo que es seguro es que los investigadores ignoraron todas las pruebas que apuntaban a la extrema derecha. En lugar de eso, los criminalistas sospecharon de los asesinados y de sus allegados. La policía supuso que los disparos eran consecuencia de confrontaciones entre bandas turcas de vendedores de drogas. Los medios hablaron de los “asesinos del Döner”, de un “mundo paralelo impenetrable de los turcos” que “protege a los asesinos”. Mientras, en la escena de la derecha no era ningún secreto quién estaba detrás de los asesinatos. “Muchas gracias al NSU que ha dado sus frutos. La lucha continúa”, se podía leer en 2002 en el diario de extrema derecha El Lobo Blanco (Der weisse Wolf). El responsable de la publicación era un neonazi que hoy se sienta en el Parlamento de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con el partido de extrema derecha NPD.



Una mirada al trabajo de los “Guardianes de la Constitución” (así se llama en alemán el servicio de inteligencia) arroja raras incongruencias. Un ejemplo: antes de que la terrorista del NSU Beate Zschäpe se presentase ante la policía, voló por los aires la guarida del trío, una casa en la ciudad de Zwickau. En las ruinas aparecieron varios “papeles ilegales”. “Estos pasaportes los reciben normalmente los informantes encubiertos que trabajan para los servicios de información del Estado”, dijo el diputado del conservador CSU Hans- Peter Uhl.



Otro ejemplo: en el caso jugó un importante papel el por aquel entonces jefe del servicio de inteligencia de Turingia, Helmut Roewer. En 2000 fue despedido después de que se conociese que había pagado 25.000 euros a un conocido neonazi. “Había una gran camaradería entre la inteligencia y la extrema derecha, que convivían en una atmósfera amistosa“, dice Bodo Ramelow, el jefe del partido Die Linke en Turingia. Para él está claro que el servicio de inteligencia tuvo algo que ver con la desaparición del trío de neonazis. También queda por aclarar el hecho de que el asesinato de Halit Yozgat, en 2006 en Kassel, se produjese enfrente de un cibercafé propiedad de un funcionario del servicio secreto del Estado de Hesse.



Esta alianza entre el servicio secreto y los neonazis no es nueva. En 2002 fracasó un intento de prohibir el partido NPD. El motivo: importantes funcionarios de ese partido trabajaban también para el servicio de inteligencia alemán.

Los " culturetas" de la Inteligencia.

El domingo 10 de junio se daba noticia en esta misma web del nacimiento de una curiosa “Asociación de Ex Miembros del Servicio de Inteligencia Español (AEMSIE)”. El tema se trataba con tanta objetividad que incluso se reproducía íntegramente el artículo de presentación publicado al respecto por uno de sus promotores, el general Ricardo Martínez Isidoro.




Como quiera que en aquella primera noticia crítica sobre AEMSIE (titulada “Los antiguos espías españoles quieren seguir en la brecha, dale que dale”), ya se advertía que si se abría un debate sobre el tema no iba a dejar de animarse, vaya, pues, de inmediato, esta opinión rápida y libre sobre el tema.



Congratula que, atendiendo a una de las primeras críticas lanzadas contra AEMSIE, su presidente, el coronel Juan Martín Roy, proveniente del Ejército de Tierra, haya rectificado a través de la Agencia EFE (16/06/2012) la presentación inicial de la asociación, que dejaba muy clara su exclusiva apertura a los antiguos miembros del CESID y del CNI, excluyendo a los del SECED, que fue la organización fundacional de los Servicios de Inteligencia. Un cambio de criterio plausible, aunque sólo sea como salvaguarda del principio de igualdad constitucional.



Lo que nos parece mucho más discutible es que el principal objetivo de la AEMSIE, cosa en la que insisten sus promotores, sea verdaderamente el de “difundir la cultura de Inteligencia”. Añadiendo que eso es así porque, en su opinión, “la sociedad no tiene muy claro la necesidad de los servicios de inteligencia y su labor”.



No vamos a entrar en si la sociedad española tiene o no tiene clara dicha necesidad, ni, mucho menos, si conoce o quiere conocer la labor que desarrollan los Servicios de Inteligencia, secreta prácticamente en todos sus términos, no tanto por su propia naturaleza como porque así lo establece de forma tajante el artículo 5.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. Lo que en todo caso rechina y choca con el buen entendimiento es que, si de verdad se quieren alcanzar esos objetivos, el instrumento para lograrlo sea este tipo de asociaciones de espías eméritos, en vez de una adecuada política de comunicación del CNI o del propio Ministerio de Presidencia del que depende.



Cualquier persona informada en la materia, sabe, por ejemplo, que sin una adecuada industria militar que la soporte, la defensa nacional es una pura entelequia, y que, siguiendo esa misma línea argumental, cuando un país carece de tecnología propia, en ese terreno específico y en otros ámbitos estratégicos concomitantes, la soberanía nacional simplemente no existe.



Estando a lo que estamos, es igual de evidente que sin una cultura de Defensa, la cultura de Inteligencia reclamada por AEMSIE es pura filfa y que, sin una cultura Nacional, el Estado es poco más que una teoría o un mero simulacro administrativo. Pero es que, sin cultura a secas, sobre todo en la versión alemana (kultur) de “cultura-educación” y “cultura-nación”, que hoy por hoy en España falta a espuertas, ¿qué significa la “cultura de Inteligencia”…? Pues nada de nada.



Dicho de otra forma, si el Servicio de Inteligencia tiene por responsabilidad principal la de defender “la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones”, es decir la de servir a la Defensa Nacional, es obvio que lo que entonces se debe priorizar, y con razón, es la “cultura de Defensa”. Ese es un esfuerzo/necesidad nacido a raíz de que la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, impusiera un nuevo modelo de Fuerzas Armadas plenamente profesionales, rompiendo la cohesión que hasta entonces, y aun siendo débil, existía entre éstas y la sociedad civil a través del servicio militar obligatorio.



No obstante, la realidad es que en la actualidad este esfuerzo/necesidad para promover la “cultura de Defensa”, esta sumido en el mayor de los fracasos. Y no sólo por razones presupuestarias, sino porque, cuando ha existido dotación económica para ello, que la hubo, su diseño ejecutivo ha primado el interés endogámico y doctrinal de las Fuerzas Armadas, e incluso sus expresiones más académicas, frente al contacto real y llano con la base social...



Entonces, ¿qué sentido tiene en estos momentos difundir una “cultura de Inteligencia” de escaso contenido e interés social y sin subordinarla a una prioritaria “cultura de Defensa”? Quizás el de querer consolidar la generosa mamandurria de las ayudas económicas que le viene prestando la tesorería del CNI; es decir, el de seguir tirando el dinero de “la Casa” por la ventana y el de que algunos de sus fieles más recalcitrantes sigan mamando de sus tetillas, antes y después de jubilarse.



Durante la etapa en la que estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Josep Borrell puso de moda el término “ecologeta” para distinguir a quienes pretendían vivir del falso ecologismo de quienes, plenamente informados, eran auténticos ecologistas entregados al servicio de una vocación socialmente admirable.



En una materia tan delicada y cuestionada como la Inteligencia Nacional, también convendría distinguir entre los Oficiales de Inteligencia (agentes y analistas del CNI) con vocación de verdadero servicio a España, socialmente algo más que respetables, y los “culturetas” de la Inteligencia.



Si la AEMSIE continúa su legítima campaña de auto propaganda, estaremos encantados de seguir debatiendo el tema.



*Fernando J. Muniesa es analista y consultor de Defensa y Seguridad