Pedraz decreta el secreto del ‘caso Conde’ tras desvelar OKDIARIO que compartía testaferro con el CNI

• El CNI propició la detención de Conde mientras escribía el libro ‘Mi amigo el Rey’
• El CNI liquida su red opaca de sociedades en el exterior por compartir con Conde el mismo testaferro

El juez Santiago Pedraz, que investiga la supuesta repatriación de 12 millones de euros de Mario Conde a España, decretó el pasado 20 de febrero un auto judicial declarando secreta una pieza del sumario sobre una comisión rogatoria que sigue pendiente de contestación por parte del Reino Unido. El magistrado tomó tal decisión, tras conocer que OKDIARIO iba a publicar al día siguiente la noticia de que el Centro Nacional de Inteligencia había desmantelado su red de sociedades y cuentas bancarias en el extranjero tras compartir el mismo testaferro con el ex presidente de Banesto. A través de la opacidad que le brindaba esa trama de instrumentales, el CNI movía el dinero de los fondos reservados para financiar operaciones secretas internacionales.

Se daba la circunstancia de que Francisco Javier de la Vega Jiménez, fiduciario de Conde, había utilizado una caja común para el CNI y el ex banquero, algo que ponía al descubierto la comisión rogatoria británica. El abogado intermediario fue detenido en abril de 2016 junto a Conde en la misma redada de la Guardia Civil. Entonces, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) incautaron del despacho del letrado documentación reservada del CNI que sigue en poder del departamento de Delincuencia Económica y Contra la Corrupción del instituto armado. La chapuza de los servicios secretos encendieron las alarmas de la seguridad del Estado.

Resultaba un tanto sorprendente que Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, respondiera así a la información de OKDIARIO cuando guardaba en el cajón de la mesa de su despacho, desde hacía cuatro meses, un escrito de la fiscal del caso, fechado el 18 de octubre pasado, reclamándole el secreto de las diligencias. La fiscal anticorrupción, Elena Lorente, se quejaba de las filtraciones del contenido de la primera comisión rogatoria recibida desde Londres, publicadas en las páginas del diario El País dos días antes, pero el juez no se dio por enterado. Tampoco desempolvó el escrito de la Fiscalía ni adoptó ninguna medida cautelar cuando el mismo diario insistía el 5 de enero sobre las “sociedades fantasmas” de Conde y se refería a la misma comisión rogatoria.

Sin embargo, Pedraz cambió de actitud cuando se enteró de que OKDIARIO llevaba varios días investigando la trama de sociedades opacas, que había constituido el testaferro de Conde y de los servicios secretos. Y se precipitó a firmar el auto. El periodista que suscribía la información había realizado varias llamadas telefónicas a la Guardia Civil, la Policía, la Audiencia Nacional, el CNI y a un despacho de abogados. En un principio, OKDIARO tenía previsto publicar la información el mismo lunes 20 de febrero pero, finalmente, se retrasó un día. El juez, que disponía de información privilegiada, no: dictó con urgencia el secreto de la pieza separada.

Pedraz no perdió ni un minuto en su actuación. Como cuando el 13 de marzo de hace un año publicó en su twitter el auto por el que dictaba prisión sin fianza para Mario Conde, antes de que le diera traslado a las partes. Tras las protestas de los abogados rectificó y retiró el tuit de la red.

Pedraz y los servicios secretos

No era la primera vez que el magistrado Pedraz se veía las caras con el CNI en una causa judicial. Ya pasó por esa experiencia en 2012 cuando Javier Gómez de Liaño denunció a los servicios secretos cuando una de sus agentes intentó captar a la secretaria del letrado. Tras varios meses asistiendo al mismo gimnasio que la colaboradora de Liaño se acercó a ésta y le propuso espiarle para los servicios secretos. También le pidió algunos de los documentos que se guardaban en el bufete. El ex magistrado presentó una denuncia en la Audiencia Nacional, que recayó en el juzgado de Pedraz, sin embargo el juez, sin apenas tiempo para estudiarla, se declaró no competente y optó por el sobreseimiento provisional de la causa. Para el querellante, con experiencia en los tribunales, aquella decisión judicial le pareció improcedente ya que contaba con un documento de la Comisaría General de Información que avalaba los hechos.

Un par de años antes, un caso de corrupción en Angola por un contrato de 300 millones, que afectaba al hijo del presidente del país africano, y en el que los servicios secretos realizaron alguna maniobra, provocó una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado Pedraz ordenó su archivo ante la sorpresa del Ministerio Público, argumentando que, aunque hubieran existido regalos, resultaba imposible determinar “que fueran para conseguir contratos”. Según el criterio del juez, las dádivas podían deberse a “atención al cargo o por amistad subsiguiente”.

Habían ordenado destruir las escuchas antes de que se filtraran

La jueza María Servini confirmó que había solicitado a la AFI que eliminara las grabaciones difundidas a través de los medios.

Los servicios de Inteligencia macrista le pidieron mantener pinchada la línea de Parrilli.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) recibió, el 29 de junio pasado, la orden judicial para destruir todo el material recabado durante la investigación iniciada a su pedido y que buscaba comprobar si el último titular de ese organismo durante el kirchnerismo, Oscar Parrilli, junto a otros ex funcionarios, se habían llevado material para montar una agencia de espionaje paralela.
Así lo muestra el escrito que el juzgado a cargo de María Servini dirigió al director de Asuntos Judiciales de la AFI, José Padilla, y al que tuvo acceso PERFIL. Es más, la AFI había pedido prorrogar las escuchas para intentar probar su teoría, pero desde el juzgado lo rechazaron al estar cumplidos los dos plazos de sesenta días cada uno que prevé la Ley de Inteligencia para las denominadas “pre-causas” y tras no haberse encontrado elementos que probaran la tesis inicial. “Hubo una pre-causa, no se encontraron delitos, y se destruyó el material”, aclaró Servini a este diario sobre lo que pasó en su juzgado en vista de ese trámite.
A pesar de la directiva de la Justicia al organismo, la transcripción sobre dos supuestos diálogos entre Parrilli y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, primero, y luego con Juan Martín Mena, subsecretario de Inteligencia, fueron difundidas por los medios. Eso motivó una presentación judicial por supuesto “tráfico de influencia”, que fue impulsada por el fiscal Ramiro González, quien pidió una serie de medidas, entre ellas las escuchas. Al no poder contar con ellas, la causa podría tener poco futuro. En ese punto coincidieron todas las fuentes consultadas. “Las escuchas ya no existen. Y si existen, son nulas. La pre-causa se archivó por inexistencia de delito”, detallaron. Otras de las voces consultadas fueron más lejos y explicaron que el material “era de Inteligencia, lo que hace todo más grave aún”. Cerca del kirchnerismo no dudaron en insistir en que lo que en realidad sucedió por parte de la AFI fue un caso de “espionaje político”, para saber sobre CFK, y marcaron como “burdo” que pidieran las escuchas justo cuando se rumoreaba la posibilidad de que Mena fuera el abogado elegido por ella para enfrentar el escenario judicial en su contra. Los artículos 42 y 43 de la Ley de Inteligencia detallan la pena que puede caberle a quien con orden judicial “omitiera destruir o borrar los soportes de las grabaciones”.
El escrito del juzgado a la AFI fue contundente para poner fin a la investigación: “No se han vislumbrado indicios de prueba que ameriten dar curso a la nueva solicitud de intervención telefónica”, dice. Y agrega: “No observándose, en consecuencia, elementos que justifiquen el inicio de causa judicial”.

 

Comunicación fue insistente

 

Washington— Los registros telefónicos y las llamadas que se interceptaron muestran que los miembros del equipo de la campaña presidencial del 2016 de Trump y otros de sus asociados tuvieron contactos, en repetidas ocasiones, con altos funcionarios de la inteligencia rusa en el año previo a la elección, según cuatro funcionarios federales de Estados Unidos, en activo y dados de baja.

Las dependencias de las fuerzas del orden y de inteligencia interceptaron comunicaciones, más o menos, en la misma época en la que estaban descubriendo evidencia de que Rusia estaba tratando de trastocar las elecciones presidenciales al ciberpiratear al Comité Nacional Demócrata (CND), dijeron tres de los funcionarios. Los servicios de inteligencia buscaron, en ese entonces, averiguar si el equipo de campaña de Trump estaba coludido con los rusos en el ciberpirateo y otros esfuerzos por influir en las elecciones.

Los funcionarios entrevistados en las últimas semanas dijeron que, hasta ahora, no habían visto ninguna evidencia de tal cooperación. Sin embargo, las llamadas que se interceptaron alarmaron a las dependencias estadounidenses de inteligencia y de las fuerzas del orden, en parte, debido a la cantidad de contactos que se estaban dando, mientras Trump hablaba con entusiasmo del presidente ruso Vladimir Putin. En un momento dado del verano, Trump dijo en un acto de campaña que esperaba que los servicios de inteligencia rusos hubieran robado los correos electrónicos de Hillary Clinton y que los hicieran públicos.

Los funcionarios dijeron que las comunicaciones que se interceptaron no se limitaban a los directivos de la campaña de Trump e incluían a otros asociados de él. Por el lado ruso, los contactos también incluyeron a miembros del gobierno que no eran parte de los servicios de inteligencia, dijeron los funcionarios. Todos ellos, en activo y dados de baja, hablaron a condición del anonimato porque la investigación es secreta y está en curso.

Los funcionarios dijeron que uno de los asesores que aparecen en las escuchas es Paul Manafort, el coordinador de la campaña de Trump durante varios meses del año pasado y quien había trabajado como consultor político en Ucrania. Los funcionarios declinaron identificar a otros asociados en las llamadas.

Las bitácoras de las llamadas y de las comunicaciones interceptadas son parte de un conjunto más grande de información que la FBI está revisando y ordenando, en tanto que investiga los vínculos entre los asociados de Trump y el gobierno ruso, así como el ciberpirateo del CND, según los funcionarios federales encargados del orden. Como parte de la indagatoria, la FBI ha obtenido los registros bancarios y de viajes, y ha realizado entrevistas, dijeron los funcionarios.

Manafort, a quien no se le ha levantado ningún cargo, descartó las versiones de los funcionarios estadounidenses en una entrevista telefónica el martes.

“Es absurdo”, dijo. “No tengo ni idea de qué es a lo que se están refiriendo. Que yo sepa, nunca he hablado con funcionarios rusos de inteligencia, y nunca he estado involucrado en nada que tenga que ver con el gobierno ruso, ni con el gobierno de Putin, ni con otros problemas que se están investigando ahora”.

Manafort agregó: “No es que esta gente use insignias que dicen: ‘Yo soy un funcionario de la inteligencia rusa’”.

Varios de los asociados de Trump, como Manafort, han hecho negocios en Rusia y no es inusual que un hombre de negocios estadounidenses se llegue a contactar con funcionarios extranjeros de inteligencia, a veces, sin darse cuenta, en países como Rusia y Ucrania, donde los servicios de espionaje están profundamente incrustados en la sociedad. Los funcionarios de las fuerzas del orden no dijeron hasta qué grado esos contactos pudieron haber sido sobre negocios.

Los funcionarios no revelaron muchos detalles, ni siquiera de qué fue de lo que se habló en las llamadas, de la identidad de los funcionarios rusos de inteligencia que participaron en las llamadas, y de cuántos de los asesores de Trump estuvieron hablando con los rusos. Tampoco quedó claro si las conversaciones tuvieron algo que ver con el propio Trump.

En un informe de los servicios estadounidenses de inteligencia que se hizo público en enero, se concluye que el gobierno ruso había intervenido en las elecciones, en parte, para ayudar a Trump, pero no se aborda si algún integrante de su equipo de campaña había participado en el esfuerzo.

Las llamadas que se interceptaron son diferentes de las conversaciones que se intervinieron el año pasado entre Michael T. Flynn, el ex asesor en seguridad nacional de Trump, y Serguei I. Kisliak, el embajador de Rusia ante Estados Unidos. Durante ellas, que llevaron a que Flynn renunciara el lunes por la noche, los dos hombres hablaron de las sanciones que el gobierno de Obama le impuso a Rusia en diciembre.

Sin embargo, los casos son parte de la vigilancia electrónica rutinaria que los servicios de inteligencia y de las fuerzas del orden estadounidenses hacen de las comunicaciones de los funcionarios extranjeros.

La FBI declinó comentar. La Casa Blanca también declinó hacer comentarios el martes por la noche, pero, más temprano ese mismo día, Sean Spicer, el secretario de prensa, sostuvo los comentarios previos de Trump de que nadie de su equipo de campaña tuvo contacto con funcionarios rusos antes de las elecciones.

“No hay nada que me haga concluir que algo diferente ha cambiado respecto a ese periodo de tiempo”, dijo Spicer en respuesta a la pregunta.

Dos días después de las elecciones en noviembre, Serguei A. Riabkov, el viceministro de relaciones exteriores ruso, dijo que, durante la campaña, “hubo contactos” entre funcionarios rusos y el equipo de Trump.

“Obviamente, conocemos a la mayoría de las personas de su séquito”, le dijo Riabkov a la agencia rusa de noticias, Interfax.

El equipo de transición de Trump negó la declaración de Riabkov. “No es preciso”, Hope Hicks, una portavoz de Trump, dijo en ese momento.

La Oficina Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), la cual monitorea las comunicaciones de los servicios extranjeros de inteligencia, capturó, en un principio, las que hubo entre los asociados de Trump y los rusos, como parte de una vigilancia rutinaria a extranjeros. Después de eso, la FBI pidió a la NSA que recopilara tanta información como fuera posible sobre los agentes rusos en la llamadas telefónicas y que buscara entre las múltiples llamadas interceptadas antes, mismas que no se habían analizado.

La FBI ha examinado detenidamente por los menos a otras tres personas cercanas a Trump, aunque no está en duda si interceptó sus llamadas. Ellos son Carter Page, un empresario y ex asesor en política exterior durante la campaña; Roger Stone, un agente republicano de tiempo atrás, y Flynn.

Todos los hombres han negado categóricamente haber tenido algún contacto impropio con funcionarios rusos.

Como parte de la indagatoria, la FBI también está tratando de evaluar la credibilidad de la información contenida en un dosier que le entregó un ex agente británico de inteligencia el año pasado. El dosier contenía un montón de alegatos sobre una amplia conspiración entre Trump, sus asociados y el gobierno ruso. Asimismo, incluía aseveraciones no corroboradas de que los rusos tenían videos vergonzosos que se podrían utilizar para chantajear a Trump.

La FBI ha pasado varios meses investigando las pistas del dosier, pero todavía tiene que confirmar alguno de los alegatos más explosivos.

La investigación de la FBI se está realizando al mismo tiempo que se llevan a cabo otras indagatorias distintas sobre la interferencia rusa en las elecciones, mismas que están ganando impulso en el Capitolio. En esas otras investigaciones de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado, se están examinando no sólo el ciberpirateo ruso, sino, también, cualquier contacto que el equipo de Trump tuvo con funcionarios rusos durante la campaña.

El martes, legisladores republicanos de alta jerarquía dijeron que Flynn debería ser uno de los centros de atención de la investigación y que se le debería llamar a declarar ante el Congreso. El senador Mark Warner de Virginia, el demócrata de mayor jerarquía en el Comité de Inteligencia del Senado, dijo que las noticias en torno a Flynn en los últimos días subrayaron “cómo muchas preguntas todavía no tienen respuesta para el pueblo estadounidense, más de tres meses después de las elecciones, incluidas quiénes sabían qué cosas y cuándo”.

Warner dijo que la renuncia de Flynn no impediría que el Comité “siguiera investigando al general Flynn, ni a ningún otro directivo de la campaña que pudo haber tenido contactos inapropiados e impropios con funcionarios rusos antes de las elecciones”.

Un jefe de un fondo buitre para purgar los servicios de inteligencia

En su mano a mano con los servicios de inteligencia estadounidenses, a los que acusa de filtrar información y ser “ antiamericanos”, Donald Trump está pensando en reclutar a Stephen Feinberg, cofundador del fondo de inversiones Cerberus Capital Management, un multimillonario al que no se le ocurrió otro nombre para su empresa que el del perro de tres cabezas que guardaba la puerta del inframundo griego.

En su tormentosa rueda de prensa del 16 de febrero Trump reconoció estar tanteando a Feinberg, que “ha ofrecido sus servicios” y “que podríamos utilizar”. Y Cerberus ha confirmado que Feinberg está “en conversaciones” con la Casa Blanca.

Al financiero le tocaría lidiar con dieciséis agencias de seguridad que acumulan un presupuesto de unos 70.000 millones de dólares y emplean a decenas de miles de personas. No está muy claro cómo se coordinaría con el director de Inteligencia Nacional, un puesto que se creó tras los atentados del 11-S, precisamente para coordinar las diversas agencias, y que debería ocupar el senador republicano de Indiana Dan Coats.

Feinberg, de 56 años, es un hombre hecho a sí mismo. La revista Forbes estima su fortuna personal en 1.270 millones de dólares. Nacido en el Bronx en el seno de una familia de clase media, fundó Cerberus en 1992 junto con otro socio. Es ahora uno de las mayores fondos de inversión estadounidenses, que gestiona una cartera valorada en unos 30.000 millones de dólares.

Cerberus posee o tiene participaciones en muchos negocios desde supermercados hasta boleras. Su especialidad es adquirir empresas en apuros, “sanearlas” (se entiende destriparlas o trocearlas) y revenderlas. De ahí que se le considere como un fondo buitre.

Actualmente su buque insignia es DynCorp International un gigante de la subcontratación militar que, entre otras cosas, entrena a policías iraquíes y asegura el mantenimiento de los aviones de la Fuerza Aérea estadounidense. Esto ha llevado a Feinberg a mantener muchos contactos en Washington con todas las autoridades políticas y el lobbying que conlleva conseguir este tipo de contratos.

Dos manchas han empañado el historial de Cerberus. La quiebra de Chrsyler, adquirida por el fondo en 2007, que se fue a pique pese al rescate del gobierno tras la crisis financiera, y que fue poco a poco comprada por Fiat a partir de 2009. Y, mucho más polémica, la matanza de Sandy Hook, una escuela de Connecticut, donde murieron 26 personas en 2012, perpetrada por un adolescente con un fusil de asalto de Remington, uno de los mayores fabricantes de armas en Estados Unidos, propiedad de Cerberus.

En estos últimos años el fondo se ha especializado en la compra de activos tóxicos por todo el mundo. En España, Cerberus tiene dos oficinas en Madrid y ha realizado varias operaciones, como gestionar la cartera inmobiliaria de Bankia o revender activos de la Sareb.

Aparentemente Feinberg conoce a Trump a través de su hijo, Donald Trump Jr, con quien comparte su afición por la caza. También es amigo de Steve Bannon, el consejero estratégico del presidente, y Jared Kushner, el yernísimo.

El multimillonario empezó apoyando a Jeb Bush en las primarias republicanas pero fue uno de los primeros en Wall Street en cambiar de bando y respaldar al ahora presidente. Según Reuters, él y su mujer, han donado 2,2 millones de dólares a diversos grupos proTrump. Feinberg también asesoró al candidato durante su campaña electoral.

Cerberus emplea a algunos antiguos responsables de la Administración estadounidense: Leon Panetta, exdirector de la CIA y exsecretario de Defensa durante la presidencia de Obama; Dan Quayle (¿alguien se acuerda de Dan Quayle?) el vicepresidente de George Bush padre; o John Snow, antiguo secretario del Tesoro de Bush hijo. El general John Kelly, actual secretario de Seguridad Nacional, trabajó durante un año como asesor de DynCorp.

A Feinberg le gusta mantener un perfil bajo, lejos de los focos y de la prensa. Lo decía en 2008 a The New York Times, en una de las pocas entrevistas que ha dado. “No me gusta la publicidad, no creo que me lo merezca”.

La discreción es algo que también exige de sus empleados. “Si alguien de Cerberus sale en un periódico (…), haremos algo más que echarle” dijo Feinberg a sus inversores en 2007, según la revista Rolling Stone, “le mataremos. La pena de cárcel habrá valido la pena”.

 

Los documentos publicados recientemente por la agencia de inteligencia revelan la preocupación de los norteamericanos por la sucesión de Franco, entre otros.

 

La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU (CIA, por sus siglas en inglés) ha publicado recientemente en su página web más de doce millones de páginas de documentos desclasificados. Aunque la mayoría de estos archivos dejaron de ser secretos a partir del año 2000, hasta ahora solo podían consultarse desde los ordenadores de los Archivos Nacionales en College Park, Maryland, con autorización previa.
Este ejercicio de transparencia por parte de la CIA confirma, sin embargo, hasta qué punto los servicios de inteligencia estadounidense han monitorizado e intervenido en la historia reciente del mundo. En este reportaje analizamos el caso de España, un país a priori poco interesante para los norteamericanos que años después pasó a ser objetivo primordial de garantía del orden mundial establecido.

La posición geoestratégica de España

En un informe desclasificado que data de 1948, la CIA resume claramente cuál es su visión del país. En el plano económico les resulta poco atractivo y políticamente, aunque califican la dictadura de totalitaria y antidemocrática, los norteamericanos se declaran contrarios a intervenir. Es más, a la agencia le preocupa la escasa aceptación de la dictadura franquista por parte de las democracias europeas. Así, el objetivo de la CIA es claro, necesitan un régimen aliado para lo realmente interesante: la posición geoestratégica de España.
"Está en un punto de entrada donde está por un lado África, el Mediterráneo, Oriente Medio y Europa. España admite que haya dos bases que tengan una importancia especial para Estados Unidos. Por un lado, la base de Morón y, por otro, la base aérea de Rota", explica Alfredo Rodríguez, director de máster en políticas públicas, seguridad y defensa.
Según revelan los papeles desclasificados, el escaso seguimiento de la CIA respecto a España da un giro radical en los años 70, cuando el país comienza a aparecer en los planes de contingencia mundiales. Así, el problema que ve la agencia es la sucesión de Franco, un tema que ocupa gran parte de las casi 12.500 entradas en las que figura España. Por ello, por encima del dictador, se cita otra figura clave en la transición española: el rey Juan Carlos I.

El interés por la sucesión de Franco

La agencia norteamericana siguió tan estrechamente su evolución que pasaron de verle incapaz de liderar el cambio a impresionar al secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, durante su visita a España, en 1973. Hay documentos que, aunque todavía guardan secretos bajo tachones, revelan contactos para propiciar la dimisión del dictador antes de su muerte.
Para José María Marín Arce, profesor de historia contemporánea en la UNED, el momento clave se produce en 1976, cuando Juan Carlos I es invitado a EE.UU. y participa en una conferencia. Es aquí cuando las autoridades norteamericanas se dan cuenta de que pude ser un elemento fundamental para la democratización del país: "En el sentido de evitar lo más posible una ruptura política con el régimen de Franco y caminar hacia un proceso revolucionario, lo mismo que había sido en Portugal. Entonces ellos piensan que Juan Carlos puede ser un freno a ese tipo de política rupturista y puede hacer una transición mucho más suave, manteniendo elementos importantes del régimen franquista", explica Marín.
No en vano, un documento de 1975 de la CIA desgrana qué miembros de la oposición en España van a evitar desafiar directamente a los sucesores de Franco, al menos en un inicio. Entre los nombres que cita el documento destacan dos: Felipe González, que siete años más tarde se convertiría en presidente del Gobierno, y Santiago Carrillo, que regresaría a España tras la muerte del dictador para liderar el Partido Comunista.
"La CIA interviene en todos los acontecimientos que se producen aquí durante la Transición, tutela la transición. Ellos acapararon el servicio de contrainteligencia español, y el alquiler lo pagaba la CIA y a los agentes les daban un sobresueldo. Como decía (el humorista) Gila: por la mañana trabajo para la patria y por la tarde para los Estados Unidos que pagan mejor", explica Alfredo Grimaldos, escritor y periodista de investigación, experto en la CIA.

El papel del rey y la CIA en la Marcha Verde

Otro de los asuntos en los que la inteligencia norteamericana interviene es en la Marcha Verde, la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental, en ese momento colonia española, que se produjo en 1975. Según los documentos, el rey emérito pactó en secreto los términos del abandono.
Pepe Taboada era militar en la zona en esos momentos y describe lo que él lleva 40 años calificando de traición. "Nosotros estuvimos en la frontera del Sáhara con Marruecos poniendo minas, yo estuve poniendo minas para impedir la entrada de la Marcha Verde. Nosotros creíamos que el Ejército estaba preparado para hacer frente al Ejército marroquí e impedir la invasión de la ocupación. Y de la noche a la mañana tuvimos las órdenes de Madrid que evacuáramos el territorio en el plazo de dos meses. Luego hemos confirmado que había un acuerdo secreto. Se firmaron los acuerdos de Madrid el 14 de noviembre y Franco murió el 20 de noviembre. Estaba a espaldas del Ejército, a espaldas de los saharauis, pactando con (el rey marroquí) Hassan II, con la intermediación de Estados Unidos, la entrega del territorio".
Ya en los 80, con la democracia consolidada, el gran hermano norteamericano decae pero se siguen analizando a los políticos del momento. Especial énfasis ponen en Felipe González, del que piensan que su improvisación puede ser su talón de Aquiles. También, cómo no, les preocupa el referéndum de permanencia de España en la OTAN. De hecho, en uno de los documentos la CIA acusa a la URSS de filtrar una carta falsa entre Reagan y Juan Carlos I para poner a la opinión pública en contra de la Alianza Atlántica. Propaganda, desinformación y posverdad en el año 1983.