LA PREOCUPACIÓN DE ESPAÑA por su inseguridad económica y financiera no viene de ahora. Estas últimas semanas, los ataques especulativos de los mercados financieros contra nuestro país han provocado que el riesgo de la deuda haya alcanzado cifras desconocidas, pero desde hace varios años se investiga de cerca qué se esconde detrás de cada campaña de acoso contra España.
Desde su llegada al poder, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido siempre muy obsesivo con el control de la información financiera, de ahí que colocase durante la primera legislatura a Miguel Sebastián al frente de un organismo nuevo, la Oficina Económica de Moncloa, para vigilar la acción exterior en esta materia. El sucesor de Sebastián ha sido Javier Vallés, un economista que se doctoró en la misma universidad de Minnesota (EEUU) que el ahora ministro de Industria -en los círculos empresariales de nuestro país se les llama los Minnesotos- y que se ha topado con lo peor de la crisis económica.
En los tiempos de Sebastián, el equipo de altos cargos de la Oficina Económica tuvo que emplearse a fondo para salvar a empresas españolas de las nacionalizaciones que se pusieron en marcha en varios países iberoamericanos. Eso le granjeó a Sebastián importantes contactos con el lobby empresarial español, que aún hoy mantiene y que le aferran al sillón de ministro, ya que ese mismo grupo de presión sigue solicitando ayuda a La Moncloa hoy en día. La pasada crisis del euro, en el verano, fue una buena prueba del poder que ha ido acaparando poco a poco esta Oficina Económica que ahora dirige Vallés.
Este último, a la sazón marido de la directora general del Tesoro, Soledad Núñez, y por tanto subordinada de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, elaboró un argumentario que fue distribuido a todas las embajadas en el exterior desde la Vicepresidencia primera de María Teresa Fernández de la Vega para que las legaciones diplomáticas defendieran la solvencia de España en aquel momento.
Ahora, tras la última remodelación del Gobierno en octubre y ya con De la Vega fuera del círculo de poder, Salgado ha incrementado su presencia gracias a que uno de sus valedores de siempre ha sido el nuevo hombre fuerte del Ejecutivo, el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba. Tanto Salgado como su secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, han cobrado mucho protagonismo en la explicación de la situación española a los inversores internacionales, una tarea a la que se ha aplicado igualmente la directora general del Tesoro.
El papel del CNI.
Dentro de los servicios secretos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) siempre tuvo agentes especializados en el seguimiento de los movimientos bursátiles o en los intentos de compañías foráneas por hacerse con una parte del accionariado de las grandes empresas españolas, pero fue a mediados del mandato de Alberto Saiz, director del CNI de mediados de 2004 a 2009, cuando se creó la denominada División de Inteligencia Económica y Control de Riesgos, como desarrollo de la ley que regula el trabajo de los servicios secretos, donde entre sus tareas se precisa que deben analizar cómo influyen las inversiones empresariales y bursátiles en la economía nacional.
Por aquel entonces existía una gran preocupación en el Ejecutivo de Zapatero por los acuerdos comerciales que estaba anunciando Rusia con países exportadores de gas y petróleo como Argelia o Venezuela. Poco después llegó el noviazgo de la petrolera rusa Lukoil con Repsol-YPF, en un intento de la primera por hacerse con la participación del accionista mayoritario dentro de la compañía hispano-argentina, Sacyr Vallehermoso; aunque la operación no fructificó a finales de 2008 ante la falta de reciprocidad (la mayoría de los grandes conglomerados rusos no permiten la entrada de compañías extranjeras) y la falta de liquidez de Lukoil para entrar en Repsol-YPF.
Aquel movimiento de piezas fue un síntoma de la vulnerabilidad energética de España, uno de los talones de Aquiles de nuestra economía. Dentro de la Estrategia Española de Seguridad (EES) que está elaborando Javier Solana con la ayuda de varios altos cargos del Ejecutivo se subraya que el 77% de la energía primaria que necesita España depende del exterior, lo que equivale al 4% del PIB nacional, de ahí los miedos que se propagaron por Madrid ante la alianza entre rusos y argelinos.
Esta dependencia energética tiene serias implicaciones para la seguridad, tal y como se constata en el borrador del EES que sacó a la luz la Cadena Ser, ya que cualquier interrupción en el suministro, por ejemplo a raíz de una crisis geopolítica internacional, podría tener repercusiones “inmediatas y muy negativas” en sectores estratégicos.
En lo que se refiere a la seguridad de las infraestructuras y los servicios financieros españoles, la responsabilidad última de su buen funcionamiento recae en las propias entidades privadas y la Administración. En la actualidad existe un Comité de Estabilidad Financiera (CESFI), que está integrado por el Ministerio de Economía y Hacienda, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que es responsable del desarrollo coordinado de planes preventivos y de actuación en materia de estabilidad financiera y de prevención y gestión de crisis, como la que se vive estos últimos días de agitación bursátil.
La Estrategia Española de Seguridad hace hincapié, igualmente, en que las amenazas y riesgos a la seguridad económica pueden ser consecuencia del propio funcionamiento del sistema, de la actuación “desestabilizadora o ilegal” de agentes económicos, del “deficiente” funcionamiento de los organismos supervisores y reguladores o de causas externas. Además, apunta a que en el origen de una inseguridad económica y financiera están la interdependencia económica, los desequilibrios de los mercados, la especulación, los fallos en infraestructuras críticas o las actividades delictivas. Todo un conglomerado de riesgos potenciales que pueden dar lugar a “desequilibrios macroeconómicos o crisis sistémicas que pueden generar nacionalismo o un acuciante proteccionismo económico” y que en último lugar pueden llevar a un conflicto armado.
El euro, “ancla de estabilidad”.
Entre las recetas que se plantean dentro de este informe de Solana está el que España contribuya a la gobernanza económica y financiera de la UE, dando ejemplo de cumplimiento del pacto de reducción del déficit y apoyando cualquier iniciativa que fortalezca el euro, ya que la moneda común ha sido “un ancla de estabilidad” desde su entrada en vigor en 2002 y ha atraído inversión.
Una de las recomendaciones de este grupo es que se potencie la presencia económica internacional de España, una vez que se ha conseguido la inclusión permanente de nuestro país en las estructuras del G-20.
Así, dentro del nuevo reparto de poder que se produjo en el Fondo Monetario Internacional (FMI), España incrementó su papel en el sistema decisorio un 2% y subió tres puestos (del 16 al 13) entre los países con mayor peso dentro de este organismo, aunque esta mayor representatividad supone abonar una cantidad más elevada de financiación del FMI justo en un momento en el que nuestro país arrastra un enorme déficit.
Sin embargo, el aspecto más novedoso de la EES es la petición de que se establezca un Sistema de inteligencia económica (SIE) para promover y defender los intereses económicos nacionales. Este nuevo organismo del Estado debería analizar y facilitar información estratégica “relevante, oportuna y útil” para apoyar la acción del Gobierno y facilitar una mejor toma de decisiones. El SIE ideado por Solana y varios altos cargos sería un ente independiente que trabajaría con información privilegiada en colaboración y coordinación con otros organismos del Estado, fruto de los nuevos y turbulentos tiempos que se viven en la zona euro.
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